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Por Francesc Relea
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Desde
Santiago
 Políticos, militares
y jueces de Chile están pendientes una vez más de lo que
ocurre en el Palacio de los Tribunales de Santiago, donde se dirime un
nuevo capítulo del maratónico caso Pinochet. La Quinta Sala
de la Corte de Apelaciones comenzó ayer a examinar el recurso presentado
por la defensa del ex dictador contra el auto de procesamiento emitido
el viernes pasado por el juez Juan Guzmán. Los magistrados darán
a conocer su decisión el lunes, y sin duda el caso pasará
a la Corte Suprema, bajo un clima de presión, maniobra y chantaje
para terminar con el caso, con el argumento de que hay que llegar a un
acuerdo político para resolver un caso que está en manos
de los jueces. En este clima, seis encapuchados lanzaron ayer por la mañana
bombas incendiarias contra la sede del Consejo de Defensa del Estado de
Chile, organismo que figura entre los acusadores de Pinochet. Luego, lograron
escapar. El frente del edificio, en el corazón de la capital chilena,
fue impactado por seis artefactos. Se rompieron dos ventanas, pero las
llamas no se propagaron al interior y no hubo heridos.
Así empezó la jornada para los abogados querellantes, entre
los que reinaba el pesimismo por tres hechos producidos el miércoles.
En primer lugar, la convocatoria a regañadientes del Consejo de
Seguridad Nacional (Cosena) por parte del presidente Ricardo Lagos es
la más clara expresión de la capacidad de presión
que conservan los militares en Chile. Los generales están satisfechos
por el paso atrás dado por Lagos, que consideraba que no había
razones para convocar a una institución heredada de la dictadura.
El diario El Mercurio, de excelentes lazos con el pinochetismo, daba cuenta
ayer de que la decisión del presidente ha sido lo que esperaban
los militares “en momentos donde se ve afectada la convivencia nacional
en situaciones que se involucra al Ejército y a las Fuerzas Armadas”.
Aunque la reunión del Cosena no se celebrará hasta que termine
la tramitación del recurso de Pinochet, su convocatoria es un claro
mensaje al país en general y a los jueces en particular de que
tocar a Pinochet equivale a tocar a la familia militar. La polémica
convocatoria ya ha provocado las primeras fricciones en la coalición
gubernamental de la Concertación: el senador democristiano Jorge
Pizarro dijo que “no hay nada que demuestre que la seguridad del
país está en peligro o que la paz social está alterada
como para convocar al Cosena”.
El segundo hecho que no pasó inadvertido en vísperas de
la vista del recurso en la Corte de Apelaciones fue la sanción
grave aplicada por la Corte Suprema contra el juez Guzmán que,
si bien no le aparta de la causa, deja mal parado su futuro en la carrera
judicial. El motivo de la sanción fue una carta privada, filtrada
a la prensa, en la que el magistrado se solidarizaba con la presidenta
del Consejo de Defensa del Estado, que está siendo sometida a una
campaña de descrédito por la derecha y los sectores más
conservadores del Poder Judicial.
En tercer lugar, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones cambió
en el último minuto su composición, por la repentina baja
médica solicitada por uno de sus miembros, el juez Lamberto Cisternas,
que alegó “problemas de presión”. Este magistrado
votó en su día a favor del desafuero de Pinochet. Su sustituto
automático es el presidente de la Sexta Sala, Raimundo Díaz,
“un connotado pinochetista”, según los abogados querellantes,
que se apresuraron, sin éxito, a presentar una recusación
contra el nuevo integrante de la sala.
Con estos antecedentes empezó la sesión en la Corte de Apelaciones.
La táctica seguida por los abogados de Pinochet, en el recurso
de amparo y en los alegatos del jueves, ha ahondado en supuestos errores
de procedimiento del juez Guzmán, pasando por alto las cuestiones
de fondo. El letrado Pablo Rodríguez Grez basó su defensa
en el argumento de que no ha habido declaración indagatoria del
inculpado al no haber sido interrogado. Losabogados querellantes recordaron,
por su parte, que el juez Guzmán envió a Londres, cuando
Pinochet estaba detenido, un exhorto con 72 preguntas que fue devuelto
en blanco, pero con una carta en la que, entre otras cosas, el general
se declaraba inocente. El magistrado dio por contestado el interrogatorio,
ya que a todo inculpado le asiste el derecho a decir lo que quiera.
La defensa evitó pronunciarse, una vez más, sobre las gravísimas
acusaciones contra el ex dictador que, en su condición de comandante
en jefe del Ejército, envió como oficial delegado al general
Sergio Arellano Stark al frente de una siniestra comitiva que operó
en diversas ciudades del país después del golpe de Estado
de 1973. No hubo ninguna alusión a los fusilamientos de 75 opositores
al golpe que fueron sacados previamente de centros de detención
en cinco ciudades del norte de Chile por la Caravana de la Muerte, de
los que está inculpado Pinochet.
El abogado querellante Alfonso Insunza pidió que se declare inadmisible
el recurso de amparo, que sólo procede cuando hay una detención
ilegal, lo que no es el caso.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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Dime quién
te defiende...
El abogado de la parte querellante, Eduardo Contreras, empezó
su intervención en la Corte de Apelaciones con una alusión
al artículo publicado el jueves mismo en el diario El Mercurio
por Pablo Rodríguez Grez, abogado defensor de Pinochet, como
ejemplo de las presiones sobre los jueces. El texto no sólo
justifica el golpe militar y dibuja un cuadro tremendista de la
realidad chilena, donde, según el autor, las instituciones
democráticas no funcionan bien. Afirma que querer procesar
a Pinochet es una maniobra política y que “la Justicia
que se pretende alcanzar es imposible”. El artículo
sube de tono conforme entra en su recta final hasta proferir, lo
que en palabras del abogado Contreras son “amenazas apocalípticas,
las mismas que pronunciaba cuando era jefe de Patria y Libertad”.
Dice Rodríguez Grez: “La obstinación con que
se pretende implicar al ex presidente de la república en
estos ilícitos puede tener un alto costo, al profundizar
las heridas que afectan al país y distanciar cada vez más
a las Fuerzas Armadas y de Orden de la civilidad. Así comienzan
las grandes crisis y quienes nos gobiernan deberían preverlo”.
Pablo Rodríguez Grez dirigió en el pasado una organización
de claro corte fascista que perpetró varios atentados terroristas
durante el gobierno de Salvador Allende, y alentó el golpe
militar de Pinochet.
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