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Por Felipe Yapur
 La historia parlamentaria del
proyecto de ley que revisaría la situación procesal de los
guerrilleros presos del Movimiento Todos por la Patria culminó
ayer sin pena ni gloria. Fueron seis meses de vanos intentos para debatir
un proyecto que encontró una férrea oposición por
parte del justicialismo y, sobre todo, la reconocida incapacidad de la
conducción del bloque de la Alianza para convencer a un grupo importante
de radicales que rechazaban el tratamiento de esta polémica norma.
Finalmente ayer el presidente Fernando de la Rúa firmó un
decreto para que se presente un recurso ante la Corte Suprema a fin de
que se pronuncie sobre el derecho que tienen los presos del MTP para acceder
a una nueva instancia judicial. Sin embargo, todo indica que la decisión
presidencial no logrará levantar la huelga de hambre que los detenidos
realizan desde hace 96 días.
Todo comenzó el 29 de mayo pasado cuando los presos de La Tablada
anunciaron el comienzo de una huelga de hambre reclamando la habilitación
de una segunda instancia judicial de acuerdo con el requerimiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese contexto,
el 8 de junio, durante una conferencia de prensa, el presidente del bloque
de diputados radical, Horacio Pernasetti, junto a los frepasistas Nilda
Garré, Juan Pablo Cafiero y Ramón Torres Molina anunciaron
que el proyecto presentado por este último había conseguido
un dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal.
El dictamen se había logrado con la firma de varios radicales.
Todo indicaba que no sería fácil su tratamiento norma, pero
nadie creyó que nunca se iba a poder siquiera votarlo.
El 12 de julio la Alianza intentó por primera vez debatir la norma.
El PJ había anunciado su voto negativo. El menemismo y un grupo
no menor de duhaldistas, como Eduardo Camaño y José María
Díaz Bancalari entre otros, adherían a la siguiente tesis:
“Queremos que se pudran en la cárcel”. No terminaría
allí la oposición del justicialismo: comenzaría una
verdadera historia de exigencias y “traiciones” a los acuerdos
alcanzados con el oficialismo.
La sesión del 12 cayó por la falta de quórum. A la
inasistencia del PJ, se añadió el faltazo de 40 diputados
radicales que justificaron su posición afirmando que “no queremos
que los presos queden libres”. Esa noche, una comisión de
diputados de la Alianza, que incluyó a Pernasetti, Marcela Bordenave
y Alfredo Bravo, visitaron a los presos. Les prometieron que el 3 de agosto
debatirían la ley logrando que éstos levantaran la huelga
de hambre que ya cumplía 46 días.
Transcurrieron mucho más de quince días para que Diputados
pudieran volver a llevar el proyecto al recinto. Pero ya no era el de
Torres Molina. Hubo forcejeos y polémicas por la redacción
de un nuevo texto que abría la doble instancia judicial, pero específicamente
advertía que no se computaría el beneficio del “dos
por uno” para evitar la libertad. En cierto sentido, este nuevo texto
cumplía con una de las exigencias del PJ. Pero inmediatamente exigieron
la presencia del entonces ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, en
un intento por comprometer al Ejecutivo en la redacción del nuevo
texto. El ministro hizo llegar un paper con una serie de recomendaciones
legales para sortear la aplicación del beneficio del dos por uno.
Aun así, la Alianza intentó y fracasó en tres oportunidades
seguidas el debate de la ley. En tanto, el 5 de setiembre los presos habían
comenzado su segunda huelga de hambre.
El 28 de setiembre se concretó el último intento por debatir
el proyecto que llevaba las firmas del presidente Fernando de la Rúa
y de su hermano, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa. Así
se cumplía con la primera exigencia del PJ: “Queremos un proyecto
que esté firmado por el Presidente”. Aun así, jamás
lo debatieron. Ayer, los diputados del PJ amenazaron con no bajar al recinto
si se incluía en el temario de sesión. Un miembro del bloque
de la Alianza dijo a Página/12 que “estamos hartos de las
condiciones del PJ. Nos corren por derecha porque saben que hay radicales
que no votan la ley. Así que es mejor esperar el decreto”.
El decreto llegó, pero los detenidos no suspenden la huelga de
hambre.
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