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 El viernes, el “Garzón
chileno” Juan Guzmán Tapia continuó el camino de su
colega español al dictar el procesamiento y la detención
de Augusto Pinochet por los crímenes de la Caravana de la Muerte,
que le valieron su desafuero parlamentario a mediados de año. Pero
la Corte de Apelaciones de Santiago dejó ayer en suspenso esa orden
al aceptar en forma unánime el pedido de “no innovar”
elevado por la defensa legal del ex dictador y paralizar la notificación
de arresto al achacoso Tata en su residencia de Los Boldos, en Bucalemu.
La suspensión del arresto de Pinochet se mantendrá mientras
la misma Corte de Apelaciones decida entre hoy y mañana sobre un
recurso de amparo (hábeas corpus) presentado por el equipo legal
pinochetista para anular definitivamente el procesamiento de su anciano
cliente. Pero las maniobras judiciales del equipo no terminan ahí:
el juez Guzmán podría quedar fuera de la causa del millón,
acusado de haber cometido “irregularidades procesales”.
La notificación a Pinochet sobre su arresto era inminente y, según
fuentes judiciales, debía incluir un “fichaje del reo”.
Pero la decisión de los tres jueces de la Quinta Sala de la Corte
de Apelaciones de Santiago le dio tiempo para seguir tranquilo en su casa
de Bucalemu por al menos unos días más, mientras su futuro
inmediato sigue batallándose en los tribunales. “En cualquier
causa de la importancia de ésta no se puede seguir con los trámites
del arresto y del procesamiento mientras no se falle sobre el recurso
de amparo”, explicó José María Eyzaguirre, uno
de los defensores. Ahora, la Corte deberá tomar una decisión
sobre ese recurso presentado el sábado en base a lo que los abogados
de Pinochet consideran un fallo de detención “arbitrario e
ilegal”. La defensa justifica que la orden del juez fue emitida antes
de que el ex dictador fuese interrogado y sometido a pruebas mentales
que verifiquen si se encuentra en condiciones de ser enjuiciado, como
establece la ley chilena para cualquier inculpado mayor de 70 años.
La decisión de la Corte de Apelaciones sobre el recurso de amparo
determinará en primera instancia si el trámite de notificación
de la detención sigue o no su curso y si Pinochet será sometido
finalmente a arresto domiciliario por tiempo indefinido, según
lo dispuesto el viernes por Guzmán. De cualquier modo, tanto los
abogados del ex dictador como la parte querellante ya anunciaron que apelarán
el fallo ante la Corte Suprema de Chile. La Corte de Apelaciones tendrá
que evaluar además al mismo juez Guzmán, a quien el equipo
legal del Tata quiere recusar por los “errores” que habría
cometido en su exitosa cruzada anti-pinochetista.
Paralelamente, hoy vence el plazo para que el magistrado explique a la
Corte Suprema los términos de una “carta de apoyo” que
envió, a título personal, a Clara Szczaranski, presidenta
del Consejo de Defensa del Estado, que a mediados de año se sumó
a las querellas contra Pinochet. La misiva, de puño y letra, expresa
su “solidaridad” con Szczaranski ante los ataques en su contra
por supuesto “tráfico de influencias” en el ejercicio
de su cargo. Sin embargo, la defensa de Pinochet considera que es un gesto
en favor de una de las partes y, por lo tanto, como un signo de parcialidad.
La carta podría derivar no sólo en una sanción a
Guzmán sino también en su alejamiento obligatorio de la
causa, que es precisamente el objetivo de los abogados pinochetistas.
Entretanto, la otra meta del entorno pinochetista es correr la decisión
sobre el futuro de su Tata de los tribunales hacia el ámbito político.
Las últimas presiones en ese sentido corrieron por cuenta de los
altos mandos militares, que quieren convocar al Consejo de Seguridad Nacional
(Cosena), herencia de la Constitución pinochetista de 1980 para
situaciones en que el país vea afectada su “estabilidad interna”.
Aunque el Consejo puede ser convocado por dos de los máximos jefes
militares, las presiones apuntan a que sea el presidente Ricardo Lagos
quien lo haga. Después de anunciar su negativa a hacerlo, ayer
Lagos se reunió con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas y el jefe de Carabineros. “Si eso pasa por acuerdopolítico,
en buena hora”, ya había aclarado antes el jefe de la Armada,
almirante Jorge Arancibia.
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Claves
 La Corte de Apelaciones
de Santiago suspendió ayer la orden de arresto y procesamiento
(dictada el viernes por el juez Juan Guzmán) contra Augusto
Pinochet en base a una presentación de sus abogados.
El tribunal deberá
decidir ahora si da lugar a un recurso de amparo para sepultar definitivamente
esa orden. Además debe considerar un pedido de recusación
contra el juez Guzmán por “irregularidades procesales”
que podrían dejarlo fuera de la causa.
La cúpula militar
se reunió ayer con el presidente Ricardo Lagos en su mayor
gesto de presión por convocar al Consejo de Seguridad Nacional
y lograr una resolución política sobre el futuro del
ex dictador.
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FOX
Y LA DISTENSION DE CHIAPAS
La ley de los indígenas
El proyecto de
ley que contiene los derechos originarios de 10 millones de indígenas
mexicanos, el 10 por ciento de la población total, fue enviado
ayer al Congreso por el presidente, Vicente Fox, en cumplimiento de su
primera promesa de gobierno. La discusión del proyecto, resumen
de los incumplidos Acuerdos de San Andrés, firmados en 1966 por
el gobierno de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), llevará varios meses, y son previsibles desacuerdos
de fondo entre las partes.
La iniciativa, cuya eventual aprobación por las cámaras
obligaría a enmiendas constitucionales, fue redactada hace cuatro
años por la Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa), integrada por representantes de las principales fuerzas parlamentarias.
El EZLN, sublevado el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas,
interrumpió hace cuatro años el diálogo con el gobierno
saliente exigiendo el cumplimiento de aquellos acuerdos y del proyecto
de ley que los sintetiza. Zedillo lo objetó entendiendo que no
traduce fielmente los Acuerdos de San Andrés y que su incorporación
en la Carta Magna, tal como fueron redactados, podría conducir
a reclamaciones independentistas y a choques civiles por la propiedad
de tierras.
Fox ha sido pródigo en iniciativas para distender Chiapas: los
53 retenes militares instalados en las áreas de influencia zapatista
fueron retirados y probablemente se aprobará una retirada castrense
más amplia. También es previsible la excarcelación
de más de 100 activistas del EZLN presos.
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