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Por C.C.
 El juez federal en lo contencioso
administrativo Martín Silva Garretón ordenó ayer
al Gobierno suspender la resolución que habilitó desde el
domingo un aumento de 10 centavos en el precio del colectivo. De ese modo,
el magistrado hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por el defensor
del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien objetó la
validez de ese ajuste porque la suba se dispuso sin la participación
de los usuarios. El Ministerio de Economía apelará hoy la
medida, intentando preservar la vigencia de las nuevas tarifas, fijadas
en 80 centavos para el boleto mínimo del autotransporte. No está
dicha la última palabra, pero a pesar de los antecedentes en contrario,
esta vez los usuarios pueden albergar esperanzas de que la tarifa retroceda
al valor del sábado.
Ayer no fue un buen día para el secretario de Transporte, quien
se enteró del dictamen de Garretón, paradójicamente,
en la oficina de Mondino, promotor del no innovar. La reunión fue
propiciada por José Luis Machinea con el fin de que Jorge Kogan
convenciera a Mondino de que las razones del aumento están debidamente
fundadas. El defensor y anfitrión del encuentro recibió
la noticia poco antes de las 11 de la mañana, cuando tenía
sentado frente a frente al funcionario. Mondino no tuvo otro remedio que
informarle de inmediato el éxito de la presentación judicial
que había realizado el día anterior.
En la Justicia, el ex diputado justicialista Mondino acusó al Gobierno
de no cumplir con los derechos de publicidad previa que hubiera requerido
el aumento en los boletos. Pero además, fundó el pedido
de una cautelar en la necesidad de evitar un daño irreparable en
la economía de los usuarios: a diferencia de los servicios eléctrico
o telefónico, en este caso es muy difícil restituir un importe
mal cobrado.
Rápidamente Silva hizo lugar al no innovar, entendiendo que “a
prima facie” la resolución vulnera las disposiciones legales,
ya que no se convocó a una audiencia pública para discutir
la suba. Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (acerca de
la validez o no del aumento), Economía debería ordenar a
los colectiveros que retrotraigan la tarifa al precio del sábado
pasado. Pero en lugar de ello, los técnicos en asuntos legales
de Machinea ayer se disponían a presentar una apelación
“con efectos suspensivos”, es decir, que deje en pie la norma
cuestionada, para que no haya que corregir el precio del boleto hasta
que la Justicia se pronuncie definitivamente.
La batalla legal promete ser intrincada. Si Economía consigue que
hagan lugar a su apelación, Mondino hará una presentación
adicional exigiendo que mientras la Justicia analiza sobre la sustancia
del ajuste, los boletos vuelvan a costar lo que el viernes. Aun sin este
recurso es posible que Silva conceda a Machinea la posibilidad de apelar,
aunque con carácter “devolutivo”.
Los empresarios de colectivos, por su parte, planean su propia apelación,
argumentando que el aumento debería haber sido de 20 centavos (el
doble), para paliar la crítica situación del sector.
Pero no es aquélla la única iniciativa que promovió
la Defensoría ni el único recurso para bloquear el incremento
de 10 centavos que también alcanzó a las tarifas de los
trenes urbanos y los subtes. En el juzgado contencioso administrativo
de Osvaldo Guglielmino también recayó otro recurso promovido
por Mondino contra esos ajustes, objetando supuestas imprecisiones en
la medida oficial. “No se sabe si el aumento es a cuenta de una futura
renegociación o de un contrato vigente, ni quién administrará
el fondo fiduciario para obras públicas”, argumenta su titular.
Guglielmino analiza desde ayer este flamante recurso, en tanto que su
colega, la jueza María José Sarmiento ya se expidió
el 30 de noviembre –cuarenta y ocho horas antes del anuncio oficial
de los aumentos– contra la renegociación del contrato de Ferrovías.
Sin embargo, hasta ayer tanto Economía como la propia empresa aseguraban
que no habían sido notificados y que, por lo tanto, nada obliga
a corregir el valor de los pasajes. El dato fue tomado como una afrenta
por el ex ombudsman Antonio Cartañá y el diputado Polino,
promotores de la causa en manos de Sarmiento. Ayer, advirtieron que si
el Gobierno no ordena suspender el aumento tarifario de Ferrovías,
acusarán a los funcionarios responsables por “desobediencia”.
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