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Por Raúl
Dellatorre
 La Justicia logró torcerle
el brazo, al menos por unos días, al Gobierno. Los aumentos en
el boleto del colectivo, que ya estaban en marcha, volverán atrás.
El ministro de Economía debió ordenar ayer la suspensión
de los aumentos en el autotransporte de pasajeros tras ser notificado
de un nuevo fallo del juez Martín Silva Garretón, que acepta
la apelación a la medida por él dictada de “no innovar”
en materia de tarifas, pero mantiene vigente la decisión de no
aplicar el nuevo cuadro tarifario hasta tanto se pronuncie el tribunal
de alzada (la Cámara Federal del fuero contencioso administrativo).
A través de la Secretaría de Transporte las empresas de
colectivos fueron informadas ayer de la novedad. Por eso, desde el primer
servicio de hoy deberán aplicar la tarifa vigente hasta el sábado
2 de diciembre en el transporte urbano: 65 centavos para el boleto mínimo
y 70 centavos para la segunda sección.
Por otro fallo, dictado por la jueza María José Sarmiento,
también quedó en suspenso el ajuste de tarifas en el servicio
del Ferrocarril Belgrano Norte, pero en este caso lo que está cuestionado
es la renegociación del contrato de concesión con Ferrovías.
Las evidentes fallas de procedimiento para aplicar los ajustes dejan en
posición aún más endeble al titular de Transporte,
Jorge Kogan, cuya renuncia fue pedida por varios legisladores de la Alianza
y las expresiones que virtió en una entrevista con Página/12
merecieron cuestionamientos del Presidente de la Nación y provocaron
disgusto en diversos ámbitos del Gobierno nacional.
Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Transporte informó
anoche que “ha notificado a las empresas de transporte automotor
de pasajeros del Area Metropolitana que deben abstenerse de aplicar los
nuevos valores tarifarios, atento a la vigencia de la medida cautelar
dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Nº
6”. Y agregó: “La suspensión de esos nuevos valores
tarifarios debe mantenerse atento a que, si bien fue apelada la medida,
el recurso ha sido concedido con efecto devolutivo, es decir, debe cumplirse
la medida cautelar durante todo el trámite de la apelación”.
La postura asumida por el Gobierno ante el nuevo fallo de Silva Garretón
implica un rotundo cambio en la política oficial, impregnada del
rechazo generalizado que provocó el aumento de las tarifas del
transporte. El jueves pasado el magistrado ya se había pronunciado
en contra de la suba de los pasajes del autotransporte, ordenando su suspensión.
Pero el Gobierno desconoció la medida, y ayer la apeló.
Al aceptar la apelación “con carácter devolutivo”,
el juez Silva Garretón no hizo que más que ratificar su
anterior criterio, pero esta vez generó una reacción diferente
de las autoridades. Ante el primer fallo, el Gobierno nacional y las empresas
concesionarias quedaron en situación de ser declaradas en rebeldía
por desacato de la Justicia. Ayer, las autoridades nacionales resolvieron
salir de esa incómoda posición.
En el Ministerio de Economía –a cargo de Infraestructura desde
la renuncia de Nicolás Gallo, y en consecuencia del área
de Transporte–, hasta la última hora de la tarde de ayer,
se había planificado una estrategia diferente para sostener la
batalla judicial. Tras la presentación de la apelación,
se preveía que en caso de que el juez la rechazara o le diera carácter
devolutivo –sosteniendo en un caso u otro la suspensión de
los aumentos–, se presentaría una “recusación”
del magistrado, un instrumento técnico por el cual se pide su apartamiento
de la causa por “prejuzgamiento”, es decir, por haber fijado
posición al dictar la medida cautelar previo al análisis
de la causa. “Nos condenó de antemano, eso es evidente”,
confió ayer a Página/12 un alto funcionario de Economía
antes que se decidiera acatar la suspensión del tarifazo. La estrategia
de sostener el aumento a capa y espada, claramente, fue rechazada en la
instancia política del Gobierno nacional. Las diferencias que generó
el ajuste de tarifas en el seno de la propia Alianza –varios legisladores
lo cuestionaron y pidieron la renuncia de Kogan– ayer sumaron un
nuevo elemento a la discordia. El Gobierno de la Ciudad, a partir de una
solicitud del Ente Unico de Regulación de los Servicios Públicos
avalada por el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, citó para
la semana próxima a una audiencia pública para que los porteños
se pronuncien sobre el tema. El Ente cuestionó la resolución
“inconsulta” del Gobierno nacional.
Por ahora, se mantienen vigentes los aumentos en subtes y trenes, salvo
en la línea Belgrano Norte. La jueza Sarmiento había ordenado
al Estado que se abstenga de aplicar la suba en los boletos de la línea
explotada por Ferrovías, al hacer lugar al pedido de “no innovar”
presentado por los socialistas Héctor Polino y Antonio Cartañá,
que cuestiona el proceso de renegociación de los contratos. El
antecedente puede repercutir en los ajustes concedidos a otras concesionarias.
Ahora, la esperanza del Gobierno es que la Cámara Federal convalide
los aumentos. Lo que no tiene retorno es la desprolijidad con la que se
decidieron.
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Ya firmaron más
de 30 mil
En el tercer día, las organizaciones de defensa de los
consumidores ya recolectaron 30 mil firmas pidiendo la anulación
del incremento de tarifas del transporte en distintos puntos neurálgicos
de la ciudad: Plaza de los Dos Congresos, Retiro, Constitución
y Once, entre otros. En esos lugares se instalaron sombrillas para
la atención del público, ya que el Gobierno de la
Ciudad se opuso a la instalación de una carpa de protesta
frente al Congreso, del estilo de la que mantuvieron los maestros
durante más de mil días. “La campaña de
recolección de firmas seguirá unos días porque
mucha gente se llevó planillas para firmar y también
fueron distribuidas en sindicatos y asociaciones vecinales”,
dijo Patricia Vaca Narvaja, titular de Consumidores Argentinos,
quien confía recolector un millón de adhesiones contra
el tarifazo. “La idea es llegar al millón de firmas
y poderlas presentar a manera de petitorio ante el Congreso Nacional”,
explicó. Y agregó que “vamos a ir poniendo en
estos días más mesas, porque la gente está
muy enojada, muy enfurecidos”.
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“Una opinión
irritativa”
“Me parece que fue una opinión muy desafortunada.
No solamente desafortunada, también irritativa”, opinó
Martín Silva Garretón, el juez que anoche mantuvo
la suspensión del aumento tarifario en los colectivos, sobre
la frase pronunciada a Página/12 por el secretario de Transporte,
Jorge Kogan, en referencia a que a los pobres no les afecta el tarifazo
porque ya no utilizan el transporte público. Haciendo la
salvedad de que opinaba “como ciudadano”, el magistrado
enmarcó los dichos del funcionario en “una falta de
prudencia, o quizás en una torpeza no querida. Como se dice
en términos vulgares –prosiguió en declaraciones
a Radio del Plata-, se habrá ido de boca queriendo ejemplificar
algo y le salió mal”.
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“No
ha tenido el menor sentido peyorativo”
Por
Cledis Candelaresi
Lejos de aplacarse
con las horas, la conmoción política que provocaron las
declaraciones de Jorge Kogan, acerca de que los más pobres están
marginados del sistema de transporte público, se exacerba. En respuesta
a los frepasistas que lo acusaron de insensible y pidieron su renuncia,
el secretario de Transporte ayer aclaró mediante un comunicado
que el comentario formulado a Página12 “no ha tenido el menor
sentido peyorativo o discriminatorio” hacia los menos pudientes.
El vocero presidencial, Ricardo Ostuni, concluyó que el Gobierno
tuvo un “grave problema de comunicación”, ya que no supo
explicar que el aumento tarifario es menor al que postulaba el gobierno
anterior. El senador del Frepaso, Pedro Del Piero, renunció a la
Comisión Bicameral, desairado porque Economía no consultó
a ese cuerpo legislativo sobre el incremento que estaba por aplicar. Y
un grupo de diputados del Frepaso reclamó la renuncia de Kogan.
El comunicado de Kogan fue difundido muy temprano, y horas después
que el diputado frepasista José Vitar, y el justicialista, Humberto
Roggero, reclamaran su dimisión, acusándolo de discriminar
a los pobres con sus dichos. “Hubo un grave problema de comunicación
y falta de oportunidad del propio Gobierno para informar sobre el aumento
tarifario”, opinó el vocero, quien asegura que el Presidente
se enteró en México de que Economía había
decidido anunciar la suba el viernes. “Hubo nueve meses de arduas
negociaciones en las que se defendió el bolsillo de la gente...
Mi reproche es que se debería haber informado a la población
diciendo: señores, estamos discutiendo esto. Si no conseguimos
mejorar esta base, el aumento va a ser de tanto”.
El vocero presidencial aludía al hecho de que, en el caso de trenes
y subtes, la suba está condicionada por la existencia de renegociaciones
que realizó el gobierno anterior y que fueron convalidadas por
la Justicia. Estos nuevos contratos están vigentes, aunque suspendidos
en virtud de un acuerdo con las empresas concesionarias y, desde que asumió,
la Alianza los tomó como base para debatir con las empresas nuevas
condiciones contractuales. Al menos en el caso de las tarifas ferroviarias,
ese condicionamiento es el mejor argumento que encuentra el Palacio de
Hacienda para justificar los aumentos.
Una decena de diputados frepasistas comandados por Alfredo Villalba se
sumaron a la embestida encarada un día antes por Vitar para pedir
la renuncia de Kogan. Por un lado, cuestionan el presunto afán
discriminador del secretario, a quien le imputan “no reunir la idoneidad”
requerida para el cargo. Pero, fundamentalmente, le objetan haber autorizado
un aumento de tarifas que constituye “un golpe al bolsillo de los
trabajadores”.
Otro frepasista, el senador Del Piero, optó por un gesto más
contundente como su renuncia a la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Privatizaciones. “Motiva mi decisión el hecho de que
el Poder Ejecutivo Nacional ha resuelto un aumento... sin la obligada
intervención de esta Comisión”, sentencia el texto
dirigido al presidente de la Cámara, Mario Losada.
LOS
AUMENTOS SEGUN TECNICOS JUSTICIALISTAS
O que no haya, o que sean graduales
Los argumentos
gubernamentales que justificaron el aumento de tarifas del transporte
público fueron duramente cuestionados por el recientemente formado
Instituto Argentino de Servicios Públicos (IASP) integrado por
técnicos y ex funcionarios justicialistas. Entre las críticas
se destacan la falta de estudios que tengan en cuenta el aumento de la
demanda en el uso de trenes, la ausencia de fiscalización adecuada
de la inversiones comprometidas, la carencia de facultades de regulación
de la CNRT y el otorgamiento de un trato “preferencial y distintivo”
a las firmas privatizadas.
El IASP consideró que los aumentos tarifarios en el transporte
decretados por el Poder Ejecutivo, y frenados ayer al menos transitoriamente,
“agravan la situación de millones de usuarios” y, en
todo caso, deberían haber sido aplicados en forma gradual y selectiva
sujetos a las mejoras del servicio. Además, la argumentación
de que las subas estaban convalidadas por un decreto del gobierno anterior
“no resulta convincente” cuando “hace prácticamente
un año que las actuales autoridades se encuentran en negociaciones
con las empresas concesionarias”.
En el caso de los colectivos, los técnicos del IASP rechazaron
la justificación del aumento del precio internacional del crudo,
el que desconoce la importancia del componente tributario del sector,
“en especial el impuesto a la transferencia de combustibles (de 12
centavos por litro) cuya baja sería mucho más equitativa”
y, si se tiene en cuenta que el consumo del sector representa menos del
5 por ciento del total, “tendría escasos efectos recaudatorios”.
En el comunicado se critica también el trato dado a las empresas
de servicios públicos privatizadas en las renegociaciones, las
que “deberían ser incluidas dentro de los términos
de la ley de Emergencia Económica”
La apreciación del secretario de Transportes, Jorge Kogan, acerca
de que las personas de menores recursos se movilizan “a pie o en
bicicleta”, tampoco quedó fuera de la nota. La expresión
fue calificada como “desafortunada”.
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OPINION
Por Marcela Bordenave *
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Hay alternativas al
aumento
El sistema de transporte público en la región metropolitana
ha sufrido en la última década múltiples y
complejos cambios. Por ejemplo la fuerte transferencia de demanda
entre modos, que favoreció especialmente al ferrocarril privatizado
y la aparición de nuevas formas de movilidad como los remises,
combis, charter e irregulares que se quedaron con una importante
porción de la demanda histórica de los colectivos.
La marcada motorización de los últimos años
y específicamente la paulatina concentración empresaria,
también forman parte de este proceso.
Pero no está claro cómo afectaron estos cambios a
los usuarios y cuáles son sus nuevos patrones de desplazamiento.
El Estudio del Transporte del Area Metropolitana no se finalizó,
y es preocupante que se hayan tomado decisiones como el último
aumento, frenado ahora por la Justicia.
La prolongada recesión ha afectado la demanda del transporte
en general, con la sola exclusión de los subtes. Es conocida
la pérdida sufrida por el autotransporte urbano e interurbano
que ronda en los últimos 10 años el 35 por ciento
de pasajeros. Hasta el ferrocarril, que vio fuertemente incrementada
su demanda en los primeros años posteriores a su privatización,
como resultado centralmente de los efectivos controles de evasión,
también ha registrado un acentuado desaceleración
y aun un decrecimiento de la cantidad de pasajeros transportados.
¿El aumento de tarifas es la única alternativa a mano?
De ninguna manera.
Cada aumento, no hace sino reiniciar el ciclo, que fatalmente se
reiniciará con un aumento futuro.
¿Por qué no indagar la posibilidad de incrementar
demanda, en lugar de esperar que haya más pobres que no puedan
viajar en colectivos o trenes, como dijo en expresiones desafortunadas
e incomprensibles el ex funcionario menemista y actual secretario
de Transporte Jorge Kogan?
Si Kogan aún continúa al frente de la Secretaría
del próximo martes 12, deberá dar muy precisas explicaciones
en el plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor y Transporte
de la Cámara baja, no sólo respecto de las razones
que sustentaron el tarifazo, sino también y muy especialmente
con relación al oscuro procedimiento utilizado para implementarlas:
no tuvo en cuenta la realización de audiencias públicas
que permitan la participación de las organizaciones que representan
a los usuarios.
¿Por qué no imaginar tarifas integradas con descuentos
en bandas horarias que permita incrementar la tasa de movilidad
en la región y, al fomentar el uso del sistema “público”,
reducir los efectos negativos de la competencia ilegal?
Es hora de plantear una política social. Solo debemos atrevernos.
* Diputada Frepaso-Alianza. Integrante de la Comisión
de Transporte.
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El juez resolvió
que no debe aplicarse el aumento de tarifas hasta que quede resuelta
la apelación.