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Por
Nora Veiras
 
Como
todos los fines de año la lista de ascensos de militares que envía
el Poder Ejecutivo al Senado genera polémica en torno a los represores
que incluye. El año pasado fueron ascendidos seis oficiales denunciados
por violaciones a los derechos humanos. Ahora siete nombres aparecen cuestionados
por su posible participación en el terrorismo de Estado. El titular
del bloque de senadores radicales, el puntano Jorge Agúndez, aseguró
que el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, le dijo que “son
disparatadas” algunas de las objeciones. La subsecretaria de Derechos
Humanos, Diana Conti, explicó a Página/12 que “le envié
al Senado los testimonios de la Conadep que muestran que las personas
mencionadas podrían ser las que se pretende ascender. Yo no tengo
forma de chequearlo porque el Ejército no me dio los legajos. Si
hay errores son los costos de la impunidad, si se hubieran profundizado
las investigaciones no correríamos riesgos de injusticias”.
El secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, le aportó
a la subsecretaría de Derechos Humanos –dependiente del Ministerio
de Justicia– los nombres de los oficiales que esa fuerza pensaba
proponer para ascender. Se buscó en los archivos de la Comisión
Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) si aparecía
alguno de los propuestos. Con los primeros datos relevados se realizaron
charlas entre los encargados del tema en la subsecretaría y un
representante del Ejército. Conti aseguró que “ellos
negaron que los oficiales señalados en los testimonios de la Conadep,
cuyos nombres coincidían o se parecían a los postulantes
propuestos, fueran las mismas personas”.
–¿Por qué los incluyeron entonces en el informe que
elevaron al Senado? –le preguntó este diario.
–Yo no emito opinión acerca de si tal o cual es un represor.
Cuando el Senado me pidió información, acompañé
algunos testimonios de la Conadep para que ellos los confrontaran. Probablemente,
en ese sentido habrá algún homónimo. Con la Conadep
–que son varias personas– tomamos la decisión de enviarlos
porque es en el Senado donde el Ejército tiene que demostrar que
no son las personas denunciadas. A mí me lo dijeron, pero ¿cómo
lo compruebo? No me dieron las fojas de servicio. Por edad, no puedo descartar:
Astiz tenía 21 años.
–Defensa dice que en las objeciones planteadas hay “disparates”...
–Si Defensa elevó esos nombres será porque ellos están
convencidos de que son otros oficiales. Mi obligación legal es
que plantearle al Senado las dudas que pueda haber para que las investigue:
yo no tengo listas de represores con las cuales confrontar. Según
nuestra Constitución el juez de esos ascensos es el Senado. Ellos
sí podrán acceder a las fojas de servicio y harán
su juicio de valor.
En coincidencia con los uniformados, el Ministerio de Defensa hizo trascender
“los errores” de las objeciones realizadas:
* El coronel de Comunicaciones Luis Alberto Pozzi era teniente en los
‘70 y no tiene nada que ver con el que aparece en el legajo 7974
de la Conadep como un “coronel Posi del Servicio de Inteligencia
de Rosario” acusado de haber ordenado el traslado de una detenida.
“Sería absurdo que si era coronel en los ‘70 se lo propusiera
ahora. Además murió el año pasado”, aseguraron
en Defensa.
* El teniente coronel de Ingenieros Nicolás Hipólito Morel
Quirno no estuvo nunca en ningún destino comprometido. El legajo
2397 de la Conadep se refiere a que en la cárcel de La Plata “los
principales torturadores eran Guerrero, Rivaneira o Ravadenerira, Morel”.
Según los uniformados, el Morel acusado pertenecía a la
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
* El teniente coronel de Comunicaciones Adolfo Stel es el hijo del coronel
homónimo que aparece mencionado en el legajo 4391 de la Conadep
como “coronel médico” del Hospital Militar Central.
* El teniente coronel de Artillería Oscar Alfonso Vaquero. Según
un testimonio (legajo 3575) “desde el centro clandestino que funcionaba
en elárea de Institutos Militares hubo un ‘último viaje’
para arrojar detenidos al río, lo comentó quien lo hizo,
un militar de apellido Vaquero, hijo de un general”. En defensa aseguran
que “Vaquero no es piloto militar, no es hijo del general Vaquero
y era subteniente en esa época”.
El capitán del Ejército, José Luis D’Andrea
Mohr, consideró que “no es necesario ser piloto para arrojar
gente al mar. Es el único que quedó objetado en el último
informe que se realizó en la subsecretaría”.
* El teniente coronel de Caballería Arturo Norberto Benavídez.
Aseguran que “nunca estuvo destinado en La Plata ni cumplió
funciones en el Puesto Vasco, un centro clandestino cercano a la Estación
Don Bosco” (Legajo 1277).
* El teniente coronel de Intendencia Virgilio Alberto Moschino. Aparece
mencionado en el legajo 1344 como uno de los encargados de los operativos
de control a cargo de la unidad en el Batallón 601, Viejo Bueno.
En este caso coinciden el nombre y el destino “pero sólo cumplían
tareas de guardia”, aseguraron en Defensa
* El teniente coronel de Infantería Alfredo Berner. En el legajo
3665, un conscripto del Regimiento 1 de Patricios declaró que en
ese lugar estaba detenida una persona “que supone que era un desaparecido”
y el “teniente Alfredo Berner” era uno de los encargados del
lugar. En este caso, Defensa también admitió que se trata
de la misma persona pero aseguran que “nunca fue denunciado como
torturador”.
El senador Agúndez dijo que “ningún ascenso será
aprobado o descartado hasta tanto se completen las investigaciones en
curso” y que “en las próximas horas recibirán
el aporte de un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)”.
“Actuamos con lealtad, analizando cada uno de los casos”, dijo
a principios de este año el radical José Genoud, antecesor
de Agúndez después de avalar el ascenso de seis represores.
Entre ellos Eduardo Daniel Cardozo, acusado de tres secuestros y beneficiado
por la Ley de Obediencia Debida fue ascendido a coronel. Es de esperar
que este año el estudio riguroso de los antecedentes permita no
ascender a violadores de los derechos humanos. Como dijo Conti “si
hay errores son los costos de la impunidad” que las leyes del olvido
y los indultos garantizaron.
OPINION
Por Alfredo Bravo *
Impunes
y mesiánicos
Hubo
un tiempo en que ellos se adjudicaron la potestad de decir lo
que estaba bien y lo que estaba mal, lo que podía hacerse
y lo que quedaba prohibido. Era así que de sus bocas salían
contundentes normativas acerca de temas tan disímiles como
la economía, la política social, la educación,
la moral –o mejor, la moralina–, la justicia, etc.,
etc.
Aquel tiempo correspondió a los años de la dictadura.
Y ellos eran los miembros de una corporación castrense
habituada a la impunidad y al mesianismo.
El próximo domingo se cumplirán diecisiete años
del final de aquella tragedia y de la reinstauración de
las instituciones democráticas en Argentina. Sin embargo,
el tiempo transcurrido parece que no alcanzó para desarticular
la corporación ni para persuadir a sus miembros de que
impunidad y mesianismo son incompatibles con la República.
Tras casi una década de empeño por parte del teniente
general Martín Balza para que su fuerza, el Ejército,
asumiera la responsabilidad que le cupo durante la dictadura y
se incorporase a la vida democrática sin más derechos
ni privilegios que el resto de la sociedad, aparecen indicios
sobre lo vana que habría resultado la tarea del ahora militar
retirado.
Es que su sucesor, el teniente general Ricardo Brinzoni, habla
y actúa con modismos impregnados de un corporativismo que
se resiste a desaparecer.
Así lo demostró al promover el ascenso al grado
de coronel de hombres acusados de haber participado en crímenes
de lesa humanidad; al intervenir en nostálgicas evocaciones
de episodios de lo que llaman guerra sucia; al hacerse acompañar
en actos oficiales por individuos de la laya de Luciano Benjamín
Menéndez, entre otras perlas negras que va dejando a su
paso el actual jefe del Ejército.
Pero el collar que podría engarzarse con tales perlas ha
sumado otra cuenta: sus declaraciones referidas a la condena que
la Justicia italiana impuso a Carlos Suárez Mason y Santiago
Riveros por la muerte y desaparición de ciudadanos ítalo-argentinos.
Dijo Brinzoni que no comparte el criterio con el cual la Justicia
italiana se declaró competente para investigar los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y condenar a
Suárez Mason y Riveros.Habría que entender que,
con su declaración, Brinzoni se alinea entre quienes defienden
el principio de territorialidad según el cual los delitos
deben juzgarse donde se perpetúan. Pero, en el caso de
los delitos cometidos por la dictadura militar argentina, la defensa
de ese principio sólo es válida cuando quien la
hace reclama, a la vez, que sus autores sean juzgados por la Justicia
local.Lejos está el jefe militar de auspiciar que los tribunales
argentinos se abran para sus camaradas de arma involucrados en
tales delitos. Por lo tanto, el no comparto con el que pretende
desacreditar el fallo italiano se parece más a un reclamo
de impunidad que a un reclamo de justicia. Por si fuera poco,
sus dichos tienen ese tono mesiánico que los militares
dictatoriales usaban para opinar sobre temas que les eran tan
exóticos como el de la justicia.
* Diputado nacional. Partido Socialista Democrático
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