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Por Adriana Meyer
 La Justicia rechazó
una denuncia contra los presos del Movimiento Todos por la Patria (MTP):
un abogado había considerado que la huelga de hambre que realizan
desde hace casi 100 días constituye el delito de amenaza, pero
los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado desestimaron la acusación.
Y en su dictamen señalaron la necesidad de modificar la legislación
que impide la revisión de las condenas a cadena perpetua que recibieron
por el ataque al cuartel de La Tablada, en 1989. “Las declaraciones,
derechos y garantías que contiene la Constitución nacional
y los tratados internacionales incorporados no son simples fórmulas
teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que
los contienen posee fuerza obligatoria para los individuos, las autoridades
y para toda la Nación”, escribieron citando fallos de la Corte
Suprema de Justicia.
El abogado Jorge Patricio Vergara acusó a Enrique Gorriarán
Merlo, Roberto Felicetti, Luis Alberto Díaz, Miguel Aguirre, Claudio
Rodríguez, Carlos Motto, Gustavo Messutti, Jorge Moreyra, Sergio
Paz, Claudio Veiga, Ana María Sívori, Claudia Acosta y Antonio
Puigjané, además del vocero del grupo Adrián Witemberg,
de haber violado el artículo 149 del Código Penal. El inciso
2 A establece una pena de 5 a 10 años de prisión para quien
“hiciere uso de amenazas con el propósito de obtener alguna
medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes
públicos”.
La denuncia recayó en el juzgado de Carlos Liporaci, quien dio
intervención a los fiscales Freiler y Delgado para que decidieran
si existía o no delito en el planteo de Vergara. El letrado sostuvo
que los presos pretenden a través de una huelga de hambre obtener
una ley que les otorgue la calidad de procesados mediante el dictado de
una norma especial para acceder a la libertad, o bien un decreto del Poder
Ejecutivo Nacional “persiguiendo el mismo norte: la libertad”.
Los fiscales entendieron que la presunta conducta delictiva de los ayunantes
“responde, nada más y nada menos, que al pleno ejercicio del
derecho consagrado en el artículo 14 de la Constitución
nacional: peticionar a las autoridades para obtener una respuesta estatal
de cara a gozar del pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio”.
Tras reseñar que los presos de la Tablada fueron juzgados bajo
la Ley de Defensa de la Democracia (23.077), que no prevé la segunda
instancia judicial que les hubiera permitido acceder a una apelación
de sus condenas, Freiler y Delgado recordaron que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a la Argentina que adoptara
las medidas necesarias para hacer plenamente efectiva la garantía
judicial del derecho de apelación de las personas procesadas bajo
esa ley.
Luego fueron a la esencia del planteo: analizaron si la huelga de hambre
resulta un medio ilegítimo para obligar a los miembros de los poderes
públicos a otorgarles la libertad. En otras palabras, indicaron
que su labor consiste en “dilucidar si exigir el cumplimiento de
obligaciones internacionales contraídas por el Estado e incorporadas
al texto constitucional se traduce en un medio de coacción ilegítimo”.
La respuesta que dieron fue concreta: la medida no tiene el objetivo de
obtener o “arrancar” una medida sino tener la posibilidad efectiva
de recurrir ante un órgano competente que permita ejercer todos
los actos razonablemente encaminados a una “idónea defensa
de las personas y sus derechos”. Y concluyeron que, “lejos de
tratarse de una amenaza, la actividad denunciada sólo constituye
un medio de protesta que en nada coarta la libertad de acción de
los actores que ejercen el poder público”.
| A veinte años
del Nobel
Con la presencia de dirigentes latinoamericanos como el ex presidente
de Nicaragua Daniel Ortega, y la adhesión de los organismos
defensores de derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)
celebró el viernes a la noche el 20º aniversario de
la otorgación del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez
Esquivel. Además de Ortega, se encontraba en el teatro Bambalinas
una delegación del Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaros, de Uruguay, Pablo Monsanto, de la Unidad Revolucionaria
Nacional de Guatemala, así como representantes del CELS,
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos
y Desaparecidos por Razones Políticas, la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos, APDH, MEDH y Abuelas de Plaza de
Mayo. Entre los asistentes también se encontraba Piero y
el cineasta Gerardo Vallejos. Pérez Esquivel recordó
que cuando recibió el Premio Nobel, lo hizo en nombre “de
todos los pueblos de América Latina que luchan por la paz”.
Al mismo tiempo reclamó que las autoridades resuelvan en
forma urgente la situación de los presos de La Tablada. Durante
el acto, se otorgó el Memorial de la Paz a la agrupación
Memoria Activa así como a otros organismos y personalidades.
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