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 Vuelven a Chile los planteos
militares, pero ahora con aspiraciones “finalistas”. De acuerdo
con un medio electrónico de Santiago, en la reunión del
Consejo de Seguridad Nacional a la que el presidente Ricardo Lagos aceptó
convocar bajo presión militar, el ejército solicitará
una ley de punto final a los procesos por violaciones a los derechos humanos.
De esta manera, lo que empezó pareciendo una mera ocasión
de protesta contra el procesamiento y la orden de arresto contra el ex
dictador Augusto Pinochet terminaría resultando algo bastante parecido
a un ultimátum: o se acepta impulsar la ley o habrá –en
una terminología que parecía desusada- “inquietud militar”.
Y lo que parecía una transición relativamente suave hacia
el pleno estado de derecho aparecerá cuestionada.
El miércoles pasado, luego de haberse negado en reiteradas ocasiones,
Lagos aceptó finalmente la petición de los jefes de las
Fuerzas Armadas de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena),
una instancia consultiva entre el ejército y las autoridades civiles
para los casos en que el orden constitucional se encuentre amenazado.
El motivo ostensible del pedido militar era el procesamiento y la orden
de arresto a Pinochet por parte del juez Juan Guzmán Tapia, que
fueron congelados por una decisión de la Corte de Apelaciones de
Santiago hasta que ésta fallara sobre el recurso de amparo que
inmediatamente accionó la defensa del ex dictador. Lagos, al ceder
a los reclamos militares, se reservó sin embargo una carta: el
Cosena sería convocado, pero sólo una vez conocido el fallo.
Y esto ocurrirá mañana, cuando la Corte de Apelaciones decida
sobre la apelación al procesamiento contra Pinochet como autor
intelectual y coautor del delito de secuestro calificado en 18 casos de
desaparecidos y de 58 ejecutados en el caso “Caravana de la Muerte”.
Si aceptan el hábeas corpus, se anulará la medida que ordenó
el juez Juan Guzmán.
Según el diario electrónico local Primera Línea (dependiente
del gubernamental diario La Nación de Santiago), en la reunión
del Cosena los militares le pedirán a Lagos una ley de punto final,
para terminar con numerosos juicios por violaciones a los derechos humanos
iniciados contra uniformados activos y en retiro. De esta forma, descartaron
que el motivo de la cita fuera exclusivamente el caso Pinochet. Según
el medio, este camino corresponde “al convencimiento del ejército
que, a estas alturas, resulta prácticamente imposible sustraer
al octogenario general de manos de la Justicia”. Citando fuentes
del Ministerio de Defensa, se añade que el ejército cree
que llegó el momento de iniciar un camino que conduzca al cierre
de los procesos, “única fórmula válida y definitiva
para la institución, aunque en esta rama castrense existe conciencia
de la dificultad que conlleva este objetivo en el corto plazo”. Asimismo
se argumentó que los uniformados ofrecerían información
sobre el paradero de los detenidos desaparecidos en Chile (unos 1200)
a cambio de que el gobierno haga lo necesario para avanzar hacia el punto
final.
La rama castrense plantearía en el Cosena que se necesita una nueva
ley de amnistía o una modificación profunda a la actual
(plenamente vigente entre 1973-78), ya que ésta ha sido reinterpretada
por los jueces y se permite el derecho de investigar los hechos, antes
de proceder a amnistiar. Además, consideran un delito permanente
la desaparición de personas hasta que se encuentren los cuerpos.
El nuevo articulado tendría por objetivo que no se investiguen
los hechos ni menos la identidad de los autores, de acuerdo con el medio.
El 98,2 por ciento de las desapariciones y el 73,5 por ciento de las 2095
ejecuciones ocurrieron entre 1973 y 1978, período cubierto por
la amnistía. Vale decir, el 82 por ciento del total de las víctimas
de la dictadura.
La versión periodística indica que, a cambio del punto final,
el ejército se esforzaría en entregar la máxima cantidad
de cuerpos y en los casos en que no se encuentren —que se estima
será la gran mayoría— ofrecerán un certificado
donde conste la identidad, el lugar y la fecha de ejecución. Pero
no queda claro qué hará el ejército si el punto final
no ocurre y esa incertidumbre puede ser la mejor carta del apriete militar.
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