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 “La Corte tiene que decir
que no, esto es del Congreso”, dijo ayer el presidente de la Corte
Suprema, Julio Nazareno, en referencia al decreto que firmó el
jueves el presidente Fernando de la Rúa destinado a que el alto
tribunal habilite la revisión de las condenas de los 13 presos
por el ataque al cuartel de La Tablada. El Gobierno resolvió agotar
la vía judicial y darle la palabra a la Corte después de
que fracasaran las gestiones con el justicialismo para que el tema fuera
sometido al debate parlamentario. Pero el largo camino de los tribunales,
advirtió el ex presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llevaría
a tener que “lamentar la muerte de los compañeros que están
en huelga de hambre”.
“Hay una tendencia a judicializar temas que son de competencia política
y a politizar temas que son judiciales, como esto que está pasando
ahora”, protestó el riojano Nazareno. “No lo resuelve
la Cámara de Diputados, no lo resuelve el Congreso, no lo resuelve
el Ejecutivo. Bueno, entonces vamos allá (a la Corte)”, ironizó
en declaraciones que hizo en Bariloche, donde preside el Segundo Encuentro
de Consejos de la Magistratura.
Además del titular del máximo tribunal, al menos otros tres
ministros (Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O`Connor y Augusto
Belluscio) piensan -como informó Página/12– que el
recurso extraordinario debería ser presentado por los detenidos.
Al presentarse el Estado como parte quedaría en evidencia, sostienen,
que se trata de un asunto político a ser resuelto en el ámbito
del Congreso. De todas maneras, recordaron voceros de la Corte, existe
jurisprudencia que admite la legitimación de quienes no son parte
–como el Estado en este caso– en pleitos de esta naturaleza.
Y añadieron que los supremos han tendido a favorecer los lineamientos
de los pactos internacionales en cuestiones no especificadas por las leyes.
El 23 de noviembre la Sala II de la Cámara de Casación Penal
rechazó el planteo de los presos del MTP para que se reconsideraran
sus condenas. El tribunal argumentó que no hay ley que lo faculte
a conceder ese beneficio. Sucede que los detenidos fueron juzgados bajo
la Ley de Defensa de la Democracia, que impide la revisión. Los
intentos fallidos en el Congreso por lograr una reforma de esa norma introduciendo
la segunda instancia derivaron en la decisión del Poder Ejecutivo
de sacar el decreto que instruye al procurador del Tesoro, Ernesto Marcer,
para que presente un recurso ante la Justicia. El Gobierno dice estar
comprometido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y aspira a que la Corte Suprema le ordene a
Casación que abra el recurso, tal como lo hizo en el caso de Enrique
Gorriarán Merlo y su mujer, Ana Sívori.
Por su parte, Ortega, que vino a mediar en el caso Tablada, expresó
preocupación por la salud de los atacantes del cuartel. El líder
del Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvo reuniones con
la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y con el ministro del
Interior, Federico Storani. Ambos le pidieron que intercediera para lograr
el levantamiento del ayuno. Ortega dio ayer una conferencia de prensa
con el líder de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
Jorge Soto, y los diputados uruguayos del Frente Amplio Eduardo Bonomi
y Edgar Bellomo. Médicos de la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre que vieron el jueves a los presos internados dijeron que todos
perdieron entre el 25 y el 32 por ciento de su peso, que tienen desnutrición
calórico proteica de moderada a severa, y cualquier afección
los puede llevar a la muerte.
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