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Por Cristian Alarcón
 Uno advierte que la política
de mano dura y la exaltación del discurso contra la inseguridad
quiebran las redes solidarias y provocan un retroceso enorme en la conciencia
de los derechos ciudadanos. Otro plantea que nunca habrá cárceles
suficientes. Que todas las nuevas que se construyan se irán llenando
indefectiblemente y terminarán también hacinadas. El tercero
resume: “Se está repitiendo el fenómeno que ocurría
en el siglo XVII: las penalidades excesivamente duras hacen que la ley
pierda su vigor. Y los principios del derecho que a fines del siglo XVIII
lograron superar esa etapa de oscurantismo ahora vuelven a ser actuales.
E incluso son de vanguardia”. Quien hace ese diagnóstico es
el español Manuel Rivacoba y Rivacoba, profesor titular de Derecho
Penal de la Universidad de Valparaíso. Los otros son Juárez
Tabares (de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y presidente
de la Asociación de Profesores de Derecho Penal brasileños)
y Juan Bustos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago
de Chile. Los tres pertenecen al grupo de académicos del derecho
más importante de la región y fueron convocados a Buenos
Aires para presentar el nuevo Tratado de Derecho Penal elaborado durante
los últimos cinco años por el penalista Raúl Zaffaroni.
Los tres discutieron ante Página/12 sobre la realidad más
cruda, lejos de los discursos autistas y cerca de una visión apocalíptica
de las leyes y sus efectos.
–¿Cómo fue virando hacia la derecha el discurso sobre
la seguridad ciudadana en sus países? ¿Ha llegado esa ola
de endurecimiento a las leyes como se busca en la Argentina?
JB: En Chile, en los primeros años de la democracia hubo una especial
dirección garantista. Desde mediados de los noventa, con la configuración
de la fundación Paz Ciudadana se empezó a dar vuelta el
discurso hacia uno de temor, miedo, exaltación del delito, con
una gran propaganda de los medios que están todos en manos de la
derecha. Esto ha generado una enorme inseguridad subjetiva, en paralelo
con una campaña contra la droga.
MRR: Quieren hacer una reforma del código penal a la cual le tengo
mucho miedo. Me he convertido en un defensor del código actual,
con todos sus defectos técnicos, pero con un principio garantizador
y democrático.
–¿Eso también pasó en Brasil?
JT: Al fin de la dictadura aparece un movimiento de garantismo, porque
era la consecuencia de una condensación de opiniones contra la
persecución. Después de la democracia hubo un fenómeno
al revés. El enemigo político opositor al régimen
deja de ser el enemigo público del Estado, y el lugar pasa a ser
para el criminal común. Ese criminal pasa a ser el motivo de la
represión y la izquierda pasa a ser parte del grupo de la represión.
Dice, tenemos que combatir la droga, las drogas enferman a la juventud,
están en las favelas. Este movimiento garantista se va debilitando,
al punto que hoy es representado por pequeños grupos quijotescos
en contra de los medios y de la tendencia. También cambió
el enemigo interno, que son los sectores marginalizados, especialmente
los jóvenes pobres.
–Bajar la edad penalizable parece una tendencia en todo el mundo.
JT: Ahora hay una campaña nacional en Brasil donde se insiste en
que un niño de doce años es responsable de sus actos. El
PT mismo admite bajar a 16 la edad punible.
–Uno de los principales temas en discusión en Argentina es
el régimen de libertad progresiva.
MRR: En Chile, la intención es reducir las libertades provisionales
hasta hacerlas casi desaparecer y así institucionalizar cada vez
más, crear nuevas cárceles, que dicho de paso es un buen
negocio para todos. Luego el paso siguiente será privatizar la
prisión. JT: Hay un tema: nunca habrá las cárceles
suficientes, o sea que es un gran negocio. En España, durante toda
la época del PSOE se crearon más cárceles que nunca;
durante dos siglos no se habían abierto tantas cárceles
como en esa época. Al terminar el período del PSOE todas
las cárceles estaban hacinadas.
–Ustedes describen el mismo fenómeno de pánico moral.
¿Cuáles son los efectos?
JB: Lo que uno ve en la realidad es primero que el miedo de la gente provoca
inmovilidad, desconfianza del vecino y del otro. Se quiebran las redes
solidarias, la participación, la expresión política,
de hecho todo se centra en el problema de la seguridad. Con ello hay un
retroceso enorme en la conciencia de los derechos ciudadanos. Todos los
espacios públicos también se pierden. Así se consigue
una sociedad que se aísla, se concentra.
–¿Han disminuido con ello la criminalidad?
JT: Nada de nada. Es que es un absurdo, las criminalidades no disminuyen,
sino que marcan una curva que sube y baja y con diversificación
de modalidades. Cuando en una zona se mete policía la criminalidad
se muda, o cambia de negocio. Antes, la principal causa era el hurto,
hoy es el robo, o el tráfico de drogas. En algunas regiones el
secuestro. Así se varía, como en el mercado.
–Aun con esa variable el narcotráfico parece ocupar el lugar
central para el modelo de represión que viene.
JB: Ahora en Chile viene una reforma de la ley de drogas que va a ser
más dura con el consumo, con la idea de que si no hay consumo no
hay tráfico. Hay una tendencia terrible hacia la gran arma del
control, sobre tú y tus amistades. Si eres amigo de una abogado
que defiende a un microtraficante, ya estás señalado. El
control se ha hecho cada vez más brutal sobre la base de la droga.
–Es el nuevo instrumento para el panóptico de siempre.
JT: En Brasil, el control llega a las cámaras de televisión
para el control ambiental. Se está discutiendo una ley en el Parlamento
para autorizar las escuchas y las imágenes ambientales para vigilar
a las personas secretamente. Y ahí se había discutido una
cosa terrible, que es si podrían poner cámaras en el cuarto
de un matrimonio con autorización judicial.
MRR: Ocurre lo mismo que en la Inquisición. Ahí se empleaba
la constricción física, el dolor, el aniquilamiento vital.
Ahora lo que se emplea es el temor, y ofrecerte ciertas ventajas si tú
colaboras para que incluyas a otro más en el sistema penal. Y con
la tortura incluso, en casos extremos, el preso llega a inventar una historia
criminal para acusar a gente que no tenía nada que ver. Porque
así colabora eficazmente con la policía y él obtiene
una rebaja de la pena.
–¿Cuál es la tendencia si se llega al límite
de la expansión penitenciaria como en España?
JT: Veo en Brasil que el Estado entró en un sistema de bancarrota,
no tenía plata para sustentar programas sociales. Tampoco tenía
plata para mantener tanta gente en la prisión y por eso incrementa
la participación de programas alternativos a la cárcel y
horizontaliza la represión, la amplía. Usa una trampa, la
de las penas alternativas. Al tener penas cada vez más terribles
se genera una contradicción en el juez que la aplica. Al aparecer
la alternativa de un trabajo comunitario o de una multa, entonces casi
sin importar si es culpable, si hay pruebas, se le da la pena alternativa,
porque no hace mal.
–O sea que la pena desmedida que marca la ley invoca una última
racionalidad garantista hasta en el juez más reaccionario.
JT: Por increíble que parezca, los jueces más garantistas
son los jueces de los tribunales superiores, que eran tradicionalmente
los más conservadores. Ahora tienen una cierta comprensión.
MRR: En ese sentido es que se vuelve a un neoiluminismo, al fenómeno
que ocurría en el siglo XVII: las penalidades excesivamente duras
hacen que la ley pierda su vigor, su seriedad. Cuando las penas son demasiado
graves, el juez con una mínima sensibilidad le busca la vuelta
para no aplicar una pena inhumana. Tal como están las cosas, los
principios de fines del siglo XVIII son ahora la vanguardia.
–La modificación del sistema penal también debe tener
su efecto económico.
JT: En Brasil hay un proyecto nuevo de reforma del código penal
que es desastroso. Uno de los principios es la eliminación de la
suspensión condicional de la pena. La condena lleva a la cárcel,
así tenga dos años o cuatro meses, va a la cárcel.
O está sometida a las penas alternativas. En este sentido, hay
una campaña para aplicar las penas de multa. Yo no me explicaba
por qué un país tan miserable iba a sacar plata. Pero descubro
que amplían el plazo de pago de dos a cuatro años y que
una pena de multa no paga puede ser considerada como un crédito
positivo más del Gobierno Federal frente al FMI. “Tenemos
tanto dinero, incluso este dinero que nuestros ciudadanos deben en multas.”
Así, la criminalidad que genera el modelo va a enriquecer y sostener
hasta ir adquiriendo valor la cuenta que se debe saldar con el FMI.
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