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 Presionado por la orden de arresto
lanzada el viernes contra Augusto Pinochet, primero se plantó con
un rotundo no. Después de reunirse con la cúpula militar
comenzó a dudar y, finalmente, el presidente chileno Ricardo Lagos
aceptó ayer convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena),
un órgano salido de la Constitución pinochetista de 1980
para enfrentar situaciones que “atenten gravemente en contra de las
bases de la institucionalidad o puedan comprometer la seguridad nacional”.
Consciente de que su decisión va directamente en contra de su anterior
negativa, Lagos explicó que la convocatoria a pedido de los jefes
militares no fue motivada por la nueva situación judicial del ex
dictador. Pero pareció enredarse en su propio argumento al condicionar
el encuentro del Cosena a que la Corte de Apelaciones de Santiago decida
en estos días sobre el recurso de amparo presentado por los abogados
de Pinochet para dar por tierra con la orden de detención y procesamiento
del Tata.
Los análisis sobre la decisión de Lagos apuntaban ayer en
una misma dirección. Si el presidente no aceptaba convocar al Cosena,
abría la posibilidad de enfrentar un escenario mucho peor que sus
propias marchas y contramarchas verbales en público: que dos miembros
del organismo hicieran a un lado su negativa y decidieran convocarlo por
su parte. Además del presidente de Chile, el Cosena está
integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director
de Carabineros, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema
y el contralor (fiscal) general de la República. Todos tienen derecho
a voto y la decisión de dos de ellos (posiblemente dos de los cuatro
jefes militares) en favor de llamar a una reunión del Cosena habría
bastado para golpear en el corazón del discurso de Lagos sobre
la “tranquilidad” y el “respeto institucional” de
las Fuerzas Armadas chilenas hacia los (otros) poderes del Estado.
Mientras el lunes hacía su vuelo de regreso a Chile desde México,
Lagos aclaró que no pretendía convocar al Cosena porque
“desde la perspectiva constitucional no existen motivos para ello.
No procede su convocatoria respecto de fallos judiciales”. Por la
noche se reunió en el Palacio de La Moneda con los cuatro jefes
militares que, desde el momento en que el juez Juan Guzmán Tapia
lanzó la orden de arresto contra Pinochet, comenzaron su campaña
de presión y malestar por la decisión de los tribunales.
Esa misma mañana, el ministro del Interior, José Miguel
Insulza, había explicado que “sería muy difícil
decirle no a las Fuerzas Armadas. El presidente no tiene ningún
interés en cerrarles la puerta a los comandantes en jefe y que
no puedan plantear sus puntos de vista”. Aunque reconoció
el riesgo de que “se politice el caso y se pinochetice el Cosena”.
Ayer, después de unas horas en las que meditó el asunto,
Lagos anunció su decisión de hacer lo que antes había
rechazado. El ministro de Defensa, Mario Fernández (que estuvo
presente en la reunión de La Moneda), precisó que los jefes
militares “dieron una serie de argumentos de manera muy respetuosa”
y “fueron muy enfáticos en que la situación del general
Pinochet no es el trasfondo ni el fundamento para hacer esta petición”.
Sin embargo, las palabras del propio Lagos dejaron ver que el futuro judicial
del ex jefe del Ejército sí tuvo algo que ver. “Dado
que los tribunales de justicia deben fallar un recurso de amparo en relación
con el general Augusto Pinochet, y que es lo que motiva esta inquietud,
la citación del Cosena sólo se hará una vez que dicho
recurso haya terminado su completa tramitación”. La Corte
de Apelaciones escuchará hoy los alegatos de las partes en relación
con ese recurso.
Entretanto, los movimientos judiciales que desembocaron en la presión
militar y la consecuente decisión política de Lagos dieron
ayer algo de satisfacción a los abogados pinochetistas, que quieren
ver al juez Juan Guzmán Tapia fuera de la causa que pone en peligro
(al menos formal) el futuro inmediato del Tata. Por 11 votos contra cinco,
la Corte Suprema de Chile sancionó al magistrado por una “carta
de apoyo” que envió a Clara Szczaranski, presidenta del Consejo
de Defensa del Estado (CDE), que es parte de las querellas contra Pinochet,
en su mayoría a cargo del mismoGuzmán. El juez recibió
una censura por escrito que afectará su hoja de servicio como magistrado
de la Corte de Apelaciones y para una eventual incorporación como
ministro de la Corte Suprema, pero que no supone su inhabilitación
como juez de la causa por la “Caravana de la Muerte”, esa que
podría lograr el impensable arresto del ex dictador.
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Después de reunirse
con la cúpula militar, el presidente Ricardo Lagos dio lugar
a sus pedidos y decidió convocar al Consejo de Seguridad
Nacional. Antes había rechazado la convocatoria por “inconstitucional”.