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 Las elecciones norteamericanas
volvieron a darse vuelta ayer, esta vez a favor de los republicanos. El
viernes el vicepresidente demócrata Al Gore se había anotado
una victoria potencialmente decisiva cuando la Corte Suprema del estado
de Florida había autorizado el recuento manual de 43.000 votos
cuestionados y la inclusión de recuentos anteriores, que lo situaban
a tan sólo 154 votos de la presidencia. Su rival, George W. Bush,
apeló ante toda instancia posible. Ayer, mientras se tramitaban
esos recursos, el recuento manual comenzaba en varios condados y en la
capital estadual Tallahassee, donde se habían llevado 9.000 votos.
Los primeros resultados fueron ambiguos, pero para ese entonces ya no
importaba: la Corte Suprema federal en Washington ordenó la congelación
del recuento hasta que se pronunciara sobre la apelación. La audiencia
para hacerlo comenzará mañana a la mañana.
Como en la decisión del viernes de la Corte estadual, en su decisión
de ayer la Corte Suprema estuvo fuertemente dividida. Cinco de los jueces
votaron a favor de la apelación de Bush y cuatro en contra. La
división era la misma notada durante los interrogatorios en la
anterior audiencia, la semana pasada. En esa ocasión la Corte había
logrado forjar un consenso y resolvió por unanimidad pedirle a
la Corte Suprema de Florida que reconsiderara su decisión de permitir
un recuento manual limitado. Pero ayer fue imposible ocultar la fractura.
Al argumentar a favor de la decisión mayoritaria, el juez Antonin
Scalia subrayó que creía que los argumentos de Bush eran
los más fuertes. En su opinión disidente, el juez John Paul
Stevens advirtió que “impedir el recuento pondrá inevitablemente
una sombra sobre la legitimidad de la elección”. En todo caso,
la relación de fuerzas que reveló la votación de
ayer no es un buen augurio para Gore. Estos ya se estaban congratulando
por su victoria del viernes en obtener un recuento manual de los votos
que no habían sido contabilizados por las máquinas automatizadas.
Se estima que suman entre 43.000 y 65.000, y que la mayor parte favorecería
a los demócratas. Ayer a la mañana el juez Terry Lewis ordenó
formalmente el recuento de los 9.000 votos reunidos en el tribunal de
Tallahassee. Ya había ocho jueces y 25 equipos de empleados judiciales
para realizar el escrutinio. Lewis indicó que la tarea debía
concluir para hoy a las 14:00, y los responsables estimaban que el plazo
era suficiente. En los otros condados, las juntas electorales comenzaron
sus procesos propios para recontar los votos dudosos. Los resultados preliminares
eran conflictivos, pero los demócratas estaban confiados. Gore
aseguró sonriente que “esto es algo que contaremos a nuestros
nietos”.
La contracara al optimismo demócrata lo presentaban los feroces
intentos de los abogados de Bush para congelar los recuentos. Una primera
apelación lanzada ante la Corte Suprema de Florida (la misma que
les falló en contra el viernes) fue naturalmente rechazada. Una
segunda, ante la Corte de Apelaciones Federales en Atlanta, produjo un
resultado ambiguo, pero esperanzador: los conteos no se detendrían,
pero los resultados no podrían ser oficializados hasta que la Corte
Suprema en Washington se decidiera sobre el tema. Las presentaciones republicanas
ante ese tribunal fueron entonces altamente dramáticas. “La
decisión (de la Corte de Florida) ignora la Constitución
y promueve la arbitrariedad y el caos”, argumentaron los abogados.
El mismo material que iba a ser escrutado ya no era fiable: “Las
boletas de votación están tan degradadas que ya no son las
mismas”. En su intervención escrita, el equipo de Gore advertía
que “acceder a la demanda (republicana) podría causar un daño
irreparable al interés público”. Pero cinco jueces
no le creyeron y ordenaron suspender el recuento.
El alivio era palpable entre los republicanos. “Nada ha sido más
significativo para nuestro liderazgo”, aseguró el representante
de Bush en Florida, James Baker. “Sencillamente no es juego limpio
cambiar las reglas luego de que el partido se jugó”, concluyó.
Los demócratas, públicamente al menos, no se desalentaron.
El abogado estrella de Gore, David Boies,consideró que la orden
de la Corte Suprema significaba “cambiar las reglas del juego”,
usando las mismas palabras que Baker: “Esto es un asunto a dilucidar
por la ley estatal y la Suprema Corte no debe intervenir. Nosotros no
creemos que esto sea una crisis constitucional”.
Teóricamente, la fecha límite para resolver la crisis es
el martes, cuando los estados deben enviar sus compromisarios al Colegio
Electoral. Sin embargo, Boies argumentó ayer que había tiempo
hasta el 18 de diciembre, el día cuando el Colegio emite su voto.
Judicialmente, la crisis puede tomar dos caminos: a) La Corte Suprema
falla a favor de Bush y desautoriza los recuentos manuales. En ese caso
Gore no tiene otra instancia donde apelar y deberá reconocer la
derrota. Pero si, b), la Corte abre la puerta al recuento manual, comenzaría
una crisis en Florida entre el poder judicial y el legislativo (dominado
por los republicanos) que podría culminar con el envío de
dos listas separadas al Colegio Electoral. En ese caso, el árbitro
será el Congreso en Washington.
La opinión pública no ofrece argumentos para ser expeditos.
Una encuesta publicada ayer por la revista Newsweek reveló que
el 54 por ciento cree que lo más importante es que se aclaren todas
las dudas sobre el resultado de las elecciones, contra sólo un
42 por ciento a favor de terminar todo lo antes posible. Por otra parte,
un 52 por ciento desaprueba el manejo de Gore de la crisis, mientras que
el 56 por ciento aprueba la de Bush. Sobre el recuento manual, el sondeo
no aporta ninguna guía: el 47 por ciento está en contra
y el 46 a favor.
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Claves
 Ayer la Corte Suprema
federal en Washington ordenó detener los recuentos manuales
en Florida que autorizó la Corte Suprema estadual. Esto perjudica
mucho al candidato demócrata Al Gore, que esperaba triunfar
con el conteo manual de 43.000 votos ignorados por las máquinas
de escrutinio.
La decisión de
ayer fue de 5 jueces contra 4, lo que podría anticipar el
resultado de la audiencia formal que comenzará mañana.
La fecha límite
es el martes, cuando Florida debe enviar sus electores al Colegio
Electoral. Pero el equipo de Gore habla de seguir peleando aun después.
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OPINION
Por Claudio Uriarte
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Avanza la erosión
“Las boletas de votación están tan degradadas
que ya no son las mismas que el 7 de noviembre de 2000”. Esta
inobjetable observación material del republicano James Baker
puede trasladarse al conjunto de una elección presidencial
que tampoco es la misma ahora que en el día en que se votó:
antes se elegía entre dos candidatos, uno más conservador
y otro más moderado, y los que decidían eran los votantes;
ahora se elige entre distintas interpretaciones de la ley, y las
que deciden son unas cortes tan poco apolíticas como para
que las preferencias individuales de sus miembros determinen resultados
que además aparecen puestos en duda por la extrema paridad
de los votos.
En una primera instancia, la Corte Suprema de Justicia en Washington
le había pedido a su homóloga de Florida que reconsiderara
su decisión de permitir los recuentos manuales de votos.
Los nueve jueces de Washington llegaron a este pedido por consenso,
lo que indicaba que, al menos en el balance entre la letra de la
ley y sus distintas interpretaciones, la decisión de Florida
resultaba cuestionable. Florida respondió entonces con una
votación dividida: cuatro jueces votaron a favor de proseguir
y aun ampliar los recuentos manuales, mientras tres lo hicieron
en contra. El juego volvió a Washington, que entonces sí
se dividió, con cinco jueces a favor de detener hasta la
audiencia de mañana los recuentos manuales y cuatro en contra.
En este caso, los dos jueces –Anthony Kennedy y Sandra Day
O’Connor– que actúan de bisagra moderada entre
liberales y conservadores y que en muchos casos han tomado partido
por los primeros, decidieron esta vez en favor de los segundos.
Esto es porque el recuento infinito y sin límite de tiempo
hasta el último voto claramente es una reescritura de la
ley estadual, una decisión menos inspirada en un principio
de democracia a ultranza de los jueces que en su mayoritaria afiliación
a los demócratas. Sin embargo, y como hemos visto, incluso
estos jueces demócratas se dividieron entre sí en
el último momento.
El resultado neto es una erosión todavía mayor de
la legitimidad del resultado final, donde la polarización
del electorado ha empezado a reflejarse en la polarización
de las cortes, y donde ninguna instancia promete el mínimo
de consenso que debería requerir el ascenso de un nuevo presidente.
Y va a ser mucho peor si las decisiones finales se trasladan al
Congreso en Washington. El nuevo presidente asumirá sobre
un país polarizado y faltará mucho hasta que logre
superar el rol de mero administrador de una crisis nacional.
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