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Por Irina Hauser
 El Gobierno resolvió
dejar en manos de la Corte Suprema la decisión que podría
marcar el destino de los presos por el copamiento del cuartel de La Tablada,
que mantienen una huelga de hambre desde hace 96 días. Mediante
un decreto, el presidente Fernando de la Rúa instruyó al
procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para que interpusiera un recurso
destinado a que el alto tribunal disponga la revisión de las condenas.
Esta iniciativa fue fruto del fracaso de las gestiones con el justicialismo
para que se pudiera tratar en la Cámara de Diputados la reforma
legal necesaria para habilitar una segunda instancia. Los presos, que
permanecen internados, no están dispuestos a levantar su medida.
Siguen sosteniendo que, aun así, el Gobierno sigue incumpliendo
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Enfadado, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, denunció
que el PJ violó el “acuerdo político” cuya gestión
estuvo en buena medida en manos de su segundo, Melchor Cruchaga. “Ante
las dificultades políticas, que llegan al límite de la irracionalidad
puesto que han querido privar al Congreso de expresarse en la reforma
de la Ley de Defensa de la Democracia, el Ejecutivo elige el camino de
recurrir a la Corte para cumplir con la CIDH”, dijo el viceministro
a Página/12. “Lo que pasó en Diputados fue una extorsión
política cuando había que tratar el presupuesto”, remató.
Los acusados por el ataque a La Tablada fueron enjuiciados en 1989 bajo
la Ley de Defensa de la Democracia, que impide la doble instancia de apelación.
Sólo el líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y
su mujer, Ana Sívori, que fueron juzgados en 1997 después
de estar prófugos, tuvieron revisión de condenas concedidas
por la Corte. El 23 de noviembre de este año la Sala II de la Cámara
de Casación Penal rechazó el planteo de los presos para
que se reconsideraran sus condenas. Argumentó que no hay ley que
faculte a conceder esa instancia.
El decreto que firmó ayer el Presidente recuerda que la Convención
Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, incluye
el derecho a “recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior”.
Y subraya la intención oficial de cumplir con la recomendación
internacional de hacer efectivas las disposiciones de la Convención.
Debido a que los propios presos no se presentaron, el Estado se constituirá
en parte del asunto a través de Marcer, quien el lunes suscribirá
el recurso judicial correspondiente. Hará un pedido de revisión
ante Casación para que resuelva la Corte Suprema. Si los camaristas
lo rechazan, irá con un recurso de queja directamente ante los
supremos.
El objetivo político del Gobierno es que la Corte revoque la reciente
decisión de Casación y establezca la revisión. Hasta
la semana pasada el Ejecutivo analizaba la chance de firmar un decreto
de necesidad y urgencia para habilitar la doble instancia sin vueltas.
Pero resultó una salida controvertida que cuestionó públicamente
la propia subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, argumentando
“que los decretos de necesidad y urgencia en materia penal están
prohibidos por la Constitución”. De todos modos, aclaró
que “ese decreto sigue en estudio”.
El abogado de los presos, Rodolfo Yanzón, se mostró molesto
con la iniciativa gubernamental. “El Presidente pretende hacer una
presentación judicial, cuando no tiene mandato para eso sino para
otras cosas que no hizo, atado por las presiones militares. Se olvida
que los presos tienen abogado. Es muy poco serio”, dijo. Y reiteró
que, a su entender, las recomendaciones de la CIDH trascienden la revisión
de las penas. “Indulto o conmutación de penas, eso es lo que
reclamamos”, añadió Adrián Wittenberg, vocero
de los detenidos.
En la Corte el panorama aún es incierto. Un vocero del tribunal
señaló que los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné
O’Connor, Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio no estarían
de acuerdo con una presentación que no sea ciento por ciento ortodoxa.
Podrían opinar que los presos debieron haberapelado y no el Estado.
Otro vocero recordó que los supremos, en casos de envergadura como
el recorte salarial, vienen firmando fallos oficialistas. En ese sentido
una mayoría de los jueces podrían reflotar jurisprudencia
que permite reconocer al Estado como parte en casos de trascendencia y
remitirse al fallo que concedió la apelación a Gorriarán
Merlo.
Wittenberg concluyó con crudeza: “Esto es para que la Casación
le lleve al cementerio una respuesta a los presos”.
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Las gestiones de Ortega
El ex presidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien llegó
al país para visitar a los presos de La Tablada, se reunió
ayer con el ministro de Interior, Federico Storani, y con la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, para interceder ante la situación
de los condenados. Ortega también visitó a los presos
que cumplen su huelga de hambre en el hospital Santojanni y se sumó
a las Madres de Plaza de Mayo en la vigésima marcha por la
Resistencia, que este año tuvo al tema de La Tablada entre
sus reclamos centrales.
Adrián Witemberg, vocero del Movimiento Todos por la Patria,
informó que con el mismo objetivo también llegaron
al país los diputados del Frente Amplio de Uruguay Eduardo
Bonomi y Edgar Belomo, mientras que se espera para el viernes el
arribo de Jorge Soto, de la Unión Revolucionaria Nacional
de Guatemala.
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