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Por David Cufré
 ”Es un acto demagógico”,
protestó indignado José Luis Machinea. La acusación
fue contra los senadores justicialistas, quienes fijaron en el Presupuesto
2001 que se reponga a los empleados públicos el 12 por ciento de
sus salarios descontado en mayo pasado. Es uno de los cambios sustanciales
a la ley votada ayer en la Cámara alta. El enojo del ministro de
Economía es porque se enturbia la negociación con el FMI
por el crédito de blindaje. En efecto, la jefa de la misión
del organismo, Teresa Ter Minassian, le hizo conocer a Machinea su molestia
por ese cambio y éste aprovechó la primera oportunidad en
que estuvo frente a periodistas para transmitir su reproche a los senadores.
Ahora el Gobierno buscará bajar el artículo en Diputados,
adonde se hará la revisión final al Presupuesto tras los
cambios votados en la Cámara alta. Al oficialismo le bastará
con mayoría simple. Pero la preocupación del Ejecutivo es
por la postura que vayan a asumir los legisladores del Frepaso.
Los senadores justicialistas cumplieron con su promesa de sancionar el
Presupuesto esta semana. Pero hicieron modificaciones que resultan indigestas
al Ejecutivo. La que considera más grave es la restitución
salarial a los agentes del Estado. La bancada opositora debatió
toda la semana qué hacer con este tema. Su conducción rechazaba
la iniciativa, mientras que otros senadores, con Jorge Yoma a la cabeza,
la impulsaban. La fórmula de acuerdo fue que para no agigantar
el déficit fiscal -reponer el 12 por ciento implica un gasto de
600 millones de pesos–, el “aumento” a los empleados se
producirá con el dinero que se ahorre por “una reducción
de gastos de funcionamiento del Estado y de servicios no personales”.
De este modo, se establece que el Gobierno deberá diseñar
un plan de achicamiento de gastos en esas áreas, para lo que tiene
plazo hasta el 30 de abril. Desde ese momento, el dinero ahorrado deberá
utilizarse para devolver a los empleados públicos el descuento
salarial, empezando por los de haberes más bajos.
El artículo se votó con mayoría simple, por lo que
la Alianza puede usar su mayoría en Diputados para rechazarlo.
El punto es cuál será la postura de los legisladores del
Frepaso. El presidente del bloque –y también de la Alianza–,
Darío Alessandro, señaló a Página/12 que “el
Frepaso votará junto con el radicalismo”. En cambio, uno de
los díscolos del Frepaso, Eduardo Macalusse, anticipó a
este diario que el grupo de “rebeldes” apoyará la decisión
del Senado. El Ministerio de Economía exige a la conducción
de la bancada aliancista que rechace la modificación.
Alessandro dijo confiar en que el Frepaso respetará la demanda
del Ejecutivo. De ser así, la Alianza podrá voltear el artículo
de la discordia. Pero si se suman otros diputados de ese bloque al grupo
más combativo, la mayoría de la Alianza puede desaparecer.
El próximo lunes se reunirá la conducción de la bancada
con Machinea para definir la estrategia a seguir. Pero Alessandro remarcó
que el Frepaso votará con el radicalismo, de acuerdo con lo que
se decida con el Gobierno. Una alta fuente de Economía señaló
a Página/12 que “ese artículo hay que sacarlo”.
Más allá de ese debate pendiente, el Gobierno osciló
ayer entre el festejo por la aprobación del Presupuesto en el Senado
y el enojo por los cambios, no sólo respecto de los empleados públicos,
sino también por los que aumentan el gasto público entre
50 y 90 millones de pesos. Curiosamente, estos últimos fueron acompañados
por los senadores radicales. “Que vengan ellos a negociar con el
peronismo, a ver si sacaban algo mejor”, protestó un legislador
oficialista ante este diario. Las modificaciones votadas con dos tercios,
por lo que a los diputados de la Alianza les resultará casi imposible
anularlas, son las siguientes:
 Se aprobó por unanimidad
incluir un artículo que establece un aporte del Estado a los partidos
políticos de dos pesos por voto. Esto incrementa el gasto para
2001 en 23 millones de pesos.
Se anularon los cupos para
la venta de combustible subsidiado en la Patagonia. Los cupos pretendían
cortar la evasión impositiva. En su lugar, se aprobó un
nuevo esquema de control para la venta de combustibles. De la Rúa
se quejó ante Mario Losada por el apoyo de los senadores radicales
de la Patagonia a este artículo.
También se votó
por unanimidad que el 10 por ciento de los ingresos por pagos anticipados
de diferimientos impositivos irá a las provincias con régimen
de promoción regional. Para aumentar la recaudación, el
Gobierno propuso que las empresas beneficiadas por ese régimen
podrán empezar a pagar los impuestos diferidos en 2001, con una
quita de la deuda. Pero la distribución de los ingresos era de
350 millones de pesos para la Nación y, superado ese monto, el
40 por ciento iba a las provincias. Ahora, en cambio, el 10 por ciento
de todos los ingresos se girará a los distritos del interior. Esto
supone para la Nación una pérdida de recursos que se calcula
en un piso de 35 millones de pesos.
Se excluye a la Nación
de la fijación de tarifas y zonas beneficiadas por el subsidio
al gas en la Patagonia. Esta facultad quedará sólo en cabeza
de los gobernadores.
Las provincias favorecidas
con el Fondo del Tabaco no tendrán tope a los ingresos por ese
subsidio. El artículo original fijaba una partida de 186 millones
y los ingresos por el impuesto a los cigarrillos que superaran ese monto
se guardarían para el subsidio de 2002.
Se dispuso una partida de 14
millones para financiar a una comisión que se encargará
de fijar los límites de la plataforma marítima continental.
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Presión de
constructores
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción
(CAC), Eduardo Baglietto, reclamó al Gobierno por la demora
en la aprobación de la ley de Infraestructura, que por ahora
sólo tiene media sanción de Diputados. “La Ley
de Infraestructura pondrá en marcha un programa federal que
generará 400 mil puestos de trabajo, con una inversión
superior a los 4000 millones de pesos”, cuantificó Baglietto.
Por la presión de los constructores, el proyecto fue incluido
por el Ejecutivo entre el orden de prioridades de las sesiones extraordinarias
del Senado. “Esperamos que el Senado trate este proyecto cuanto
antes y pueda ser sancionado antes de fin de año. Queremos
que se aceleren los tiempos, que se discuta y que se apruebe”,
afirmó el titular de la CAC. Baglietto tampoco desaprovechó
la oportunidad para reclamar por deudas impagas del Estado: según
sus cuentas, la Dirección Nacional de Vialidad le debe a
pequeñas y medianas empresas cerca de 300 millones de dólares.
Y pidió que el gobierno active la propuesta de pagar esa
deuda mediante préstamos del Banco Nación, tomados
por el propio Estado con la garantía hipotecaria de las tierras
de Vialidad Nacional.
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DIPUTADOS
CONVIRTIO EN LEY EL PACTO FISCAL
Provincias con techo propio
La Cámara
de Diputados convirtió ayer en ley el Pacto Fiscal entre la Nación
y las provincias. Fue una sesión relajada, sin sorpresas, dado
que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores ya había
destrabado el tema. El convenio fija un límite al gasto público
provincial hasta 2005 y compromete un aumento de 225 millones de pesos
en los recursos para la ayuda social. Votaron a favor 144 diputados, frente
a 17 que se opusieron y uno que se abstuvo. Rechazaron el convenio el
grupo de legisladores aliancistas disidentes y los peronistas que responden
al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el único que
se resistió a firmar el pacto.
La conducción de la bancada de la Alianza pretendía aprobar
también el Presupuesto 2001, pero ante los cambios introducidos
por el Senado, en especial el que dispone la reposición salarial
a los empleados públicos, se decidió postergar su tratamiento
hasta el próximo martes. De todos modos, el Gobierno tuvo al menos
una buena noticia al cerrarse sin complicaciones la sanción del
pacto fiscal.
El acuerdo con las provincias empezó a negociarse a mediados del
mes pasado cuando, en medio de fuertes turbulencias en el mercado financiero,
el Gobierno recurrió en auxilio del Fondo Monetario. En ese momento,
el organismo condicionó su ayuda a la sanción de dos leyes:
el acuerdo entre la Nación y las provincias –para ponerle
un techo al rojo de las cuentas de los distritos– y la sanción
del Proyecto 2001. El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner,
fue el único mandatario que se negó a firmar el pacto, y
su esposa, la diputada Cristina Fernández de Kirchner fue uno de
los 17 legisladores que ayer votó en contra.
El aliancista José Dumón fue el encargado de defender el
proyecto en el recinto. En su discurso, primero ponderó la actitud
del Gobierno de “enfrentar la crisis financiera”. Luego, enfrentó
las críticas sobre posibles perjuicios para las provincias al destacar
que éstas recibirán “225 millones de dólares
para atender los planes sociales”. El titular del sub bloque de la
UCR, Horacio Pernasetti, en tanto, consideró que la aprobación
del pacto era “esencial para iniciar una política de crecimiento”
ya que, con él, se vuelve previsible la relación entre la
Nación y los distritos del interior del país.
Fernández de Kirchner fue quien pronunció el discurso más
crítico de la sesión. “Con los pactos anteriores se
transfirieron recursos, ahora además transferimos autonomía
y decisión política”, afirmó, enojada, la diputada.
En el bloque opositor atravesó una situación paradójica.
En general, los justicialistas tuvieron palabras duras para calificar
el acuerdo propuesto por el Palacio de Hacienda, en especial hacia aquellos
artículos que avanzan sobre los estatutos y los convenios laborales
de los empleados públicos de las provincias. Pero, al momento de
emitir los votos, apoyaron la iniciativa siguiendo al pie de la letra
lo que, semanas atrás, ya habían firmado los gobernadores
de su propio partido.
Un ejemplo de aquella paradoja la dio el diputado Marcelo López
Arias. Encargado de cerrar la nómina de oradores del PJ confesó
que “a los diputados de las provincias se nos eriza la piel cada
vez que escuchamos hablar de pacto fiscal”. Aunque, segundos más
tarde, votó a favor de la norma justificando su actitud en que
se trataba de “un aporte a la gobernabilidad del país”.
RENUNCIA
EN EL EQUIPO DE MACHINEA: SE VA DEYMONNAZ
Pase al mostrador del Citi
Por
Julio Nudler
Después
de presentar el viernes, en el Sheraton de Pilar, el anteproyecto de una
ley de buenas prácticas empresarias en relación a los accionistas
y al mercado de capitales en general, César Deymonnaz dimitió
indeclinablemente a su cargo de subsecretario de Servicios Financieros,
aduciendo razones personales. Según pudo saber Página/12,
el renunciante volverá ahora a trabajar para el Citibank en el
área de crédito, donde ya se desempeñara en recupero
crediticio. Pero antes, al hablar con la prensa, el dimitido se quejó
de que “algunas de las iniciativas (de su área) sufrieron
demoras por cuestiones políticas”.
Aunque Deymonnaz no aclaró cuáles fueron las iniciativas
que sufrieron interferencias políticas, algunas fuentes señalaron
a este diario la pugna por la privatización de la Casa de Moneda,
impulsada por el funcionario saliente a través de Osvaldo Busto,
hombre de su confianza que ocupa la vicepresidencia de la ceca, pero resistida
por Nelson López del Carril, presidente de esa sociedad estatal.
La designación de Busto fue cuestionada en su momento por tratarse
de un ex proveedor de la Casa de Moneda, y aunque pudo acceder al cargo,
hay al respecto un expediente abierto en el Ministerio de Economía.
Cómo deben gobernarse las sociedades que cotizan en Bolsa, cómo
han de tratar a los socios minoritarios y a los inversores, y cuál
debe ser el funcionamiento del mercado accionario, son asuntos que generaron
encarnizados choques de intereses y posturas en la Argentina de bastantes
años a esta parte, ayudando a que el mercado de capitales local
virtualmente desapareciera. Ahora, el anteproyecto presentado por Deymonnaz
en el retiro espiritual privadísimo del viernes 1º (cuyo costo
fue bancado por las AFJP, los Fondos Comunes de Inversión, el estudio
Nicholson-Cano y otros mecenas) será puesto en Internet para abrirlo
a la discusión pública.
El papel que subirá a Internet quiere dar rango de ley a varias
normas que hasta hoy están a nivel de la Comisión Nacional
de Valores, que preside Carlos Weitz, y se refieren a asuntos como la
transparencia (comunicar toda información relevante), la lealtad
(como la que debe un intermediario a su comitente) y la reserva (de los
funcionarios, por ejemplo).
Un criterio fundamental que adopta es la obligatoriedad de la OPA (oferta
pública de adquisición). Esto significa que el interesado
en alzarse con el control de una compañía no puede limitarse
a negociar con sus principales tenedores sino que debe efectuar una oferta
al conjunto de los accionistas. Lo mismo si el grupo que detenta el paquete
de control de una sociedad decide retirar la acción de la oferta
pública: en tal caso deberá ofrecerle un precio a todos
los accionistas para reabsorber sus papeles. El texto también incrementa
los deberes de los socios controlantes, castigando más duramente
el dolo y la culpa grave, buscando siempre defender al accionista minoritario.
Este no siempre es un pequeño inversor: las AFJP, por ejemplo,
son socios minoritarios por ahora en muchas sociedades, y esto explica
que hayan aportado dinero para el encuentro cerrado de Pilar.
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