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 “El
ministro de Defensa no puede hacerse el desinformado ni colocar a las
Fuerzas Armadas por encima del poder político. Los diputados de
la Alianza vamos a exigirle que renuncie y a intervenir para que no se
premie a militares denunciados por violaciones a los derechos humanos.”
Así sintetizó ayer Marcela Bordenave, diputada de la Alianza/Frepaso,
la primera reacción ante la lista de ascensos del Ejército
enviada al Senado. El listado incluye un pedido de promoción para
siete oficiales objetados por el propio Gobierno: sus nombres, señaló
la Subsecretaría de Derechos Humanos, figuran en los legajos de
la Conadep. La objeción, sin embargo, pareció servir de
poco; lejos de borrarlos de la nómina, el Ejército insistió
en promocionarlos y el ministro Ricardo López Murphy lo avaló
estampando su firma al pie del pedido de ascensos.
Los militares cuestionados son seis tenientes coroneles y un coronel.
La Subsecretaría que conduce Diana Conti detectó sus antecedentes
y se los detalló por escrito al Ejército. Como parte de
un acuerdo con la fuerza, se suponía que una vez notificados de
las objeciones los uniformados desistirían de pedir los ascensos
observados. Pero el Ejército desoyó las recomendaciones
de la Subsecretaría y el jueves pasado elevó su lista al
Congreso sin modificación alguna.
Entre los oficiales cuestionados figura Oscar Alfonso Vaquero, teniente
coronel de Artillería. Su apellido, de acuerdo con el informe de
la Subsecretaría, aparece en el legajo 3575 de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) como participante
de un vuelo de la muerte. Sobre el posible ascenso del teniente coronel
Nicolás Hipólito Morel Quirno, el informe de Diana Conti
señaló una denuncia sobre la cárcel de La Plata –legajo
2397 de la Conadep– que relata la “tortura sistemática
y constante” e identifica al “oficial Morel” entre los
“principales oficiales torturadores”. El nombre de Adolfo Stel
figura en el legajo 4391 como “coronel médico” del Hospital
Militar Central. Los otros observados son los tenientes coroneles Alfredo
Berner y Norberto Benavídez y el coronel Luis Alberto Pozzi.
Los pedidos de ascenso todavía no tienen dictamen de la Comisión
de Acuerdos que preside el chaqueño Horacio Zalazar (PJ), el paso
previo para que sean debatidos en el recinto por los senadores. La intención
de Bordenave y sus pares es impulsar “una respuesta de repudio institucional”
al ministro desde la Cámara baja. El paso inicial, agregó,
será manifestar la oposición de la Comisión de Derechos
Humanos de Diputados, que preside Alfredo Bravo, para llevar después
esta postura a una audiencia con los resposables del tema en el Senado.
OPINION
Por Vicente Zito Lema
Llamado
a los que callan
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Pocos hechos
en los últimos tiempos desnudan con tanta crueldad la degradada
naturaleza de las instituciones del Estado como la huelga de hambre
de los presos políticos de La Tablada. Hace casi doce años
un grupo de militantes, chicas y muchachos muchos de ellos, otros
con historias de lucha y pasados de cárceles en sus espaldas,
creyendo que defendían la naciente instalación de
la democracia incursionaron en un cuartel. Pienso aún hoy
que actuaron con error en la apreciación de la realidad y
hasta con desmesura. Causaron daño. Pero el daño que
recibieron en la represalia fue tan terrible como innecesariamente
superior. A ellos, como a toda la generación del 70, los
movía un idealismo que incluyó la violencia de los
eternamente violentados. La respuesta del poder fue, como siempre,
despiadada, sin límites éticos ni jurídicos,
sin otra vocación que la tortura y el asesinato, consumados
por las formas más aberrantes que la especie humana pueda
idear. Los sobrevivientes fueron víctimas de renovados vejámenes,
que incluyeron juicios farsescos, leyes anticonstitucionales, difamación
a través de “periodistas” canallas, condenas a
prisión extrema que no soportan la revisión; en fin,
el poder aplicando al máximo sus armas. La intervención
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sirvió
en este caso para develar parte de la trama y poner en el banquillo
de los acusados al propio Estado argentino. En pareja responsabilidad
los gobiernos peronista y de la Alianza fueron conminados a reparar
la injusticia cometida. Ellos, que se jactan de pagar las usuras
de la deuda externa por cuestiones de honor, no cumplieron ni cumplen,
sin embargo, con un honor más simple: honrar los pactos internacionales
que se firman. Legisladores, jueces, ministros y presidentes se
escudaron con excusas que van de lo siniestro a lo grotesco. Hasta
daría risa si detrás no latiera el drama. La vida
de los presos políticos de La Tablada corre riesgo de daños
irreparables ya; de muerte acaso mañana. Son casi cien días
de castigar cuerpos debilitados por años de sufrimiento.
Angustiados, conmovidos, tan impotentes como asqueados vemos pasar
las horas. Vemos cómo la vida libra un desigual combate bajo
reglas tramposas y con millones de espectadores tan ciegos como
mudos. ¿Podrá la generación del 70 soportar
una nueva derrota? ¿Otra vez los verdugos llevarán
el laurel a sus frentes? Pensando en los compañeros caídos
y en estos otros compañeros que simbolizan los mismos ideales,
y más allá de diferencias que suenan menores ante
la dureza de este momento histórico, hago uso de mi escritura
para exigir que nadie convierta el cansancio, el silencio o la indiferencia
de quienes se llaman justos, en la cuerda que con maña y
sin tregua siguen apretando con sus manos los enemigos de la vida.
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