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 Después
de la de cal, llegó la de arena. A 10 días de que el juez
Juan Guzmán Tapia ordenara sorpresivamente el arresto y procesamiento
de Augusto Pinochet por su responsabilidad en la “Caravana de la
Muerte” (el caso que le valió su desafuero parlamentario el
8 de agosto), la Corte de Apelaciones de Santiago falló ayer en
favor de un recurso de amparo presentado por la defensa legal del ex dictador
para “dejar sin efecto” ambas órdenes. A pesar de que
los abogados querellantes aseguraron el domingo que la Corte fallaría
en ese sentido, la sorpresa estuvo en que la decisión de los tres
jueces del tribunal fue unánime. La apelación irá
ahora a la Corte Suprema de Chile, que deberá ratificar o rechazar
el amparo conseguido “por no haberse cumplido la formalidad de la
declaración indagatoria”.
Los tres jueces de la Quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
resolvieron aceptar el recurso de amparo (hábeas corpus) en favor
de Pinochet, según el cual la orden de arresto y procesamiento
dictada por Guzmán el primero de diciembre era “arbitraria
e ilegal” por haber tenido lugar sin un interrogatorio previo. Aun
anticipando que el fallo sería favorable al ex dictador, la parte
querellante no ocultó su indignación por lo que consideran
una decisión técnica que no va a la cuestión de fondo.
Esto es, si Pinochet es responsable o no por los crímenes de la
Caravana de la Muerte. “Vamos a apelar en este mismo momento”,
confirmó la abogada Hertz, para quien el fallo de los jueces por
considerar que el juez Guzmán dispuso el arresto de Pinochet sin
haberlo interrogado antes “es un tecnicismo, porque las pruebas contra
Pinochet son tan contundentes que no pueden ser obviadas”.
La apelación del fallo ante la Corte Suprema sería resuelta
entre mañana y el jueves. Las versiones señalan que el máximo
tribunal podría ratificar la decisión dado que la declaración
indagatoria es un paso obligado por ley antes de dictar un arresto y procesamiento.
El juez Guzmán justifica que ya realizó ese trámite
cuando envió un cuestionario a Londres, que Pinochet devolvió
sin responder. Sin embargo, en ese momento el ex dictador aún gozaba
de sus fueros parlamentarios en Chile, por lo que esas preguntas no podrían
ser consideradas legalmente un interrogatorio que habilite su detención.
Gracias a ese “error” de Guzmán, los abogados pinochetistas
hicieron gala de la satisfacción que les produjo haber ganado un
punto en favor de la defensa del ex dictador sin haber tratado nunca las
acusaciones que existen en su contra. “Se hizo justicia”, celebró
Sergio Castro, uno de los abogados del frondoso equipo legal pinochetista.
El ex colaborador del anciano Tata y actual alcalde de la comuna santiaguina
de Providencia, Cristián Labbé, se unió al festejo
porque la decisión de la Corte “repara la tremenda injusticia
que se ha cometido con Pinochet”.
En el frente político, el alivio temporario que supone el fallo
favorable a Pinochet no parece haber diluido el malestar militar. Después
de conseguir que el presidente Ricardo Lagos decidiera convocar al Consejo
de Seguridad Nacional (Cosena), las presiones siguen en el sentido de
lograr un acuerdo político que dé una salida a la situación
judicial de los militares desatada por el regreso de Pinochet a Chile.
La ocasión sería justamente la reunión del Cosena,
a pesar de que el presidente “dejó claro que no se trataría
el caso Pinochet” y ayer aseguró que “no hay ninguna
gestión de ninguna naturaleza en ese sentido”.
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