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 Hay
un cierto clima de lamento en parte del gobierno y entre algunos de los
abogados querellantes en el caso Pinochet. Es que la Corte de Apelaciones
de Santiago publicará hoy su fallo sobre si acepta o rechaza el
recurso de amparo interpuesto por los abogados de Augusto Pinochet contra
la orden de arresto dictada hace una semana por el juez Juan Guzmán.
La abogada querellante Carmen Hertz aseveró con seguridad que el
recurso de amparo será aceptado. Las tendencias de los tres jueces
que decidirán habilitan para el pesimismo, pero Hertz enfatizó
la influencia que tendrá la convocatoria del Cosena (Consejo de
Seguridad Nacional) para después del fallo. Y, de hecho, el ministro
del Interior chileno, José Miguel Insulza, dijo que esta institución
tendría que dejar de existir.
“No debería ocurrir que dos oficiales puedan citar a los presidentes
de tres poderes del Estado a una reunión con ellos”, advirtió
Insulza en una entrevista con el diario La Nación de Santiago.
“¿Cómo explicamos a la gente en el extranjero que en
una democracia exista una institución como el Consejo de Seguridad
Nacional o que existe un sistema electoral binominal –que favorece
a la oposición– que hace estático al país y
que estimula cada menos la participación ciudadana?” Carmen
Hertz también dijo que la existencia misma del Cosena es “lamentable”,
algo que ya es común escuchar tanto a la izquierda como a los dirigentes
de la coalición gobernante.
La lógica del Cosena es la misma que la de toda la Constitución
pinochetista de 1980: las Fuerzas Armadas son la tutela de la democracia.
Así, si las Fuerzas Armadas consideran que por algún motivo
la institucionalidad chilena está en peligro, pueden pedir reunirse
con el presidente de la Nación, del Senado y la Corte Suprema,
el Contralor General y el director general de Carabineros. Ese “algún
motivo” es hoy la situación legal de Pinochet. Y si el presidente
Lagos se había negado en principio a ceder a las presiones de los
militares, luego lo aceptó.
Según La Nación (que tiene estrechos contactos con el gobierno),
las Fuerzas Armadas irán al Cosena para decirle a Lagos algo muy
concreto: que impulse una “ley de punto final” para todos los
procesos a militares implicados en violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura, y que a cambio ellas se comprometen a entregar toda
la información disponible sobre el paradero de los desaparecidos,
algo que en realidad ya había sido acordado por los mismos militares
en la Mesa de Diálogo. Según La Nación, que cita
fuentes del Palacio de La Moneda, Lagos “también está
interesado en dar vuelta la página” y que, además de
un punto final, también se está explorando la fórmula
“justicia con clemencia”, o sea, no frenar los juicios, pero
reducir sensiblemente las penas.
En el plano judicial, y focalizado en Pinochet, el pesimismo de los abogados
querellantes también estaría justificado por el equipo de
jueces que debe fallar en el proceso de aquí en más. La
Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago está presidida
por Milton Juica, de quien se espera un voto contrario a Pinochet. Pero
un miembro estable, Lamberto Cisternas, pidió una sorpresiva licencia
y fue reemplazado por Raimundo Díaz, con lo que un voto que se
consideraba fijo para rechazar el amparo se cambió por otro que
será seguramente favorable al ex dictador. El voto del tercer miembro
de la sala, la jueza Carmen Carvajal, es un misterio. Cuando el fallo,
sea cual fuese, sea apelado, el caso pasará a una Corte Suprema
que en agosto ratificó el desafuero de Pinochet para su juicio,
pero que ahora ya no tiene en sus filas a Luis Correa Bulo ni a Guillermo
Navas, dos jueces que fallaron contra Pinochet.
El
otoño del patriarca
 El
fantasma de Pinochet planea sobre otro ex dictador, el paraguayo Alfredo
Stroessner (foto). Ocurre que el juez paraguayo Rubén Darío
Frutos dictó una orden de prisión (con fines de extradición)
contra Stroessner. El juez Frutos acogió en su momento una
demanda por la desaparición y presunta ejecución del
médico Agustín Goiburdú, supuestamente detenido
en Argentina en 1977 y entregado a las autoridades de Paraguay. Según
el juez paraguayo, existen evidencias que vinculan con ese caso al
ex dictador. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de
Brasil, que ha reclamado al gobierno la anulación del asilo
político que le concedió al ex dictador paraguayo en
1989, celebró la noticia. “Esto facilitará el empeño
en que nuestra justicia o el presidente Fernando Henrique Cardoso
acaben con el asilo del que goza este criminal en Brasilia”,
dijo el diputado izquierdista Marcos Rolim. De este modo, se complica
para el 2001 la renovación del asilo de Stroessner que año
tras año hace el gobierno brasileño. |
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