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Por David Cufré
 El Senado aprobó ayer
en general y hoy lo hará en particular el proyecto de Presupuesto
2001. La sanción en tiempo record le permite al Gobierno sortear
el último obstáculo para acceder al crédito de blindaje
del FMI. Fernando de la Rúa agradeció ayer a los senadores
justicialistas, con quienes se reunió en Olivos (ver aparte), su
colaboración para sacar la ley con premura. “El fracaso de
la política económica puso al país en riesgo de cesación
de pagos. Para evitar una crisis mayor decidimos una aprobación
rápida”, dijo ayer el senador justicialista Carlos Verna,
con intención de que quedara claro el gesto de la bancada opositora
y para pasarle la factura al Gobierno por su “desatinada” gestión
económica. Fue el único rasgo opositor de una jornada que
le permitió al Gobierno lanzar un suspiro de alivio.
Los senadores justicialistas terminaron por aceptar los “ruegos”
del Ejecutivo para que aprobaran el Presupuesto esta semana. El argumento
del oficialismo fue que sin ese trámite concluido se demoraría
hasta enero la confirmación del FMI del préstamo rescate.
Pero Verna se permitió lanzar algunos dardos durante su intervención
en el recinto, como cuando cuestionó a Raúl Alfonsín
por haber dicho “qué lindo sería no pagar la deuda
externa por dos años”, y a Carlos Alvarez, “que desde
el bar VarelaVarelita estudia planes alternativos, mientras nosotros,
los justicialistas, estamos en el Congreso apoyando el Presupuesto que
nos pidió el Presidente de la Nación”.
Al Gobierno poco le importan esas chicanas, sino que celebra haber terminado
con éxito su gestión para lograr la sanción del Presupuesto.
En la reunión por la mañana en Olivos, De la Rúa
les reiteró a los legisladores justicialistas su pedido de apoyo.
José Luis Machinea, por su parte, se dedicó a discutir en
profundidad los cambios que los senadores pretenden introducirle al proyecto.
Eso ocurrirá hoy, cuando se vote la iniciativa en particular. Pero
las modificaciones no alteran la sustancia del proyecto, a pesar de lo
cual la Alianza intentará rechazarlas cuando el Presupuesto retorne
a Diputados para su aprobación. Los cambios propuestos por los
senadores del PJ son:
 Los gobernadores de las provincias
patagónicas determinarán qué zonas y con qué
tarifas se beneficiarán del subsidio al gas. El proyecto, tal como
salió de Diputados, establece que esa responsabilidad será
compartida entre la Nación y las provincias.
Se fija una nueva distribución
del cobro de diferimientos impositivos. A partir de 2001, las empresas
beneficiadas por la promoción regional tienen la opción
de hacer pagos anticipados de los impuestos diferidos, con una quita del
3,5 por ciento. El proyecto del Ejecutivo determina que hasta 350 millones
de pesos de recaudación, los fondos irán a la Nación,
mientras que lo que supere ese monto, hasta 500 millones, se repartirá
en un 60 por ciento para la Nación y 40 por ciento para las provincias.
Los senadores quieren que entre los 350 y los 500 millones de ingresos,
los recursos vayan exclusivamente a los distritos del interior.
Eliminación a los cupos
de venta de combustible subsidiado en la Patagonia.
La conducción del bloque
justicialista no quiere suprimir el descuento de 12 por ciento a los empleados
públicos, mientras que otros senadores pretenden lo contrario.
Tampoco hay acuerdo sobre qué actitud tomar respecto del financiamiento
a los partidos políticos. Podría alcanzarse un acuerdo con
la Alianza para fijar una asignación de dos pesos por voto. Estas
cuestiones se definirán hoy en el recinto.
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Diputados
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió
ayer dictamen favorable al pacto fiscal entre la Nación y
las provincias, que ya cuenta con media sanción del Senado,
e hizo lo propio con la rebaja del impuesto a los intereses impulsada
por el Ejecutivo, incluida en el Presupuesto 2001. En la sesión
de hoy, la Alianza buscará dar sanción definitiva
al Presupuesto, en caso de que los senadores concluyan a tiempo
con su votación en particular. El justicialismo dará
quórum para aprobar el Presupuesto, pero existen algunas
dudas con respecto al pacto fiscal. En la reunión de ayer
de la Comisión de Diputados, los justicialistas se quejaron
por unas declaraciones atribuidas al secretario de Empleo, Horacio
Viqueira, quien habría puesto en duda el monto de los planes
Trabajar para 2001. La partida para ese programa fue una de las
condiciones que impusieron los gobernadores justicialistas para
firmar el pacto fiscal. De todos modos, en la Alianza confían
en que esa discusión será saldada rápidamente,
y el pacto podrá convertirse en ley. Esta es una de las exigencias
del FMI para conceder el salvataje financiero.
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