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Por
S.V.
 La
demanda de un particular por el cobro de su herencia sacó a luz
una sorprendente historia que involucra en la evasión de divisas
a un importantísimo banco americano, dos de cuyos funcionarios
ya fueron indagados, y al Banco Central, que cajoneó durante dos
años la comunicación judicial que le indicaba la conveniencia
de investigar las oficinas desde las que, se sospechaba, el Citibank realizaba
operaciones violatorias de la ley.
Cuando llegó a la Argentina en la posguerra, el italiano Juan Bautista
Boddi decidió emprender una nueva vida. En todo sentido. Se estableció
en la zona norte, montó una fábrica de repuestos y formó
otra pareja. En su país habían quedado su mujer y su hijo
Guido, que todavía era un adolescente cuando desembarcó
en Buenos Aires para reunirse con su padre. Fue recién entonces
que tuvo noticias de la nueva compañera de su padre, una maestra
de la localidad de Azul. Una de las cosas que notaría el recién
venido fue que, a diferencia del “suo paese”, aquí proliferaban
las escuelas privadas. Y alentó a su padre a fundar una, con un
préstamo de 300 mil pesos de unos compatriotas. Eso y sus ahorros
le alcanzaron para comprar un terreno y construir lo que sería
el colegio Leonardo Da Vinci. En 1961, los caminos comerciales de ambos
se bifurcaron. Boddi hijo comenzó a trabajar en el Banco Popular
y al poco tiempo armó su propia financiera. Boddi padre ganó
dinero a raudales con el colegio, no sólo por la enorme cantidad
de alumnos inscriptos sino porque los subsidios del Ministerio de Educación
eran tan elevados que alcanzaban para amortizar los gastos de funcionamiento
de la institución. Así, más del 50 por ciento de
la matrícula se fue acumulando en depósitos que terminaron
en una cuenta de Banca Privada del Citibank.
El cáncer alejó progresivamente a Boddi padre de sus negocios:
delegó la administración del colegio, se compró un
departamento de 140 metros en Belgrano y un campo de 500 hectáreas
en Cacharí. En diciembre de 1988 murió en una clínica
de Azul. En el juicio sucesorio se declararon el departamento, una finca
en Azul, el campo de Cacharí, un Dodge Coronado, una Pick Up Toyota,
un depósito en dólares en la sucursal Milán de la
Banca di Roma por 7 mil dólares, plazos fijos por 20 mil y otros
depósitos a plazo fijo y caja de ahorros en el Citibank NA Private
Banking Group de Nueva York por 150 mil. Pero además, y es lo que
interesa en esta historia, de acuerdo con lo que declararía luego
Boddi hijo había una suma mucho mayor –que un acuerdo privado
fijó en 6 millones– y no sólo en el Citibank de Nueva
York sino también en el Citicorp de Suiza y en una cuenta en Bahamas.
El poncho no aparece
Según el relato que el denunciante haría en sede judicial,
a la hora de resolver el destino de los 6 millones convino con su madrastra
el reparto de esa suma a partes iguales. El trato se concretaría
en las oficinas del Citibank, en la calle San Martín 140, dirección
a la que el heredero ya había concurrido por indicación
de Pedro Ruiz, quien desde el Citi de Nueva York funcionaba como “manager”
de las operaciones bancarias de su padre. Ruiz le había indicado
que allí, en el décimo piso donde estaba el sector de “Banca
Privada”, encontraría a Francisco Lolo Veraldi, representante
en la Argentina de las mencionadas cuentas.
El segundo encuentro con Veraldi se llevó a cabo esta vez en el
séptimo piso. La cifra que, según Boddi hijo, le ofrecieron,
nada tenía que ver con lo acordado y el frustrado heredero se retiró
sin dinero pero con una tarjeta de certificación de firma que lo
formalizaba como autorizado en la cuenta de su padre y de su madrastra.
La tarjeta estaba rubricada por el propio Veraldi, pertenecía al
Citicorp Banca Privada de Suiza y fue una de las pruebas que acompañaron
la denuncia que en febrero de 1992 presentó ante el Juzgado 26
de Guillermo Rawson Paz, Secretaría 155 de HoracioMurature. Así
se inició la causa 20.182/96, caratulada como “Citibank s./Defraudación”.
Donde dije digo, digo diego
El juez Rawson Paz citó a Veraldi. Este dijo haber sido vicepresidente
del Citi de Buenos Aires (un puesto que las grandes compañías
americanas asimilan al de gerentes), pero que a la fecha actuaba en las
oficinas de San Martín 140 contratado por el Citibank Nueva York.
Por lo demás, agregó, no conocía como clientes al
fallecido Juan Bautista Boddi ni a su compañera. Expresó,
eso sí, que “en San Martín 140 piso 7 se manejan las
cuentas de clientes del Citi en el exterior”. Consultado, el Citi
porteño dijo desconocer la existencia de cuentas a nombre de Boddi
padre y también que ignoraba qué funciones cumplía
Veraldi en San Martín 140.
Frente a tanto misterio, el 11 de mayo de 1993 el juez allanó la
sede de la calle San Martín. Al frente de la oficina se encontraba
Javier Crespo. En el procedimiento se secuestraron formularios para apertura
de cuentas en el exterior, inversiones en el extranjero, poderes de representación
y una carta dirigida a Crespo por una ciudadana venezolana con instrucciones
para entregar una suma de dinero a una residente en la Argentina. La autorización
del pago llevaba la firma de un funcionario del Citibank: Alejandro Buteler.
Como consta en el acta labrada durante el operativo, Crespo sostuvo que
en las oficinas “se realizan funciones de asesoramiento, inversiones
tanto nacionales como internacionales” y agregó que las instalaciones
de San Martín 140 eran de “representación del Citicorp
de Suiza y el Citibank de Nueva York”. Preguntado acerca de la documentación
con la que trabajaba y certificaba la realización de esas actividades,
Crespo respondió que los papeles se encontraban en el exterior.
A esa altura, y llamados de urgencia por Crespo, dos letrados habían
llegado para presenciar la requisa: Daniel Saint-Jean y Pablo Maggio,
abogados del Citibank Buenos Aires. Ese día, la policía
bancaria secuestró solicitudes de cuentas corrientes del Citicorp
Investment Bank y otros formularios del Citibank Private Banking Group
WH, con sus correspondientes registros de firma. También fue incautada
una circular interna con instrucciones referidas a operaciones en el exterior
y sembradas de frases sugestivas: “nos ayuda a sacar las papas del
fuego” o “no incluyan nombres de clientes en los comentarios”.
A 35 días de haber ordenado el allanamiento, el juez Rawson Paz
fue ascendido y su lugar ocupado por el secretario Horacio Murature.
En agosto, tres meses después del allanamiento, el “citibanker”
Veraldi volvió a declarar. Aceptó que desde Buenos Aires
se puede “solicitar el cierre” de una cuenta en el exterior
y efectuar “una transferencia de saldo y cobrarlo aquí. También
se puede depositar aquí y transferir al exterior (...); esto en
la actualidad (...), ya que a la época de la firma de la tarjeta,
en 1989, eso no se podía hacer”. Veraldi afirmó que
“la oficina de transferencias se encuentra en la Casa Central (del
Citibank), en el primer entrepiso”. En su cuarta declaración,
Veraldi aseguró que “en San Martín 140 piso 7 funcionaban
las oficinas de Banca Privada del Citibank (...), dependiendo esas oficinas
de la sucursal argentina”, aunque aseguró que allí
no se abrían cuentas en el exterior.
El juez Murature solicitó entonces al Central que informara si
en la calle San Martín 140 funcionaba una sucursal del Citi o si
había otorgado autorización para que en ese lugar desarrollaran
actividades el Citibank de Nueva York, el Citicorp Bank Switzerland o
el Citicorp Center Group. El Banco Central hizo saber que no figuraba
en esa dirección sucursal alguna del Citibank N.A. y tampoco se
hallaban allí ni inscriptas en el registro de entidades financieras
extranjeras las denominadas Citibank Nueva York, Private Banking Group,
Citicorp Bank of Switzerland o Citicorp Center Groups. “A título
ilustrativo”, aclaró, en dicha dirección y en el quinto
piso el Citi había declarado tener el área de Analistas
de Créditos; en el séptimo, Auditoría Interna y Tecnología;
en el noveno, Banca Electrónica yen el diecinueve, Operaciones
Control de Riesgo y Comercio Exterior. El BCRA puntualizó que en
el quinto piso figuraba inscripto el Citicorp Banco de Inversión.
Atentos y vigilantes
En vista de que aparecía un delito diferente al investigado, el
juez de instrucción dio intervención a su par del fuero
penal económico Guillermo Tiscornia. El fiscal sostuvo que “surge
de las constancias (...) que la firma Citibank habría utilizado
sus oficinas de la calle san Martín 140 piso 7 realizando actividades
comerciales en contravención a las disposiciones legales, toda
vez que se habrían operado cuentas corrientes bancarias del exterior
con la consiguiente fuga de capitales que ello importa, ya que se habrían
efectuado transferencias de divisas a cuentas bancarias en el exterior
sin los correspondientes asientos contables y las debidas formalidades
exigidas por la ley”. El fiscal resaltó que aunque tanto Veraldi
como Crespo habían declarado que en ese momento no se podían
abrir cuentas corrientes en el exterior desde la Argentina, los documentos
incautados durante el allanamiento mostraban lo contrario y esto lo confirmaba
una de las testimoniales de Veraldi y la “tarjeta de firmas”
en la que, desde Buenos Aires, se incluyó a Boddi hijo como autorizado
en la cuenta que su padre tenía en el Citibank de Nueva York. El
representante del ministerio público también se sintió
extrañado por “la falta de información del Banco Central
sobre las funciones que se cumplían en la mencionada oficina”,
pidió que Tiscornia se declarara incompetente y las actuaciones
fueran enviadas al Central para que investigara los hechos.
El 18 de setiembre de 1996 el expediente fue girado al Banco Central.
Dando una muestra de su interés en actuar con celeridad ante la
violación de las leyes, la máxima autoridad monetaria comenzó
a ocuparse del tema en marzo de 1998, un año y siete meses después
de que ésta ingresara a mesa de entradas. El superintendente de
Entidades Financieras Miguel Angel Ortiz archivó el expediente
aduciendo que no existía infracción alguna. Manuel Domper,
por el directorio del Central, avaló la decisión.
En julio de este año, César Chávez, empleado del
Banco Central, declaró frente a Murature. Relató que el
expediente había llegado a sus manos en 1996 y que “con fecha
25 de marzo de 1998 me sacan el expediente (...) Desconocí el motivo
por el cual me lo sacaron”. Al preguntarse si sabía que había
un informe del Central aclarando que en San Martín 140 no tenían
autorización para realizar las operaciones investigadas, contestó
que lo ignoraba “pero si hubiera aparecido el informe de Autorizaciones
lo más lógico era ir corriendo a ver qué pasaba con
ese tema, desconociendo si se hizo inspección alguna”. Chávez
lo ignoraba porque, en efecto, ni el BCRA ni la Superintendencia corrieron
jamás a inspeccionar el lugar.
Colofón
En mayo del 2000, los citibankers Veraldi y Crespo fueron llamados a prestar
declaración indagatoria imputados de estar incursos en el delito
de defraudación. El juez Murature, que tres veces quiso archivar
la causa, aún no resolvió si los procesa. Miguel Angel Ortiz,
el hombre del BCRA que ordenó el archivo del expediente, dejó
su cargo y se encuentra procesado por su actuación durante la caída
de los bancos Mayo y Patricios. Manuel Domper, el director que avaló
la resolución de Ortiz, llamado “el inmortal” porque
fue designado en el directorio en los primeros días del menemismo
y aun sobrevive, sigue encargado de monitorear el lavado de dinero con
el asesoramiento de Pablo Maggio, el apoderado del Citi que presenció
el allanamiento a San Martín 140. El hermano de Maggio, contador
y como él integrante del estudio Saint-Jean, abogados externos
del Citibank, fue designado perito del presidente del BCRA, Pedro Pou,
en la causa en la que fue procesado por el juez federal Gabriel Cavallo
y desprocesado por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani,quienes
resolvieron hacer responsable de la inacción de la entidad frente
al derrumbe del Mayo y del Patricios a Miguel Angel Ortiz.
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