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 Lo de San Lorenzo parece de
nunca acabar. O de nunca empezar, si se quiere. El tema del gerenciamiento
impulsado por la directiva no quedó en los recintos propios de
la gestión del club sino que llegó primero a las calles,
después al Congreso y ahora a los estrados de la Justicia. Porque
ahora de eso se trata. La Justicia puso ayer en suspenso el gerenciamiento
de San Lorenzo, al dictar una medida cautelar que frena provisoriamente
lo decidido en tal sentido por la asamblea de representantes celebrada
el 30 de noviembre pasado. Así lo informaron fuentes judiciales
que precisaron que la medida fue dispuesta por la jueza en lo civil número
96, Silvia Caviglia, a raíz de una presentación realizada
por representantes del sector minoritario de la Comisión Directiva
de San Lorenzo.
El 30 de noviembre, en una tumultuosa asamblea, los representantes de
la entidad de Boedo aprobaron la cesión de los derechos de gerenciamiento
del club a favor de la empresa de capitales suizos ISL. La jueza Caviglia
había rechazado, horas antes de la Asamblea, otro pedido de medida
cautelar, en esa oportunidad presentada por socios de San Lorenzo, que
pretendían que el tema del gerenciamiento no fuera tratado durante
la asamblea.
Pese a la estricta reserva con que se manejan las actuaciones, se pudo
saber que la resolución tomada por la magistrada está referida
a una presentación posterior a la asamblea, formulada por representantes
de la minoría en la conducción del club, patrocinados por
el abogado Carlos D’Alessandro. Sin embargo, el presidente de San
Lorenzo, Fernando Miele, aún no fue notificado de la resolución,
según dijo el abogado del club, César Sicurel. La medida
cautelar dictada por la jueza Caviglia implica que la aprobación
del gerenciamiento queda momentáneamente suspendida, hasta que
la Justicia resuelva los planteamientos sobre la validez o no de la asamblea
de representantes.
Ese punto, que constituye el fondo de la cuestión en trámite
ante el Poder Judicial, aún no fue resuelto por la magistrada.
Que
te cueste, Blanquiceleste
El asesor legal del juez Enrique
Gorostegui, Luis Cambra, exigió ayer a representantes de la empresa
Blanquiceleste S.A. la cancelación de todo el pasivo de la entidad
de Avellaneda para gerenciar a Racing. Sin la presencia de los integrantes
del órgano fiduciario que administra a Racing, el juez Gorostegui,
el asesor Cambra, abogados de la empresa Blanquiceleste S.A. y el interventor
del club, Héctor García Cuerva, se reunieron al mediodía
para analizar la propuesta realizada por la firma que encabeza el publicista
Fernando Marín. Como se preveía, la principal objeción
a la propuesta de la empresa de Marín se encuentra en la parte
económica y en lo que respecta al levantamiento de la quiebra.
La empresa Blanquiceleste pretendía pagar la deuda en diez años,
pero esto tampoco se lo van a aceptar y, además, le exigirán
que presenten avales “serios y fuertes”, algo que hasta ahora
no ocurrió, según confirmaron fuentes judiciales.
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