Por Adriana Meyer

El Poder Judicial allanó ayer el corazón del Poder Ejecutivo. La Secretaría General de la Presidencia –ubicada en la Casa Rosada– y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fueron registradas por orden del juez federal Jorge Urso. El magistrado busca el contrato firmado el 7 de junio entre la SIDE y una consultora de comunicación política vinculada a Dick Morris para la realización de una campaña destinada a resaltar los logros de la administración aliancista. Una ex socia de Morris asegura que cobró 25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE y que el consultor recibió 1 millón 600 mil por ocho meses de trabajo. Página/12 publicó el martes en exclusiva que el fiscal federal Oscar Amirante acusó al ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, y al presidente Fernando de la Rúa de presunta malversación de caudales públicos por la contratación de esta consultora.
Mattie Lolavar es experta en comunicación política e imagen. En una entrevista publicada por la revista Noticias el 4 de noviembre afirmó que Morris –el cotizado asesor que diseñó la campaña electoral de Fernando de la Rúa y que perdió su cargo en el gobierno de Bill Clinton por divulgar secretos de Estado ante una prostituta (ver aparte)– la convocó para que “destacara los logros de la administración aliancista: la reforma laboral, la impositiva y reforzar la imagen de austeridad”. Lolavar aceptó la propuesta y estudió la política y la historia argentina durante tres semanas. “Fue una cosa bien rara porque en principio me dijeron que mi contrato iba a ser firmado directamente por el gobierno argentino, pero no fue así”, relató la mujer. Morris le comunicó que lo harían a través de la consultora de lobby norteamericana Ikon, que fue contratada por la SIDE. “Me explicaron que lo hacían de ese modo por la resistencia que podía generar nuestro trabajo”, recordó Lolavar. Y agregó que le indicaron que su tarea constituía una “operación encubierta”. La revista publicó un facsímil del contrato en donde puede verse la firma de De Santibañes, y asevera que hay una copia en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos porque así lo establecen las normas de ese país.
Antes de solicitar el allanamiento que Urso concretó ayer, los fiscales Amirante y Guillermo Marijuan preguntaron sobre la existencia del contrato a la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Funcionarios del área respondieron que no tienen ninguna información al respecto. El magistrado prefirió cerciorarse y ordenó registrar las oficinas de la sede central de la SIDE, en 25 de mayo 11, y de la Secretaría General de la Presidencia, en Balcarce 50. En la Rosada el resultado del operativo realizado por la división Delitos Federales de la Policía Federal fue negativo. En la SIDE los uniformados tuvieron algún inconveniente. Un alto funcionario judicial explicó a Página/12 que el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Gabriel Presa, se negó a entregar la documentación. Urso evaluó la posibilidad de detenerlo por “desobediencia” pero finalmente optó por trasladarse hasta el lugar de los hechos. Otra fuente vinculada al caso aseguró a este diario que, si el contrato no aparece se lo pedirán al Departamento de Justicia norteamericano.
La denuncia fue presentada por el abogado Juan Carlos Iglesias, el mismo letrado radical que formuló una de las seis acusaciones del caso de los sobornos en el Senado. Amirante la impulsó porque entendió que el ex jefe de la SIDE y el Presidente, de quien depende ese organismo, habrían malversado fondos públicos al autorizar esa contratación. “De la Rúa tenía claro que mi trabajo era pagado por la SIDE”, enfatizó Lolavar desde su casa, en Virginia.
Una semana después de los dichos de Lolavar, Morris la desmintió al declarar que no había cobrado “ni un peso”. Sin embargo, admitió que fue gestor de un contrato millonario entre una consultora “amiga” (Ikon) y la central de espionaje argentina. El asesor de imagen afirmó: “Nunca recibí dinero ni de la SIDE ni del Gobierno, y tampoco lo recibiré en el futuro.Me limité a presentar a Roger Stone, consultor de Ikon, con De la Rúa y De Santibañes”.
En el Parlamento pidieron explicaciones pero sin éxito. El diputado justicialista Teodoro Funes ingresó a la Cámara un pedido al Ejecutivo “para que informe acerca de las causales que originaron la desviación de fondos provenientes de la SIDE a actividades publicitarias propias de otra secretaría de Estado”. Por su parte, los senadores justicialistas Carlos Corach, Héctor Maya, Antonio Cafiero y Eduardo Arnold pidieron que el Gobierno informe “sobre la veracidad de las afirmaciones” de Lolavar.
Esta es otra de las causas derivadas del escándalo de los sobornos en el Senado. Los fiscales que investigan ese caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, solicitaron a la SIDE que envíe una copia del polémico contrato. Ellos también tienen en la mira a los fondos del organismo y ya pidieron que vuelva a declarar –por cuarta vez– el secretario de finanzas de ese organismo, Juan Gallea, pero el juez no accedió. “Acá lo que subyace es el manejo discrecional de los fondos secretos de la SIDE, que evidentemente no se usan sólo para tareas de inteligencia, y eso es más un tema político que judicial”, especuló uno de los investigadores del caso Lolavar. Otro investigador del caso sobornos acotó que “si esos dineros se usaron para marketing político pueden haber sido utilizados con cualquier otro tipo de fines”.
Lolavar maneja su propia consultora –Triumph Communications Group– y sus clientes más conocidos son el millonario Donald Trump y James Hoffa Jr., el hijo del sindicalista misteriosamente desaparecido. En el contrato que en las últimas horas trastornó los despachos oficiales, Triumph figura como subcontratista de Ikon. La experta asegura que estuvo en Buenos Aires a fines de agosto y que en ese momento trabajó con De Santibañes, a quien había conocido en Nueva York. ¿Por qué renunció? La ex socia de Morris dice haberse sentido “mal moralmente”, porque “después de ver tanta pobreza me pareció que le tomábamos la leche al gato”.

UN FISCAL ACUSA A DE SANTIBAÑES DE MALVERSACION
El camino que abrió Bielsa

Por A.M.

A pesar de que ya no dirige los destinos de los espías nacionales, Fernando de Santibañes no encuentra paz. El fiscal federal Oscar Amirante lo acusó de presunta malversación de fondos públicos a partir de la denuncia que presentaron los abogados Ricardo Monner Sans y Juan Carlos Iglesias. Estos letrados se basaron en el informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que descubrió que la SIDE reportó 22 millones 300 mil pesos como gastados cuando, en realidad, estaban depositados en una de las tres cuentas que tiene en el Banco Nación.
El actual jefe de la SIDE, Carlos Becerra, fue convocado por el juez federal Jorge Urso para el 14 de diciembre. El magistrado quiere interrogarlo como testigo para saber si encontró irregularidades contables en las cuentas del organismo a su cargo, y quiere que lo ayude a trazar el “mapa contable” de la SIDE. A pedido de los fiscales Amirante y Guillermo Marijuan, también citó como testigos a los auditores de la Sigen que realizaron el informe. El organismo de control que dirige el jurista Rafael Bielsa detectó que De Santibañes informó a la Contaduría General como pagados fondos que estaban depositados en otra cuenta. Los técnicos de la Sigen están tras la pista de otros 10 millones que habrían tenido destino incierto.
Cuando el ex banquero hizo su descargo ante la Oficina Anticorrupción, argumentó que esos movimientos se hicieron como “previsiones presupuestarias”. Pero esto no conformó a los fiscales que ayer impulsaron la acusación en su contra. Amirante y Marijuan pedirán más adelante la realización de una pericia contable del informe de la Sigen, pero quieren que sea hecha por un organismo público no estatal, como podría ser una universidad. También necesitan saber cuáles son las normas secretas que rigen los asuntos contables. El informe de Bielsa se basó en la Ley de Contabilidad y De Santibañes sostiene que la SIDE se rige con normas especiales.
El ex jefe de los espías respondió, además, iniciando una querella contra Bielsa. Lo acusó de violar secretos de Estado –por la difusión que tuvo el informe–, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario. Además, trató de invalidar su rigurosidad argumentando que la Sigen reconoció que los espías le retacearon información. Y cuestionó la competencia del ente de control de las cuentas públicas para investigar a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El fiscal federal Miguel Angel Osorio impulsó la denuncia contra el síndico general y la investigación está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Página/12 pudo saber que De Santibañes presentó ante el magistrado un anónimo en el que le advertían que la Sigen obtuvo datos de ex empleados de la SIDE que habrían sido cesanteados durante su gestión y que estarían implicados en la causa que investiga irregularidades en el manejo de inmuebles propiedad de los espías.

Cantarero y la periodista otra vez cara a cara

Por Santiago Rodríguez

El careo entre la periodista María Fernanda Villosio y el senador Emilio Cantarero no arrojó ayer ningún avance importante para la investigación del presunto pago de coimas en el Senado que conduce el juez federal Carlos Liporaci. “Yo dije la verdad”, sostuvo la cronista del diario La Nación y ratificó así su declaración en la causa acerca de que el legislador peronista le confió que junto a otros colegas de su bloque había recibido sobornos a cambio de aprobar la ley de reforma laboral. Cantarero la calificó de “mentirosa” e insistió en que la acusación en su contra es “falsa”.
Villosio y Cantarero volvieron a encontrarse ayer entre sí y también con el juez Liporaci. Ambos habían pasado ya por los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga el supuesto pago de coimas en el Senado, aunque en diferente condición: la periodista concurrió en su momento como testigo, mientras que al senador se le tomó declaración indagatoria por ser uno de los once legisladores (siete peronistas y tres radicales) y dos empleados de la Cámara alta procesados por presunto cohecho. Cantarero es, además, el único imputado que carga con una prueba testimonial en su contra, precisamente la que aportó Villosio al declarar que ante ella había admitido el cobro de sobornos.
Liporaci apostaba a avanzar sobre la base de las contradicciones que surgieron de los testimonios Villosio y Cantarero y por eso dispuso el careo entre ambos. Pero el trámite tardó tanto como lo que le llevó al magistrado leer lo que uno y otro habían declarado en el expediente y a la periodista y el senador ratificar sus dichos. Desde que los protagonistas del careo llegaron al despacho del juez hasta la finalización de la diligencia no pasaron mucho más que 40 minutos.
Cantarero –actualmente en uso de una licencia sin goce de haberes– fue el primero en hablar. Liporaci le concedió la palabra cuando concluyó la lectura de su testimonio, un trámite que su abogado, Andrés Marutián, trató de evitar pero que el juez concretó para que Villosio supiera a ciencia cierta lo que había declarado el senador.
“Villosio miente” expresó Cantarero y negó haberle dicho en algún momento que había recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma laboral. El 30 de agosto pasado, La Nación publicó una entrevista con un senador peronista, al cual no identificaba, quien admitía que había corrido dinero durante la tramitación de esa ley. Frente al escándalo que desató esa publicación, Cantarero admitió ante sus pares que había estado reunido con Villosio, pero negó ser el autor de la confesión. Al día siguiente, la periodista reveló que el senador era Cantarero.
Villosio ratificó después la información ante Liporaci. El relato de aquella reunión que mantuvo con Cantarero constituyó el eje de su declaración ante el magistrado. El senador insistió con que su versión es “falsa” y la acusó de ser “experta en operaciones difamatorias”.
“Yo dije la verdad, usted lo sabe. Cumplí con mi trabajo y nada más”, sostuvo Villosio. También aclaró que “yo no lo traicioné y mantuve hasta el final el resguardo de la fuente” y recordó que Cantarero “sabía que la nota iba a ser publicada, aunque insistía en que no se mencionara su nombre”.
Quienes presenciaron el careo –además de Liporaci y Marutián, estaba el fiscal Federico Delgado y el secretario del juzgado Marcelo Sonvico– destacaron que la periodista “no dejó de mirar a los ojos a Cantarero en ningún momento del trámite”. También contaron a Página/12 que el senador “asintió con la cabeza ante cada una de las expresiones de Villosio, pero sin abrir la boca”.
El silencio de Cantarero forma parte de la “estrategia procesal” que fijó su defensa. De hecho, Marutián estuvo durante todo el careo detrás de él y palmeándole el hombro. “Daba la impresión de que lo calmaba para que permaneciera callado”, comentó uno de los partícipes de la diligencia. Ante los periodistas, Cantarero tampoco dio la cara. “Como los abogados no hablan de política, es prudente que los políticos no hablen de las causas judiciales”, explicó Marutián, quien se presentó en su lugar para negar la “versión novelesca” de Villosio, a la cual tildó de “absolutamente mendaz” en sus dichos.
La periodista también tuvo palabras para Cantarero afuera del despacho de Liporaci. “Es canallesco que quiera inculpar a una inocente del delito de coacción para salvarse de sus responsabilidades como senador porque lo único que hice fue hacer mi trabajo”, dijo al salir de Tribunales, a propósito de la denuncia que Cantarero promovió en su contra y que quedó en manos del juez Gabriel Cavallo.

EL MISTERIO DEL SUELDO DEL TALENTOSO MR. MORRIS
Casi un secreto de Estado

Por F.C.

Pese a que hace más de dos años que asesora a Fernando de la Rúa, nunca quedó muy claro de dónde salía el sueldo del norteamericano Dick Morris, uno de los consultores top de la política mundial. Autor de la teoría de la “campaña permanente” para asegurar el éxito de cualquier gobierno, Morris supo ganarse desde el vamos la admiración de Antonio de la Rúa y se convirtió en líder espiritual del equipo comunicacional de la Alianza. Ordenó encuestas, bosquejó avisos, redactó discursos y marcó las líneas generales de la campaña. Un trabajo arduo en un asesor nada barato. Con todo, recién se mostró en público junto al Presidente en junio pasado, durante una gira por Estados Unidos en la que promovió a la Argentina como plaza turística. “Tiene parques como Londres, calles como París, todos son italianos y hablan castellano”, fue el slogan que utilizó.
Morris dejó de trabajar para el presidente norteamericano, Bill Clinton, en 1996, luego de un escándalo que involucró a una prostituta. Morris estaba con la mujer y le pasó el teléfono para que escuchara del otro lado de la línea la voz del hombre más poderoso del mundo. Con la entrada a la Casa Blanca prohibida, Morris salió a buscarse conchabo por el resto del mundo. Tiene con qué sacar chapa: no sólo fue el principal asesor del presidente norteamericano durante tres años sino que también tiene página en Internet, trabaja en televisión y publica un par de libros por año.
La leyenda cuenta que el flechazo fue en febrero del ‘98, en una estancia en la costa atlántica. De la Rúa competía en la interna contra Graciela Fernández Meijide y tenía urgencia por un asesor de nivel que le indicara el camino a seguir para asegurarse el triunfo. Morris desgranó sus máximas: las campañas se ganan al comienzo y no al final, la publicidad debe ser en un 90 por ciento televisiva y la importancia de realizar encuestas “dirigidas”, que permitan conocer el verdadero pensamiento de la gente. De la Rúa y Antonio compraron de inmediato. Morris, que no habla castellano, viajaba una vez por mes a Buenos Aires, se alojaba en una suite del Hotel Hyatt y revisaba los sondeos que le preparaba la consultora Analogías. Cuando partía, le daba su opinión a De la Rúa y encargaba nuevas encuestas.
Obsesivamente, Morris esquivó a la prensa y, sobre todo, hablar de la Argentina. Cuando al fin lo hizo, no fue del todo prudente. Entre otras cosas, dijo que Carlos Menem era un corrupto. Su salida le valió que el senador Eduardo Menem presentara un pedido de informes al Ejecutivo donde se exigía respuesta a varios de los enigmas que hoy se investigan: tarea que cumplía Morris dentro del Gobierno, en qué condiciones las desarrollaba y los montos que percibía.
Entre los trabajos realizados por Morris en el año de gestión delarruista se anotan varios discursos presidenciales, el armado de sus viajes por Estados Unidos y la promoción turística. Por ejemplo, Morris aconsejó a De la Rúa ir al Museo del Holocausto a pedir disculpas a la comunidad judía. Según había notado en sus sondeos, los norteamericanos tenían la imagen de la Argentina como un lugar que había dado refugio a criminales nazis. También que les resultaba simpático que el valor del peso estuviera asimilado al dólar.
Delito o no, el testimonio de Mattie Lolavar dejó al descubierto un entramado que el gobierno jamás blanqueó. Con el estigma del “gobierno del marketing” –calificativo que en algún momento se ganó la gestión delarruista–, la Rosada siempre prefirió esconder la naturaleza del vínculo que la unía a Morris. Ni siquiera ayer, con los allanamientos en marcha, hubo alguna voz del Gobierno que saliera a dar explicaciones.

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