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 El Senado bonaerense dio media
sanción a un proyecto de ley que establece que, desde el año
próximo, todos los 24 de marzo se realizarán actos “de
reafirmación de la democracia” y de “repudio al terrorismo
de Estado” en todos los establecimientos de la administración
pública provincial, incluidos los de las fuerzas de seguridad.
El autor de la iniciativa, el senador frepasista Eduardo Sigal, justificó
la norma al decir que “el recuerdo del golpe de Estado de 1976 debe
servir para condenar el terrorismo de Estado y a la vez para reivindicar
la democracia y rescatar nuestra memoria”.
La “Ley Provincial de la Memoria” también establece que
el 24 de marzo de 2001 se colocarán en todo el territorio provincial
placas con leyendas alusivas a los objetivos de la ley en los lugares
en donde funcionaron campos de concentración durante la última
dictadura militar. Además, en la fecha mencionada, las dos cámaras
legislativas bonaerenses harán sesiones especiales.
“Si bien existe una corriente cultural de repudio al golpe, ahora
queremos darle un marco legal”, afirmó Sigal a Página/12.
De aprobarse en la Cámara de Diputados, la norma empezará
a regir el año próximo, cuando se cumplan veinticinco años
del golpe militar que instalara en el poder a la dictadura más
sangrienta de la historia argentina. Actualmente, varios jerarcas militares
cumplen condenas de prisión domiciliaria por el robo de hijos de
desaparecidos, pero cientos de represores pudieron evadir a la Justicia
gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y a los indultos.
Eso sí, todos temen salir del país porque pueden ser detenidos
por delitos de lesa humanidad.
Ya desde 1996, por disposición de la ley 11.782, en cada aniversario
del golpe se realizan en todas las escuelas de la provincia de Buenos
Aires actividades de repudio al terrorismo de Estado y de revalorización
de la democracia y los derechos humanos. Por este antecedente, entre los
fundamentos de la ley se asegura que “es imperioso que el Estado
provincial asuma totalmente sus obligaciones en cumplimiento del deber
de la memoria”.
Lo novedoso del proyecto aprobado en el Senado es que por primera vez
se incluye a las fuerzas de seguridad en la obligación de realizar
actos en defensa de la democracia y en repudio a las violaciones a los
derechos humanos perpetradas por el último gobierno militar. Hasta
el momento, los organismos bonaerenses de seguridad no se han expresado
sobre la ley.
“Después de veinticinco años del golpe, y tras 17 años
ininterrumpidos de democracia, no debería haber resistencia en
las fuerzas de seguridad para comprometerse con el sistema democrático”,
señaló Sigal. “Si existiera algún tipo de rechazo,
estaríamos hablando de que la democracia argentina es débil”,
aseguró el legislador.
Sigal agregó que la norma es “genérica”, y que
como las unidades de las Fuerzas Armadas en la provincia dependen de la
Nación, la ley no puede obligarlas a cumplir con los actos. Sin
embargo, la Policía Bonaerense, al depender del gobierno local,
debería cumplir la norma si ésta finalmente se aprueba.
El proyecto impulsado por Sigal fue sancionado por unanimidad por los
senadores bonaerenses, y se calcula que los diputados lo tratarían
la semana entrante o la siguiente. La norma fue acompañada por
la firma de los legisladores frepasistas Carlos Ruax, Carlos Baldino,
Susana Moledo, Ricardo Vallarino y Marcelo Di Pietro. La justicialista
Sara de Cobacho y el radical Carlos Pérez Gresia también
sumaron su firma al proyecto.
Por otro lado, la norma establece que será la Comisión Provincial
de la Memoria la encargada de ejecutar y planificar las actividades a
desarrollarse el día del aniversario del golpe. En la iniciativa
también se invita “a los organismos de derechos humanos que
lo deseen a participar ampliamente en las actividades” que prevé
la ley. Además se “propone” que los 134 municipios bonaerenses
adhieran a la medida, convocando a actos similares desde los concejos
deliberantes y las instituciones municipales.
Informe: Alejandro Cánepa.
INTIMIDACIONES
A ABOGADOS DEFENSORES DE LOS DD.HH.
Quieren una respuesta de Reutemann
Rompen la puerta de sus estudios
jurídicos, dejan todo desordenado, pero no se llevan ningún
objeto de valor. Amenazan por teléfono y mandan anónimos.
Ese es el tipo de intimidaciones que sufren desde hace meses un grupo
de abogados de Rosario, todos ellos son patrocinantes de los querellantes
en el denominado “Juicio por la Verdad Histórica” que
se inició en esa ciudad por la desaparición de personas
durante la última dictadura militar. Los profesionales amenazados
pidieron una audiencia con el gobernador de San Fe, Carlos Alberto Reutemann,
pero hasta ahora no consiguieron una respuesta.
Los abogados intimidados son Matilde Bruera, Juan Roberto Coria y Juan
Lewis, abogados de organismos de derechos humanos; Vildor Garavelli, abogado
del Sindicato Docente de Santa Fe, asesor de la Central de Trabajadores
Argentinos de Santa Fe y presidente de la Asociación de Abogados
Laboralistas de Rosario; y María Eugenia Caggiano, apoderada de
la Asociación de Trabajadores del Estado seccional Rosario, asesora
de la CTA Rosario y secretaria de Prensa de la Asociación de Abogados
Laboralistas de Rosario.
El Juicio por la Verdad comenzó en julio, y enseguida comenzaron
las intimidaciones. La cronología de los hechos es la siguiente:
 El 20 de julio, Bruera recibió
en su casa un pan de trotyl.
El 23 de octubre, aparecieron
en la ciudad carteles con leyendas “calumniosas e injuriantes”
contra Alicia Gutiérrez, Eduardo Tonioli y Oscar Blando. Un día
después, aparecieron carteles similares con injurias hacia los
militantes Rubén Naranjo e Iván Hernández Larguía.
Y en un escrache organizado por la Comisión de Escrache de Rosario
le tiraron a Bruera volantes con injurias y anunciaron un intimidación
para el 2 de noviembre. En los volantes había una foto de la doctora
que correspondía a un legajo del año 78, “evidentemente
del archivo de la SIDE”.
Efectivamente, el 2 de noviembre,
Bruera recibió dicho llamado. “Feliz Día de los Muertos,
que en paz descanses”, le dijo una voz.
El 7 le llegó un anónimo
a Bruera: “Te vamos a matar de un tiro en la cabeza”, le decían.
También hubo atentados
en los estudios jurídicos y amenazas telefónicas y seguimientos
con autos a militantes de H.I.J.O.S.
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