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Por Laura Termine
Desde Roma
 Los ex generales Carlos Guillermo
Suárez Mason y Santiago Omar Riveros fueron condenados ayer a cadena
perpetua por un tribunal italiano, que los encontró culpables del
asesinato de siete ciudadanos italo-argentinos y la desaparición
de un bebé durante los años de la última dictadura
militar. Para el ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Gerardi y cuatro
de sus oficiales subordinados, Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Roberto
Rossin y Héctor Maldonado, el Segundo Tribunal Criminal de Roma
pidió una pena de 24 años de prisión por su participación
en el homicidio del sindicalista Martino Mastinu y solicitó la
absolución de los cinco militares por el asesinato de Mario Marras
aduciendo falta de pruebas. Todos, fueron condenados en ausencia y los
defensores de oficio de los militares anunciaron inmediatamente que apelarán
la sentencia después de escuchar los argumentos del Tribunal, que
se darán a conocer en un máximo de noventa días.
Luego de casi tres horas de expectativa, la lectura de la sentencia por
parte del presidente de la Corte de Assise Mario D’Andria, fue saludada
con aplausos en el aula bunker de Rebibbia, conocido escenario de los
juicios contra jefes mafiosos y ex miembros de las Brigadas Rojas. “Esta
condena que es para pocos militares es para todos los genocidas, y esta
justicia que es para pocos familiares es para los 30.000 desaparecidos”,
decía exultante Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, recordando
que faltaban pocas horas para el inicio de la Marcha de la Resistencia
a miles de kilómetros, en la Plaza de Mayo. “Es una victoria,
no nos han vencido, no perdimos la lucha por nuestros hijos”, se
emocionaba Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, pionera en la
búsqueda de justicia en Italia iniciada veinte años atrás.
La tensión había pasado y los familiares de las ocho víctimas
presentes en el aula dejaban andar sus emociones. Se abrazaban, lloraban,
felicitaban al fiscal Francesco Caporale y a sus abogados, Marcello Gentili
y Giancarlo Manica. Pedían fotocopias de la sentencia a la secretaria
del Tribunal para guardar como recuerdo de un día histórico.
El fiscal Francesco Caporale se sentía satisfecho. La resolución
de la Corte era casi una copia de lo que había solicitado en su
alegato.
El Tribunal italiano actuó sin tomar en cuenta la ausencia de los
imputados y haciendo caso omiso a la dificilísima posibilidad de
que se cumplan las penas. En la sentencia de tres páginas, escritas
a mano, los once miembros del tribunal condenaron a Suárez Mason
a pasar los primeros tres años de su cadena perpetua en un régimen
de aislamiento diurno, condición que en el caso de Riveros redujeron
a un año y medio. El presidente de la Corte, el juez ayudante y
los nueve jurados populares reconocieron además el deber de los
condenados de pagar un resarcimiento moral a los familiares, lo fijaron
en un monto mínimo de 200 millones de liras (alrededor de 100 mil
dólares) para cada uno de los ex generales y ordenaron que la suma
se defina en una corte civil. También condenaron a los siete imputados
a pagar las costas del juicio y los honorarios de los abogados de los
familiares por una suma total de 265 millones de liras (en torno a los
130 mil dólares).
Mario Scialla, el joven abogado de Suárez Mason reconoció
su estupor. “No me la esperaba, creo que prevaleció el aspecto
político sobre el
jurídico, no nos olvidemos que subsiste el problema de la falta
de pruebas”, le dijo a este diario y anunció que apelará
la sentencia después de conocer los argumentos formales. Más
sorprendido todavía estaba el defensor de la patota de la Prefectura
que secuestró a Mastinu y torturó psicológicamente
a sus familiares mientras tuvo impunidad. “Esperaba quealguno fuera
absuelto, pero les dieron 24 años gracias a los atenuantes”,
expresó Antonio Strillacci.
Según explicó el fiscal a Página/12, una vez que
la sentencia sea
definitiva –en el caso de que sean nuevamente condenados en un juicio
de apelación–, la Procuraduría de Roma informará
a Interpol sobre la orden de detención de los siete militares y
será entonces que el Ministerio de Justicia italiano podrá
pedir la extradición de los imputados al gobierno argentino. El
viceministro de Relaciones Exteriores, Franco Danieli, presente ayer en
Rebibbia, aseguró que “el actual gobierno italiano está
orientado a hacer efectiva la pena”, pero prefirió no hablar
de extradición. Suárez Mason, actualmente bajo arresto domiciliario
en Argentina, fue condenado a reclusión perpetua por los asesinatos
de Pedro Mazzocchi, Norberto Morresi, Luis Fabri, Daniel Ciuffo y Laura
Carlotto y por la desaparición de su hijo Guido.
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Brinzoni marca diferencias
El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, dijo ayer que “no
comparto” el criterio de la Justicia italiana, que se declaró
competente para investigar los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura y condenó a
los ex generales argentinos Carlos Suárez Mason y Santiago
Riveros.
“Si la justicia italiana considera que tiene potestad para
hacerlo, responde a su criterio. Yo no lo comparto”, expresó
Brinzoni a la agencia DyN, al ser consultado sobre las penas que
dictó la II Corte de Asís en Roma contra los militares
argentinos acusados de la muerte y desaparición de ciudadanos
italo-argentinos.
Si bien inicialmente al participar del acto de reapertura del Regimiento
de Monte 29 de Formosa –que había sido virtualmente
cerado por razones presupuestarias–, Brinzoni dijo que las
condenas a militares argentinos constituyen “una decisión
de la justicia italiana sobre la que a mí no me cabe opinar”,
finalmente señaló que no comparte el razonamiento
de los jueces romanos que sancionaron a ex represores por los delitos
de lesa humanidad cometidos en Argentina.
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FAMILIARES
Y FUNCIONARIOS ITALIANOS FESTEJARON EL FALLO JUDICIAL
“No es un final feliz, es un final justo”
Por L.T.
Desde Roma
“Lo que no tenemos en
Argentina, lo conseguimos en Italia, nosotros sólo podemos decir
gracias”, repetía Estela Carlotto, abrazada a Lita Boitano,
las dos con los ojos húmedos, mientras en una concurridísima
aula bunker se mezclaban las emociones de los familiares con las interpretaciones
políticas de legisladores y funcionarios del gobierno italiano.
“Creo que en Argentina la noticia de las condenas tendrá dos
repercusiones, la mayoría festejará con nosotros y los menos
pensarán ¿por qué no hemos secuestrado a más
madres para que no pasara esto?”, decía Carlotto, augurando
que la sentencia sensibilice al gobierno argentino.
Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
convocaba a todos los familiares a abrazarse delante de alguna cámara
de televisión. “No quiero decir que la sentencia es más
de lo que yo esperaba, digo que se hizo justicia con nuestros hijos”,
expresaba emocionada y se ponía seria para jurar a los periodistas
extranjeros que nunca aceptaran una mesa de diálogo con los militares
como la que se estableció en Chile.
“Estamos reconfortados, no felices; esto no es un final feliz, es
un
final justo”, corregía a un cronista la hermana de Pedro Mazzocchi,
secuestrado mientras hacía el servicio militar. Julio Morresi –cuyo
hijo fue fusilado una tarde de abril de 1976– sólo consiguió
hablar después de ahogarse en un llanto. “Más allá
de 25 años de lucha, me llena de satisfacción ver que la
Justicia es posible, Italia le está dando un ejemplo al mundo”.
En tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Franco Danieli, festejaba
el triunfo del gobierno italiano, constituido como parte civil en el juicio.
“Esto termina con los años oscuros de Italia, con el accionar
de la P2 y de los peduistas que marcaron negativamente una época”,
comentaba.
Con el escenario de veintidós celdas preparadas para alojar a los
imputados durante los mega-procesos a mafiosos y terroristas, y que durante
este juicio permanecieron vacías, el fiscal Francesco Caporale
evaluó la condena a Suárez Mason, Riveros y los otros militares
como “una sentencia histórica, importantísima”.
“Yo no perdí casi tres años de trabajo, pero los familiares
no perdieron veinte años de búsqueda de justicia”,
agregaba el fiscal, que actualmente interviene en la investigación
de la ESMA, que podrá arribar a un juicio en Italia el año
próximo. “Con esta decisión histórica se golpeó
el corazón del organigrama del régimen militar argentino
de los años setenta”, declaraba el abogado de familiares Giancarlo
Maniga mientras su colega Marcello Gentili, “totalmente satisfecho
con la sentencia” la interpretaba como “un no claro y fuerte
al olvido”.
Para escuchar al Tribunal llegaron la vicepresidenta del Senado, Ersilia
Salvato, la senadora Francesca Izzo y el diputado verde Giorgio Gardiol,
además de otros ex legisladores enrolados en las diversas variantes
de la izquierda italiana. Y representantes de varias organizaciones de
derechos humanos. El ex cónsul en Buenos Aires Enrico Calamai,
que dejó la carrera diplomática, sonreía feliz. “Se
trata de una sentencia histórica, creo que los jueces aplicaron
los principios de Nüremberg, que prevén la responsabilidad
penal no sólo para quienes cumplen una orden sino también
para quién la da”, opinaba Calamai.
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