|
 El plan que estudia el Frepaso
para limpiar la Justicia, revelado ayer en exclusiva por Página/12,
cayó como una bomba en los principales despachos del edificio de
Comodoro Py, ocupados justamente por los principales destinatarios de
la iniciativa: los jueces federales que supieron engalanar la servilleta
de Carlos Corach. Uno por uno, con expreso pedido de mantener en secreto
su identidad, desplegaron toda gama de argumentos –“es una payasada”,
“poco serio”, “inconstitucional”– para oponerse
a la posibilidad de tener que abandonar sus oficinas, aun antes de que
el propio Chacho Alvarez tome la decisión de presentarle el proyecto
al presidente Fernando De la Rúa.
Este diario reveló que los equipos del Frepaso estudian un mecanismo
que permita modificar la sede de los jueces. Por ejemplo, un magistrado
designado para la jurisdicción porteña podría ser
trasladado a la provincia de Buenos Aires o a Comodoro Rivadavia. Según
sus mentores, el proyecto de ley permitiría modernizar la Justicia
y a corto plazo serviría para renovar el staff de jueces federales
de la Capital, que llevan el estigma de haber sido dóciles a los
deseos del menemismo. Si el Parlamento lo aprobara y el Consejo de la
Magistratura le diera forma a través de una reglamentación,
el chachismo imagina que podría disponer el traslado de juzgados
de igual jerarquía en cualquier lugar del país.
Uno de los jueces cuyo despacho está en el tercer piso de Comodoro
Py anticipó a Página/12 que le enviará a Alvarez
un libro publicado por el ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, dedicado
a la inamovilidad de los jueces. “Y se lo voy a mandar con una tarjeta
mía”, agregó desafiante, aunque por ahora prefirió
mantener sus opiniones en el anonimato. El magistrado opinó que
la iniciativa del ex vicepresidente “sería caricaturesca si
no fuera grave”. Este diario quiso saber en qué radica la
gravedad. “No se pueden cambiar las reglas de juego que tienen un
sentido de protección de garantías, en todo caso a los jueces
hay que moverlos si hacen las cosas mal y no porque no le gusten a Alvarez.
Recuerdo la frase final de un artículo de Raúl Zaffaroni
que decía que ‘mi lapicera no es mejor que la de Corach’,
así que creo que es Zaffaroni quien mejor le contesta a Alvarez”,
respondió el juez, siempre bajo reserva de identidad.
El titular de otro juzgado, ubicado en el piso cuarto, entendió
que “a priori este proyecto viola el principio del juez natural,
que no está pensado para beneficiar al juez sino al imputado que
desde el principio de un proceso tiene la garantía de que será
una misma persona la que lo juzgue hasta el final del caso”. Este
magistrado consideró que las ideas que se barajan “parecen
enlazadas a las comisiones especiales que están prohibidas por
la Constitución”. Cuando Página/12 refirió que
en Italia hay un tope de cinco años para que un magistrado permanezca
en el puesto, este juez exclamó: “Me parece perfecto porque
es bueno que haya un mandato en un lugar ya fijado por la ley y luego
un traslado, pero de ese modo estaría garantizado el juez natural
por cinco años y no quedaría librado a una decisión
discrecional del poder político”.
En otro sector del mismo piso, un juez opinó –mientras golpeaba
su escritorio– que “esto es una contraofensiva disfrazada de
mamarracho legal porque las designaciones con acuerdo del Senado tienen
un destino específico”. Y agregó que “la intención
de esto es digitar el poder de los jueces federales y es peligroso porque
es un subterfugio que podría utilizar cada gobierno según
su conveniencia”.
“Si nos van a tener gitaneando por todo el país me parece
mal”, respondió en la oficina de enfrente un juez que, aunque
se excusó de opinar en profundidad por no haber leído el
proyecto, parecía más que preocupado por la posibilidad
de verse obligado a hacer las valijas y dejar sin ocupante permanente
a su flamante domicilio.
ALDO
SAN PEDRO PRESIDE LA CAMARA BAJA BONAERENSE
Promesas de transparencia
Por Laura Vales
Aldo San Pedro hace tantos
gestos para hablar que hay quienes juran que por teléfono es difícil
entenderlo. Desde ayer, este hombre de Bragado al que todos llaman “El
Gaucho” es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
San Pedro es frepasista y asumió en reemplazo del radical Francisco
Ferro. A diferencia de su antecesor, le toca hacerse cargo de una Cámara
hundida en el desprestigio. Por eso anoche, durante su asunción,
el nuevo presidente no ahorró promesas de austeridad y transparencia.
Entre otras cosas, anunció que mandará a remate todos los
automóviles de la Cámara, que no habrá más
celulares pagos, que hará desaparecer el rubro “pasajes y
viáticos” y que publicará todas las compras en Internet.
Ferro y el peronista Osvaldo Mércuri, electos vicepresidentes de
la Cámara, escucharon en silencio las promesas del frepasista.
–¿Austeridad quiere decir que habrá despidos?
–El año que viene vamos a tener un Presupuesto reducido, de
98 millones de pesos y para que ese dinero alcance hay que usarlo con
mucho cuidado. Esto quiere decir que no vamos a despedir a nadie de la
planta permanente, ni vamos a tocar al personal obrero. Pero todos los
diputados van a tener que achicar su gasto en personal político,
nombrando a menos gente o dándoles categorías más
bajas.
–Hoy anunció un paquete de medidas por la transparencia. ¿Qué
otros puntos incluye?
–La decisión es vender la residencia que hasta ahora usaban
los presidentes de la Cámara y reducir los gastos de publicidad
a lo estrictamente necesario. La idea también es construir un edificio
anexo para en el futuro no tener que pagar más en alquileres.
–¿La transparencia es sólo a futuro o van a levantar
el secreto sobre el destino de los fondos especiales que tuvieron hasta
hace tres meses?
–No tengo atribuciones para hacer eso. Ninguno de nosotros ignora
que la Cámara se desprestigió por el manejo de estos fondos.
Pero a la vez ninguno de nosotros cree que haya habido manejos espurios.
Esa plata no se robó, sino que se gastó.
–¿Por qué entonces no quieren mostrar en qué?
–Lo que puedo decir es que el Frepaso está preparando una
rendición de sus gastos. La idea es ponerlo en Internet.
–¿Qué logro le gustaría mostrar cuando termine
su gestión?
–Creo que es el momento justo para discutir cómo se financian
los partidos políticos. Yo entiendo que los partidos deben existir
y que deben ser financiados por el Estado, porque si dejamos el tema en
manos de las empresas la política termina privatizándose.
Y para hacer campaña se necesita dinero. Tiene que existir una
ley para transparentar esta situación.
–Su antecesor, Francisco Ferro, autorizó a los diputados a
gastar 40 mil pesos extra en subsidios. ¿Va a mantenerlo?
–No. Esa es una medida que rige sólo para este año.
–¿Qué va a hacer con los 40 mil pesos que le tocan?
–Lo que decida todo el Frepaso. En lo personal, yo reivindico que
los legisladores podamos entregar subsidios. Si alguien los entrega de
manera irregular será denunciado e investigado.
–La entrega de subsidios en la Legislatura está sospechada
de ser una caja de financiamiento ilegal. Nadie sabe quién los
recibe.
–Yo voy a publicar en Internet todas las compras de la Cámara,
que es lo que puedo hacer. Pero la entrega de subsidios es responsabilidad
personal de cada diputado. Y su difusión es algo que no les puedo
imponer a los demás.
|
