|
 A pesar de que ayer proliferaron
las manifestaciones adversas al último aumento de tarifas de transporte,
el Gobierno no sólo no prevé revisarlo sino que se esmera
en justificarlo. “Es el camino más razonable, aunque doloroso”,
admitió José Luis Machinea, para quien los 10 centavos de
incremento en los boletos de colectivos, trenes y subtes son la única
alternativa para mejorar o apenas sostener (en el caso del autotransporte)
las actuales prestaciones. Los argumentos del ministro de Economía
están en sintonía con los que un día antes expuso
ante Página/12 Jorge Kogan, el secretario de Transporte, quien
opinó que el ajuste no impacta sobre los más pobres, porque
éstos ni siquiera tienen la posibilidad de viajar. Sin embargo,
piensa que es mejor no explicitarla de la manera en que lo hizo: “Fue
una mala respuesta”, juzgó ayer su jefe.
“La única alternativa que yo he escuchado es que el Estado
ponga la plata, pero esta vía no es válida”, aseguró
Machinea. El criterio oficial fue autorizar un aumento de tarifas para
financiar planes de inversiones futuras, en el caso de trenes y subtes,
y para evitar el presunto colapso y consiguiente reducción de servicios,
en el caso del autotransporte. Para la operación de los trenes
urbanos de pasajeros, se trata de reemplazar los subsidios que comprometió
el Estado en el momento de la licitación por una suba de los boletos
que sirva para cubrir el plan de inversiones original y, al mismo tiempo,
otras nuevas.
En realidad, el gobierno de la Alianza sólo intentó pulir
el esquema ideado por el gobierno anterior, que había renegociado
las privatizaciones ferroviarias sobre la base de prorrogar las concesiones
y autorizar importantes ajustes en el precio del boleto para cubrir obras
no pautadas inicialmente. Pero mientras la administración de Fernando
de la Rúa rediscutió con las empresas otra versión
contractual, las estrecheces fiscales no le permitieron ni cumplir con
la obligación de pagar la subvención prevista en los contratos
originales.
Así, el Tesoro acumuló una obligación superior a
los 200 millones de dólares que cancelará parte con bonos,
parte con el reciente aumento tarifario: un centavo de los 10 que se encareció
el pasaje de tren es para honrar ese compromiso. “El aumento es improcedente
y absurdo”, cuestionó ayer Carlos Menem. Las objeciones que
realizó ayer el ex presidente son, al menos, llamativas. No sólo
porque durante su administración el colectivo aumentó muy
por encima de la inflación, sino porque fue su gobierno quien habilitó
las renegociaciones ferroviarias sobre las bases que ahora cuestiona.
El aliancista trabajó inspirado en la misma filosofía: son
los usuarios de trenes y subtes quienes deben pagar con el boleto cualquier
inversión que las famélicas arcas públicas no están
en condiciones de afrontar vía subsidio.
Apenas asumió el gobierno de la Alianza acordó con los empresarios
suspender la aplicación de los contratos redactados por el menemismo
y que tras una complicada batalla judicial quedaron en firmes. Machinea
ayer se empeñó en subrayar que la re-renegociación
con TBA y Ferrovías y que se apresta a cerrar con los otros grupos
concesionarios, introduce considerables mejoras. “Tras duras negociaciones
acortamos las concesiones (de 30 años a 24), reduciendo sustancialmente
las tarifas (de 78 promedio en cinco años a 58 por ciento promedio
en seis años) y se mantiene el costo para los recorridos de más
larga distancia”, explicó ayer Machinea.
Las resoluciones oficiales que autorizan las subas también abundan
en argumentos defensivos. La que autoriza el incremento en el boleto de
colectivo alude al encarecimiento del gasoil, a un aporte adicional en
las remuneraciones del personal y a la caída de la demanda. La
que habilita el aumento en trenes invoca, básicamente, la crítica
situación fiscal y el condicionamiento de los acuerdos celebrados
con el gobierno anterior.
|
Alemania hace otra
cosa
En sentido contrario de las argumentaciones dadas en Argentina
para justificar el aumento de tarifas del transporte público,
entre ellas el aumento del precio del combustible, el gobierno alemán
decidió absorber los mayores costos derivados del aumento
de los carburantes. Luego de un acuerdo entre los dos partidos que
conforman la coalición gobernante –socialdemócratas
y verdes–, se decidió dar el mismo trato a los automovilistas
y a los usuarios de transportes colectivos. Según el acuerdo,
todo aquel que realice a diario un largo trayecto hasta su trabajo
recibirá una compensación de 0,8 marcos (0,35 dólares)
por kilómetro recorrido. Aún resta definir la distancia
a partir de la cual se reconocerá este aporte; el debate
es si serán más de 10 o de 15 kilómetros.
|
PROHIBEN
LA “CARPA DE LA BRONCA”
Prefieren sombrillas
A pesar de que
el Frepaso, la fuerza a la que pertenece el jefe comunal Aníbal
Ibarra, participó activamente de las demandas de la recordada Carpa
docente, el Gobierno de la Ciudad impidió ayer la instalación
de la “Carpa de la bronca” frente al Congreso Nacional. En ella,
las entidades de defensa de los consumidores y usuarios pretendían
instalar su centro de operaciones para la recolección de un millón
de firmas contra el generalizado aumento de tarifas del transporte público.
De acuerdo con fuentes de estas organizaciones, el ministro del Interior,
Federico Storani, habría sido gráfico: “No queremos
tolderías”, expresó.
Si de tolderías se trata, difícil será evitarlas.
El escozor que en su momento provocó en las autoridades y en algunos
sectores sociales la presencia de la carpa docente sirvió de ejemplo
para que los mas variados demandantes emulen el método. La pretensión
de las entidades de defensa de los usuarios, previo permiso gubernamental,
era módica: instalar por tres días una carpa de modestas
dimensiones. La ordenada protesta desató un sainete entre funcionarios
municipales que primero aceptaron el pedido y luego, al final de la jornada,
lo denegaron mediante la formal prohibición de levantar “construcciones,
carpas y o cualquier otra estructura en la Plaza de los Dos Congresos”.
En contrapartida, el gobierno puso a disposición de los organizadores
de la protesta, “toda la infraestructura para la recolección
de firmas y la presencia de auxiliares comunales para que puedan cumplir
con el derecho constitucional de peticionar”.
A media tarde de ayer, se había instalado una hilera de mesas con
sombrillas para la recolección de las firmas. La presencia de los
medios de comunicación era casi tan nutrida como la de los voluntarios
que animaban a los transeúntes a estampar su firma. Bajo la atenta
mirada policial –destacada en el lugar para evitar, antes que desmanes,
la instalación furtiva de instalaciones que puedan tornarse permanentes–
miles de personas se acercaron a cumplir con la simbólica protesta.
Al final de la jornada las firmas habían superado las 10 mil.
“La expresión de que no quieren tolderías pone en claro
cuál es la mirada que los funcionarios tienen sobre el reclamo
popular”, dijo a Página/12, Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores
Argentinos. La dirigente sostuvo que “con carpa o sin carpa seguiremos
recolectando firmas. Mañana (por hoy) pondremos puestos en distintos
puntos de la ciudad, entre ellos, en Retiro, Constitución y Once”.
En tanto, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
presentó ayer un recurso de amparo contra el aumento en los colectivos
y una acción ordinaria, para la iniciación de un juicio,
para discutir la renegociación de los contratos de las concesiones
ferroviarias y no sólo el aumento del boleto.
|
