Por Claudio Zlotnik
y Raúl Dellatorre
Jorge
Kogan, secretario de Transporte, el mismo que desde la tapa de Página/12
convulsionó a la sociedad y a la clase política asegurando
que el tarifazo en trenes, subtes y colectivos no afectaría a los
pobres porque éstos no viajan, se movilizan a pie o en bicicleta,
tiene un pasado oscuro: fue funcionario de la última dictadura
militar, un estrecho colaborador de José Alfredo Martínez
de Hoz cuando éste era el hombre fuerte en el Palacio de Hacienda.
En aquellos años de plomo, no sólo los ferrocarriles estatales
que funcionaban bajo la órbita de Kogan sufrieron el período
de mayor agudización de su deterioro, que años más
tarde derivó en su privatización. Además, muchos
delegados y militantes gremiales de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad
terminaron secuestrados y desaparecidos.
Entre 1977 y hasta casi el final de la dictadura, en el 83, Kogan
se desempeñó como director nacional de Planificación
Nacional del Transporte y, desde allí, dirigió una revista
que sirvió de propaganda a los responsables del Proceso. No fue
todo. En los últimos meses de la dictadura más sangrienta
de la Argentina, el actual funcionario de Economía fue director
de la entonces estatal Aerolíneas Argentinas. Quizás ahora,
teniendo a la vista la historia de Kogan, pueda intuirse que su frase
revulsiva no fue obra de la casualidad.
Por aquellos años, el principal objetivo explicitado por la gestión
de Martínez de Hoz era la eliminación de la inflación,
pero también fue la etapa de inicio de la espectacular concentración
económica en manos de grandes grupos. Para ello, se valió
no sólo de la tablita cambiaria que desprotegió
a la producción nacional, sino también del atraso en las
tarifas del sector público, entre ellas las del transporte. La
muy escasa inversión en infraestructura ferroviaria y la falta
de mantenimiento, dos aspectos bajo responsabilidad directa de Kogan,
fueron causales del fuerte deterioro del patrimonio público en
esos años.
Como parte de la política represiva de aquellos años, en
las estaciones terminales de trenes bajo administración de
Kogan se instaló la llamada policía militar,
personal uniformado, de casco con las iniciales PM y fuertemente
pertrechado, que recorría los andenes en busca de caras sospechosas.
También se enrejaron estaciones, no tanto para prevenir la existencia
de colados sino para coartar la fuga de aquellos mismos sospechosos. La
represión interna no sólo se ejecutó a través
de la desaparición de delegados, sino también con el cierre
de talleres ferroviarios: una forma de romper la concentración
de operarios y eliminar focos de conflictividad.
Kogan llegó al equipo económico de Martínez de Hoz
de la mano de Guillermo Walter Klein (h), viceministro, como parte de
un equipo de técnicos del cual también formaba
parte Manuel Solanet, el mismo economista que ahora propone recortar a
la mitad los gastos del Estado. Una vez en el gobierno, impulsaron la
idea de cerrar los ramales más deficitarios, pero chocaron
con la oposición de la rama militar autodenominada nacionalista.
Ello no les impidió avanzar en el proceso de desguace parcial y
deterioro de la infraestructura ferroviaria.
Hasta ahora, el currículum más conocido de Kogan llegaba
hasta los años 90. Durante la primera etapa del gobierno
de Carlos Menem, fue el encargado de llevar adelante el proceso de privatizaciones
de los ferrocarriles, y por eso su nombre quedó ligado a la política
de desguace estatal ejecutado por el menemismo. No obstante, si bien dejó
la función pública en 1995, retornó como secretario
de Transporte con Roque Fernández a mediados del 99. Desde
entonces ha sido un sobreviviente. No sólo permaneció en
el cargo a pesar del recambio presidencial sino que superó con
éxito la partida de Nicolás Gallo, ex ministro de Infraestructura,
quien fuera su jefe durante los primeros diez meses del gobierno de la
Alianza. De profesión agrimensor (y no de ingeniero como muchos
creen), Kogan llegó a la función pública en el 77
de la mano de Ezequiel Ogueta, por entonces subsecretario de Transporte,
pero que ya había sido director en esa mismo área durante
el período de gobiernos militares entre 1968 y 1972, y con el cual
Kogan ya colaboraba. Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, el actual
secretario fue nombrado al frente de la Dirección Nacional de Planificación
Nacional del Transporte. Desde esa dependencia, Kogan tuvo a su cargo
la publicación trimestral Temas de Transporte, editada
por la secretaría y la subsecretaría del área, y
que en su primer número editorializaba que la revista aspira
a que su nacimiento sea coincidente con el comienzo de una etapa de decidido
desarrollo para nuestro pueblo.
La participación de Kogan durante el mandato de Videla fue activa.
En julio de 1977, por ejemplo, el decreto 2044 lo catapultó como
responsable máximo para la realización de un estudio
para la formulación del Plan Nacional del Transporte, que
sería financiado con un crédito del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF, hoy Banco Mundial). La norma
estaba rubricada por Videla, Martínez de Hoz, Albano Harguindeguy
y el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone.
Aquel Plan Nacional de Transporte, del que Kogan resultó uno de
sus ideólogos, fue lanzado con toda la pompa por el gobierno de
Videla hacia 1978. El análisis en perspectiva que da el paso de
los años, permite arribar a dos conclusiones. Por un lado, la intención
de perpetuidad que tenían los comandantes militares (en el programa
se trazaban objetivos hasta el 95) y, por el otro, el enorme compromiso
de los funcionarios con el proceso político de la dictadura. De
hecho, en uno de los capítulos que componen el boletín de
lanzamiento del Plan Nacional de Transporte toma como bases políticas
para su ejecución al acta fundacional del Proceso de Reorganización
Nacional donde plantea que uno de sus propósitos sería
erradicar la subversión y el discurso pronunciado
por Videla seis días después del golpe, donde prometía
que el Proceso conducirá a la grandeza de la Patria y la
felicidad del pueblo argentino. Kogan, que es reconocido entre sus
colegas por sus amplios conocimientos en el tema transporte y sus sólidos
vínculos con el Banco Mundial, para el que también trabajó
como consultor, siguió como funcionario hasta la llegada de la
democracia, aunque durante los últimos meses de la dictadura ocupó
la dirección de Aerolíneas Argentinas.
A Kogan le gusta decir que no se encolumna detrás de ninguna bandería
política. Más que la fidelidad a algún partido, siempre
se manejó construyendo sólidas relaciones personales. De
hecho, cuando en plena dictadura organizó un plan de capacitación
para jóvenes profesionales, promovió a la función
pública a los más distinguidos estudiantes. Aquellos jóvenes
de entonces, que quizás llegaban a la administración como
su primer empleo profesional, hoy, dos décadas más tarde,
todavía perduran: Susana Arcusín (gerente de Fiscalización
de la secretaría de Transporte), Patricia Brenan (asesora), Aída
Ternavasio de Lamadrid (subgerente de Transporte Urbano de Pasajeros de
la CNRT) y Olga Vicente (consejera del Plan urbano Ambiental de la ciudad
de Buenos Aires).
Como encargado de la privatización de los trenes y los subtes de
la ciudad de Buenos Aires, durante el menemismo la tarea de Kogan también
fue controvertida. El traspaso de las líneas ferroviarias fue objeto
de reclamos no sólo por las entidades defensoras de los consumidores
sino también por algunos consorcios locales y extranjeros que,
como en los casos de las ex líneas Mitre y Sarmiento (licitaciones
ganadas por Trenes de Buenos Aires), pidieron que se anulara el proceso
denunciando que Economía había realizado cambios en las
condiciones originales del pliego que las dejó fuera de carrera.
Kogan continuó al frente de la Unidad de Coordinación del
Programa de Reestructuración Ferroviaria hasta 1995, una vez terminadas
las privatizaciones en el sector. Su regreso a la función pública
se produciría cuatro años después, con Roque Fernández.
Para Kogan, el año 2000 no será recordado con agrado. En
marzo, un grupo de senadores del PJ, entre los que figuraban Héctor
Maya, Alberto Tell y Jorge Yoma, denunció al secretario ante la
Oficina Anticorrupción por una supuesta incompatibilidad en el
ejercicio de la función pública. Según los legisladores,
en el último año Kogan renegoció contratos con empresas
a las que asesoró en el pasado. Una de ellas fue Metropolitano
(concesionaria de las líneas Roca, San Martín y Belgrano
Sur), a quien el funcionario habría asesorado desde la consultora
Mercer Management Consulting, de la cual era vicepresidente.
Hace una semana, Kogan volvió a quedar en el centro de la tormenta
cuando defendió el último tarifazo. Entonces, la historia
lo volvía a emparentar con el general Harguindeguy, el ministro
del Interior de Videla, de quien se dice que una vez apoyó un impuesto
automotor porque los poligriyos no tienen auto.
De
la Rúa está molesto
Si
el anuncio y posterior explicación del tarifazo en colectivos,
trenes y subtes por parte de la Secretaría de Transporte fue
desprolija e irritativa, lo más sorprendente es que Fernando
de la Rúa no sabía que se iban a difundir esos aumentos.
Esa revelación fue realizada ayer por el vocero presidencial,
Ricardo Ostuni. El funcionario apuntó que De la Rúa
sabía de las instancias que se estaban llevando a cabo en la
renegociación de los contratos con los concesionarios de trenes
y subtes, pero fue sorprendido en México con el anuncio de
la suba. El Presidente sabía que se estaba estudiando,
desde hace nueve meses, los contratos de trenes y la posibilidad de
elevar el boleto de colectivos por el aumento del gasoil, pero no
tenía noticia de que la Secretaría de Transporte iba
a sacar ese día la resolución, relató Ostuni.
También reveló que De la Rúa reprochó
a los responsables la forma como se explicó el ajuste, puesto
que el Gobierno consiguió que el aumento sea menor al
que se había definido en la negociación con la administración
de Carlos Menem. Pero Ostuni fue más duro cuando se refirió,
sin nombrarlo, a Jorge Kogan, secretario de Transporte, y su inmediato
superior, Miguel Bein, secretario de Programación. El Presidente
estaba muy molesto con los responsables, no solamente con el
secretario de Transporte, sino con toda la gente que pudo haber informado
a tiempo la marcha de las negociaciones. |
Los
empresarios amenazan parar, los choferes también
La
furia de los colectiveros
Cuatro
cámaras empresarias del sector del autotransporte de pasajeros
darán a conocer mañana su posición respecto de la
decisión judicial de impedir el aumento del boleto, sin que
se descarten medidas drásticas que permitan paliar esta gravísima
situación. El ombudsman Eduardo Mondino consideró
inaceptable el tono de velada amenaza contra los derechos
de los usuarios, en tanto que el dirigente del gremio de los colectiveros
(UTA), Juan Manuel Palacios, advirtió que si los empresarios despiden
choferes en el marco de las medidas a adoptar, habrá
paro general de colectivos.
Héctor Tilve, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte
de Pasajeros (CEAP), indicó que pese al malestar manifiesto en
el sector, aún no está decidida la realización de
una medida de fuerza. Pero en las próximas horas se concretarán
reuniones para definir las acciones que se anunciarán mañana.
Así lo informaron, mediante un comunicado, la CEAP junto a otras
tres entidades del sector.
Tilve agregó que, en las actuales condiciones, las
compañías del transporte no tienen absolutamente ninguna
posibilidad de supervivencia, hecho que llevará a los privados
a estudiar en las próximas horas con detenimiento cuáles
son las medidas que creemos convenientes tomar para tratar de paliar una
crisis tan profunda como la que estamos sufriendo. Para el presidente
de la CEAP, las empresas han llegado al límite de sus posibilidades
de soportar esta cuestión. Dos empresas por semana entran en convocatoria
de acreedores y esto lleva al sector a un callejón sin salida.
El dirigente empresario responsabilizó de esta situación
al aumento del gasoil, que calculó en un 70 por ciento desde
mediados de 1999, una cifra que es imposible de absorber y, en la actualidad,
se está asumiendo con endeudamiento puro. El empresario aseguró
que el transporte metropolitano siempre reclamó la desgravación
impositiva del gasoil para compensar el aumento. Sin embargo, el
Gobierno optó por la solución de cargar el mayor costo sobre
los pasajeros, con el resultado conocido.
Al respecto, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
advirtió que no vamos a aceptar que los empresarios
del ramo arbitrariamente intenten vulnerar los derechos de los usuarios
amenazando con tomar medidas de fuerza. Esto es como decirle al
usuario: mire, si usted no paga diez centavos más, se queda sin
colectivo. Tilve se había lamentado, previamente, de que
la Defensoría del Pueblo no hubiera actuado, cuando aumentó
el combustible, con la misma diligencia que tuvo frente al aumento del
boleto.
El titular de la Unión Tranviarios Automotor y secretario gremial
de la CGT disidente, Juan Manuel Palacios, también reaccionó
ante el anticipo de medidas realizado por Tilve. Ante esos anuncios,
la UTA ya se encuentra analizando la paralización de los servicios
del transporte automotor en la corta, media y larga distancia, aseguró.
Si despiden choferes en el marco de las medidas de rechazo
a la anulación del aumento de los pasajes habrá
paro general de colectivos, advirtió Palacios. No vamos
a permitir el despido de un solo compañero, vamos paralizar de
inmediato todo el servicio, afirmó el dirigente gremial,
quien explicó que lo que se busca es que una vez más
el trabajador sea la variable de ajuste. Añadió, coincidiendo
con el sector empresario, que hay soluciones para la reactivación
de la actividad, como la desgravación impositiva por ejemplo, pero
no con el despido de trabajadores.
Otro
juez ordenaría bajar tarifas de subte y tren
La
Justicia podría disponer, entre hoy y mañana, dar marcha
atrás en los aumentos de los pasajes de subtes y trenes, dispuestos
junto a los de colectivos a partir del domingo 3 de diciembre. El recurso
de amparo con pedido de medida cautelar reclamando la suspensión
del ajuste tarifario- fue presentado por el defensor del Pueblo, Eduardo
Mondino, ante el juez Osvaldo Guglielmino la semana pasada. La decisión
del magistrado se demoró ante una objeción formal formulada
por la fiscal Laura Labrathe, paso que ayer quedó superado. Por
su parte, el juez Martín Silva Garretón, que dispuso la
semana anterior la suspensión de los aumentos en el autotransporte
de pasajeros, respondió a imputaciones que le hizo el ministro
José Luis Machinea por su resolución. Los ministros
no están para evaluar lo que hace la Justicia, sino para acatarlo,
sentenció el magistrado.
La presentación formulada por Mondino pidiendo una medida cautelar
contra el aumento de tarifas en subtes y trenes fue objetada por la fiscal
Laura Labarthe, quien entendió que el denunciante debería
haber notificado a la Procuración del Tesoro sobre la existencia
de esta causa en contra de una decisión del Poder Ejecutivo. Según
fuentes judiciales, si bien este paso está contemplado en artículo
8º de la Ley de Emergencia Económica, está sujeto a
una cuestión de interpretación. Mientras Guglielmino entendió
que por tratarse de un recurso de amparo con pedido de medida cautelar
no era necesario cumplir con el trámite, la fiscal lo reclamó.
Ante la requisitoria, el ombudsman Mondino envió ayer una copia
de la denuncia y de la prueba acumulada a la Procuración, que ahora
deberá darse por notificada ante el juzgado. Una vez cumplimentado
ese paso, el juez volverá a darle vista a la fiscal, tras cuyo
pronunciamiento estará en condiciones de resolver sobre el pedido
de no innovar que, en caso de ser aceptado, frenará
también el aumento tarifario en trenes y subtes.
Machinea abrió este fin de semana una polémica con el juez
Silva Garretón al señalar que la Justicia no está
para evaluar la política económica de un gobierno.
Ayer el magistrado recogió el guante, respondiéndole que
los ministros no están para evaluar lo que hace la Justicia,
sino para acatarlo. Luego agregó que en ningún
momento se hizo una evaluación de política económica,
simplemente se decidió una suspensión momentánea
de algo (el aumento en los colectivos) para considerarlo y evaluarlo en
profundidad.
También fue consultado por las declaraciones de Machinea cuando
señaló que si un juez tiene que evaluar si un aumento
de tarifas está bien o mal, significa que en este país las
cosas están patas para arriba. El magistrado le respondió
que en eso tiene razón, las cosas están patas para
arriba, desde el momento en que un ministro, en vez de obedecer lo que
un juez dispone, se pone a discutirlo. Y fue más a fondo
cuando señaló que resulta extraña esta especie
de accionar conjunto entre un ministro y los empresarios (del autotransporte),
pareciera una especie de acción concertada. Aludió,
así, al cuestionamiento que también formularon las entidades
del autotransporte de pasajeros a la decisión del juez, junto a
la amenaza de medidas de fuerza en caso de que se sostenga la prohibición
del aumento (ver nota aparte).
Silva Garretón, protagonista de varios incidentes que involucraron
rechazos o cuestionamientos a medidas oficiales en materia de privatizaciones
o concesiones de servicios públicos en los últimos seis
años, también se refirió al cambio de actitud de
los representantes de la Alianza al pasar de la oposición al Gobierno.
En su momento les parecía muy bien y aplaudían todas
esas cosas, y ahora pareciera que no. O sea que, entonces, vamos a seguir
siendo (como país) muy bananeros de esta manera, ¿no?
Se
viene el aumento del agua
Puede
ser que sea el mal trago del que hablaba Pablo Gerchunoff,
jefe de asesores del ministro de Economía: en estos días
se está definiendo el aumento de las tarifas de agua. En medio
de la crisis desatada por el ajuste en los boletos del transporte,
se está negociando la aprobación del plan de expansión
de obras de Aguas Argentinas para el área metropolitana, que
se financiará con el dinero de los consumidores, aporte que
se realizará con el aumento de la tarifa. Aguas Argentinas
espera la luz verde para iniciar obras que preven inversiones por
casi 1200 millones de dólares y la promesa de generar unos
10.000 puestos de trabajo. Al respecto, el ministro de Economía,
José Luis Machinea, recibirá hoy al secretario de Comercio
Exterior de Francia, François Huwart, quien reiterará
el pedido del gobierno galo para que las autoridades económicas
aprueben sin dilaciones el plan de Aguas. Huwart se reunió
ayer con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, a quien presentó
un reclamo del estado de situación de causas judiciales y otras
cuestiones impositivas y aduaneras que afectan a empresas francesas
instaladas en la Argentina. Ellos tienen algún tipo de
dificultad en Peugeot, por una causa iniciada cuando la empresa estaba
en manos del grupo Macri, así como también un problema
impositivo que surgió con Total en Tierra del Fuego,
explicó Chrystian Colombo. También se trató la
causa de contrabando que tiene Renault en Córdoba. |
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