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Por Cledis Candelaresi
 “Parece ser que cuando
se trata de aumentar no hay problemas y cuando hay que bajar sí”,
resumió ayer el juez Martín Silva Garretón. La orden
que Economía impartió tardíamente a las empresas
de colectivos para que éstas redujeran 10 centavos el valor del
boleto impidió que los usuarios pudieran gozar desde ayer a la
mañana de este beneficio como les hubiera correspondido. La falta
de cumplimiento de la resolución judicial produjo escenas de caos
y hasta de furia entre los pasajeros (ver más información
en la página 4).
“Se está notificando la decisión del juez”, dijo
el presidente Fernando de la Rúa, obligado a intervenir para apaciguar
la irritación luego de los primeros episodios de ira ante la falta
de cumplimiento de la disposición de volver a la tarifa vigente
la semana pasada.
Las empresas argumentaron dificultades técnicas para reprogramar
las máquinas expendedoras, de modo tal que éstas volvieran
a cobrar boletos mínimos de 65 centavos. Poco antes del mediodía,
las cámaras patronales anunciaron en un comunicado conjunto que
se disponían a realizar los esfuerzos necesarios para hacer ese
ajuste y cobrar desde ayer mismo la tarifa sin el aumento. José
Luis Machinea había dispuesto dar marcha atrás acatando
el fallo de Silva Garretón, que hizo lugar a una medida cautelar
contra la suba. La Cámara de Apelaciones tendrá ahora la
última palabra.
“Muchas empresas o propietarios de colectivos pueden no haber tenido
tiempo suficiente para cambiar las máquinas expendedoras, pero
por ello mismo las autoridades fiscales deberían haber contemplado
esta situación”, dijo Silva Garretón.
Un freno tarifario en trenes y subtes podría producirse también
si la semana que viene otro juez, Osvaldo Guglielmino, anuncia un fallo
como el de Silva Garretón, recordó ayer la Asociación
de Defensa del Consumidor y el Usuario (ADECUA).
Según el magistrado, Economía debería haber acatado
la orden de inmediato, transmitiéndosela a las empresas. Sin embargo,
el Palacio de Hacienda eligió el camino de la apelación,
a la que el juez hizo lugar en la tarde del jueves pero otorgándole
“carácter devolutivo”. En otros términos: hasta
que la Cámara de Apelaciones resolviera acerca de si el aumento
correspondía o no definitivamente, éste no debía
ser aplicado.
El punto de partida fue un recurso de amparo presentado por el defensor
del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien cuestionó
el aumento del boleto por haber sido dispuesto sin la convocatoria a una
audiencia pública, tal como exige la ley.
Tanto el defensor como el juez destacaron que, a diferencia de otros servicios
públicos, en el caso del transporte es imposible resarcir a cada
viajero perjudicado por la aplicación de una tarifa incorrecta.
“Machinea tiene cada vez menos sentido común. El es el responsable
de que no se haya notificado a las empresas sobre la suspensión.
Está desobediente, y eso seguramente la Justicia lo tomará
en cuenta”, advirtió ayer el defensor del Pueblo. “El
Gobierno está confrontando con la gente”, dijo Mondino. “No
es sólo este gobierno; hay un Estado que viene avanzando permanentemente
sobre los derechos de los ciudadanos, un Estado que ha roto la armonía.
El Estado tiene los problemas que tiene con la sociedad porque ha roto
ese equilibrio y el ciudadano se siente abandonado por el estado.”
Aun en el caso que Silva Garretón no se hubiera expedido favorablemente,
había otra chance para frenar provisoriamente el aumento. Dos entidades
de Defensa del Consumidor –a una de las cuales pertenece el diputado
nacional Héctor Polino (PSD)– promovieron ayer mismo otro
amparo contra el aumento de colectivos que, en este caso, recayó
en el juzgado de María José Sarmiento.
Polino dijo que “se estaría cometiendo un doble atropello,
por un lado por la forma en que se tomó la medida (del aumento),
un viernes a la nochepara comenzar a regir un domingo a la cero hora,
sin ser publicado en el Boletín Oficial, y por otro porque no se
convocó a audiencia pública, se interrumpió una consulta
que había con asociaciones de consumidores y no se requirió
opinión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones,
lo que originó la renuncia del senador Pedro del Piero, porque
considera que ha sido burlado en sus funciones”.
También en manos de la jueza Sarmiento recayó una cautelar
promovida por la misma organización de consumidores pero contra
la renegociación del Belgrano Norte. Esta revisión contractual
contempla una serie de aumentos tarifarios en el próximo lustro
y los 10 centavos autorizados recientemente por el gobierno son el primero
de esa serie. Sarmiento dispuso un no innovar el 30 de noviembre, lo que
debería haber dejado en suspenso el ajuste antes de que fuera anunciado
por el gobierno.
Para el caso de la línea que opera Ferrovías, Economía
demoró en dar la orden de dejar en efecto el aumento, que llegó
a la empresa recién en la noche del jueves.
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OPINION
Por Martín Granovsky
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La política
no es boleto
Una combinación de torpeza política y picaresca
empresaria terminó nutriendo un nuevo capítulo de
la crisis del boleto.
El Ministerio de Economía había tomado una actitud
inusual, al acatar la decisión de la Justicia de volver atrás
con el aumento. Pero increíblemente no pudo garantizar que
esa decisión se llevara en todos los casos a la práctica.
A primera vista, se trata de un error administrativo. Una resolución
adoptada tras un fallo de la Justicia no bajó con eficacia
hasta corporizarse en el pequeño espacio de la relación
entre el pasajero y la máquina expendedora de boletos.
Pero el error es político. El Gobierno sabía que el
nivel de irritación promedio subió con el aumento,
ya fuera porque representase un egreso mensual mayor para cada usuario
o porque produjera fastidio el hecho de pagar más cuando
no hay inflación ni indexación de salarios. La molestia
aumentó ante las declaraciones del secretario de Transporte
Jorge Kogan a este diario. Según Kogan, al parecer preocupado
más por la estadística que por la política,
el aumento incidiría menos en los sectores más pobres
porque éstos ya ni usan el colectivo.
Disminuir las causas de la irritación y luego el clima de
irritación debería ser un objetivo razonable del Gobierno.
No solo sería mejor para la sociedad. También sería
mejor para el propio Presidente.
Es posible que algunos empresarios hayan jugado con la confusión.
Es posible que se hayan amparado en el problema fiscal de expender
boletos a 80 centavos y cobrar solo 70. Pero parece difícil
imaginar que los problemas y las excusas se hubieran presentado
si el Gobierno hubiera tenido en cuenta todo el impacto concreto
de su decisión.
La falta de presencia del Gobierno es mala para el bolsillo y peor
aún para el estado de ánimo. En el boleto puede estar
encerrada una clave política que a De la Rúa le convendría
develar.
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POR
QUE EL GOBIERNO HACE LO QUE HACE Y DESECHA OTRAS ALTERNATIVAS
Claves para los que andan en la rúa
Por
Maximiliano Montenegro
El tarifazo del
trasporte público de pasajeros desnuda, según el caso, dos
cosas evidentes. Por un lado, la debilidad del Gobierno para negociar
con las empresas concesionarias, aún a costa de sumarle a la cuenta
de la Alianza otro elevado costo político. Por el otro, una grosera
falla en la gestión de la política económica, ya
sea porque no se sabe, no se quiere o no se puede modificar los esquemas
de subsidios más ridículos heredados del menemismo. Aquí
van las claves para entender el problema.
1 Al Ministerio de Economía sólo lo guía una premisa:
crear los incentivos para apurar las inversiones de las grandes empresas
radicadas en el país, aunque esto signifique concesiones inexplicables.
2 Los aumentos de tarifas de subtes, trenes y colectivos responden a
causas diferentes. El negocio de la administración del subte es
rentable, pero las inversiones corren por cuenta del Estado: son obra
pública que trasciende al concesionario. En el caso de los trenes,
en cambio, el Estado subsidia el funcionamiento, la administración.
De otro modo los trenes darían pérdida. En colectivos, la
rentabilidad disminuyó en los últimos tiempos debido a la
suba del precio del gasoil y a la caída de la demanda (el ya famoso
“Efecto Kogan”, sumado a la competencia del transporte trucho).
3 Es incomprensible la razón por la que Jorge Kogan, ex funcionario
de Carlos Menem y secretario de Transportes, dispuso el aumento de los
subtes la semana pasada, cuando había acordado con el gobierno
de la Ciudad que se haría recién a partir del 1 de enero.
Aníbal Ibarra y su secretario de Obras Públicas, Abel Fatala,
recién se enteraron de la decisión del Gobierno la noche
anterior, y mascullaron su enojo. No sólo porque el tarifazo los
encontró a poco de asumir y cuando todavía no pudieron tapar
más que unos pocos baches. Además, si se tomaba al pie de
la letra la addenda del contrato de concesión, firmada el año
pasado, la medida se podría haber postergado hasta julio u agosto
del próximo año.
4 Según funcionarios que se sentaron del otro lado del mostrador
con Metrovías (Grupo Roggio), con ese contrato, firmado por Armando
Canosa, ex secretario de Transporte de Menem, una vez que se iniciaran
las obras de extensión de la línea “E” estarían
dadas las condiciones para el aumento tarifario. Los 10 centavos extra
del cospel representan un ingreso adicional de 30 millones de pesos anuales
–suponiendo que la demanda no cayera–, lo que debería
ir a un fondo financiar obras menores (señalización, reparación
de vías, talleres) y la mencionada ampliación de la línea
Plaza de los Virreyes-Plaza de Mayo hasta Retiro. Sin embargo, para esta
obra recién se hizo el llamado a licitación y, por lo tanto,
ni siquiera se sabe quién la va a realizar. Teniendo en cuenta
los plazos de la licitación, las obras propiamente dichas recién
comenzarían en julio u agosto del 2001, y según expertos
en el tema ese debería ser el momento para dar luz verde al aumento.
¿Cómo se explica que un gobierno que cuenta con armas legales
para aplazar otros seis o siete meses un tarifazo opte por adelantarlo,
justo en el peor momento de la crisis económica y cuando la imagen
presidencial cae en popularidad en las encuestas? Nótese que ese
plazo de facturación con alza de tarifas representa unos 15 millones
de pesos adicionales que se sustraen de los bolsillos de los usuarios.
5 El Estado debe a los concesionarios de ferrocarriles alrededor de 300
millones de pesos en subsidios impagos en los últimos años.
Y es que en cada ejercicio fiscal, Roque Fernández se especializó
en incluirlo como parte de los ajustes que eran requeridos por el Fondo
Monetario. Machinea, otro especialista en la tijera, optó por que
esa deuda y los futuros subsidios los pagaran directamente los usuarios
con la tarifa, con el argumento de que el Estado estaba con sus arcas
exhaustas. Pero, ¿por qué no consolidó esa deuda
con un bono a varios años, como hizo con la deuda con jubilados,
proveedores y otros contratistas del Estado?
6 El problema en el caso de lass tarifas para el servicio de colectivos
parece estar en otro lado, en el “mercado de combustibles”,
que este año ha hecho sufrir más de una vez al Presidente
Fernando De la Rúa. Allí, el manejo oligopólico de
las tres multinacionales que operan en el país (YPF-Repsol, Esso
y Shell), y la pasividad oficial, hizo que los precios del gasoil acompañaran
la vertiginosa suba del petróleo, relación directa que no
se había verificado cuando la tendencia era a la baja. Con costos
notablemente crecientes, la única forma de que un negocio privado
no suba los precios es arbitrando desde el Estado otro tipo de políticas.
Por ejemplo, el Estado pierde 235 millones de pesos –según
figura en el Presupuesto– por el “subsidio” a los autos
particulares gasoleros, neto del impuesto que pesa sobre ellos. Más
simple: el Estado resigna ingresos con una menor carga impositiva al gasoil,
sin fijarse si lo usa un chacarero, una empresa de transporte público
o un aficionado al turismo aventura de fin de semana en una 4X4 de 50
mil dólares. O sea: mientras algunos reciben un subsidio innecesario,
sufren un aumento de tarifas los que andan en la rúa.
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