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Por David Cufré
 La Cámara de Diputados
convirtió ayer en ley el proyecto de Presupuesto 2001, con lo cual
el Gobierno cumplió la última de las exigencias del FMI
para acceder el salvataje financiero. Sin embargo, al Poder Ejecutivo
se le aguó la fiesta a último momento, ya que los legisladores
aprobaron la restitución a los empleados públicos del 12
por ciento de sus salarios recortado en mayo pasado. Los propios diputados
de la Alianza convalidaron esa medida, incluida en el Presupuesto por
los senadores justicialistas. José Luis Machinea demoró
apenas 15 minutos después de conocida la noticia para emitir un
comunicado oficial, informando que el Gobierno “tomó la decisión”
de vetar la iniciativa. “La reducción salarial continuará
vigente, ya que, si bien es transitoria, no están dadas las condiciones
para que esa reducción pueda recuperarse durante el año
próximo”, destaca el comunicado.
Más allá de la buena noticia que significó para el
Gobierno la sanción del Presupuesto en los plazos previstos, lo
que le permite asegurarse el crédito del FMI, el dato político
de ayer fue el desplante que los diputados de la Alianza le hicieron al
Ejecutivo. Desde que los senadores del PJ sancionaron la semana pasada
la restitución salarial a los agentes del Estado, Machinea protestó
indignado. “Es un acto demagógico”, dijo, y anticipó
que les reclamaría a los diputados oficialistas anular la medida
cuando el proyecto tuviera su revisión final en la Cámara
baja. Teresa Ter Minassian, jefa de la misión del FMI, también
transmitió su rechazo. Y el viceministro de Economía, Mario
Vicens, buscó tranquilizarla con la promesa de que la Alianza usaría
su mayoría en Diputados para suprimir el “aumento” a
los empleados públicos.
No fue eso lo que ocurrió. Todo el bloque oficialista votó
en favor de mantener el artículo 18, que dispone la reposición
salarial. Como se sabía, lo mismo hizo el justicialismo. Los diputados
cavallistas y provinciales terminaron adhiriendo a esa posición,
ya que ninguno quiso cargar con el costo político de oponerse a
la medida.
En concreto, el artículo establece que los fondos para financiar
la devolución salarial a los empleados públicos saldrán
de un plan de reducción de gastos del Estado. Todos los organismos
públicos y los entes descentralizados deberán diseñar
su propio ajuste, en base a los gastos de funcionamiento y de servicios
no personales. El ahorro no podrá venir por reducción de
personal. Los recursos liberados deberán utilizarse, desde mayo
de 2001, para reponer los salarios caídos, empezando por los más
bajos. No obstante, Machinea confirmó que la iniciativa será
vetada y quedará sin efecto.
En la reunión de la bancada aliancista que se hizo antenoche, los
legisladores decidieron desconocer el pedido del Gobierno. “Estamos
hartos de tragarnos sapos. Si lo quieren vetar que lo veten, pero nosotros
no íbamos a cargar otra vez con el costo político”,
enfatizó en diálogo con Página/12 un diputado radical.
La explicación que dio a este diario una de las autoridades del
bloque fue la siguiente: “Casi todo el Frepaso y más de la
mitad del radicalismo estaba a favor de mantener el artículo que
vino del Senado. No había espacio para cambiar esa posición.
Si intentábamos disciplinarlos, lo más probable era que
muchos se rebelaran y termináramos haciendo un papelón”.
En consecuencia, lo que ocurrió durante la sesión fue una
demostración acabada de la falta de conducción del Ejecutivo
sobre su propia fuerza en el Congreso. “Lo que hicimos fue evidenciar
que De la Rúa está solo”, se quejó ante este
diario un diputado radical que proponía respetar la demanda del
Gobierno.
Para justificar su voto, los diputados oficialistas señalaron que
la medida no implica un aumento del déficit fiscal, pues los recursos
saldrán del ahorro de otras partidas. Y manifestaron que habían
querido imponer una propuesta similar cuando el Presupuesto se votó
por primera vez en la Cámara baja, algo que no prosperó
debido a la oposición de los “díscolos”de la Alianza,
quienes dijeron que lo que se hacía era colar la flexibilización
laboral en la administración pública con la excusa de la
reposición de los salarios.
Más allá de ese punto, los diputados de la Alianza consiguieron
hacer algunos cambios al proyecto votado por el Senado. El principal es
el que suprime la asignación de 2 pesos por voto para los partidos
políticos. El financiamiento vendrá con un nuevo proyecto
de ley, con el aporte de 1 peso por voto. También se dispuso que
las obras sociales sindicales deberán pagar una tasa de hasta 0,5
por ciento a la AFIP por la recaudación de los aportes de empleados
y empresarios. Y se eliminó un artículo que habilitaba la
posibilidad de restablecer nuevos cupos para promoción regional.
En cuanto a las pautas de gasto y déficit, el Congreso las mantuvo
casi inalterables, por lo que el Gobierno ya puede cerrar el acuerdo con
el FMI por el préstamo extraordinario.
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Sale igual
El vocero principal del FMI, Thomas Dawson, tiró por tierra
uno de los mitos que se habían creado desde que el presidente
Fernando de la Rúa anunció la polémica reforma
previsional. Según la habían presentado los propios
funcionarios del Ministerio de Economía, el recorte de las
jubilaciones futuras era, supuestamente, una “precondición”
para que el FMI aprobara el paquete de salvataje financiero para
Argentina. Semejante status le sirvió a José Luis
Machinea para presionar sobre el Congreso por la eliminación
de la PBU (Prestación Básica Universal), el régimen
de jubilación estatal y la extensión de la edad jubilatoria
de la mujer. Sin embargo, según afirmó ayer Dawson,
“la reforma previsional no es una precondición”
para la aprobación de la nueva Carta de Intención
que se firmará con el FMI, el paso previo para destrabar
formalmente el salvataje. La confesión de Dawson sirve para
entender que, al igual que Domingo Cavallo primero y Roque Fernández
después, Machinea también utiliza al FMI para presionar
sobre el Congreso con un argumento remanido: si no se aprueban determinadas
proyectos enviados por el Ejecutivo, el FMI bajará el pulgar
y se profundizará la crisis.
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ESPECULACION
DE LOS DIPUTADOS ALIANCISTA CON EL VETO
“Que De la Rúa asuma el costo”
El alivio del Gobierno
por la sanción definitiva del Presupuesto 2001 se mezclaba ayer
con una marcada preocupación: la Cámara de Diputados incluyó
el artículo que restituiría gradualmente el descuento del
12 por ciento a los empleados estatales. El Poder Ejecutivo anticipó
que vetará la modificación, lo que generaría un costo
político inevitable. Además, el temor se centraba en la
posibilidad de que el Congreso insista con su decisión. “En
ese caso, la ley queda como está y, además, nos exponemos
a una derrota política en un momento de debilidad”, decía
ayer, preocupado, un importante funcionario de la Casa Rosada.
La semana pasada, el Senado, con mayoría simple, aprobó
el proyecto enviado por el Ejecutivo, pero agregando algunas modificaciones.
Entre otros puntos, los senadores justicialistas lograron incorporar un
artículo –el 18– que permite recomponer gradualmente
la rebaja salarial que sufrieron los empleados públicos. Así,
el recorte del 12 por ciento sería restituido como consecuencia
de un ahorro que deberán producir los organismos dependientes del
Poder Ejecutivo.
Ayer, la Cámara baja le dio la luz verde definitiva al Presupuesto
2001. Sin embargo, como parte del trabajoso acuerdo que permitió
la sanción de esa ley clave para el equipo económico, la
bancada aliancista votó la modificación para restituir el
recorte a los estatales. Aunque ya estaban avisados del veto presidencial,
la decisión de los diputados respondió a otros factores.
“Que el costo político lo pague el Poder Ejecutivo”,
decía uno de los integrantes de la conducción del bloque
oficialista.
Por eso, el festejo del Gobierno fue moderado. Aunque aplaudieron la sanción
del Presupuesto (una de las condiciones para que llegue el esperado salvataje
financiero a los acreedores de Argentina), Fernando de la Rúa deberá
asumir la antipática decisión de eliminar el artículo
para recomponer los sueldos de los empleados públicos. Ayer, una
vez que finalizó la sesión de Diputados, el ministro de
Economía, José Luis Machinea, salió a ratificar que
el Presidente vetará el artículo clave.
Pero no se trata sólo de costos políticos. Si finalmente
se cumplen los pronósticos y el Presidente firma el veto, el Congreso
tiene la posibilidad de insistir con esa controvertida medida reuniendo
a los dos tercios de los legisladores de cada Cámara:
 En el Senado sería bastante
sencillo: el PJ podría sumar a los legisladores provinciales y
quizás a algún aliancista díscolo y reunir la mayoría
necesaria para persistir con el polémico artículo.
En Diputados la situación
es más complicada: a pesar de que el artículo clave fue
aprobado ayer con el voto de todas los bloques, la decisión conduciría
a un escenario de confrontación directa con el Poder Ejecutivo.
Podrían anotarse los diputados justicialistas y el grupo de aliancistas
rebeldes –que fluctúa entre los 9 y los 13– pero es bastante
improbable que los radicales y los frepasistas alineados acepten entrar
en un enfrentamiento abierto con el Gobierno.
De todos modos, en la Casa Rosada había preocupación por
la posibilidad de que se instale una pulseada con el Congreso. “Hay
que ser muy cuidadosos porque estamos en un momento de debilidad. El blindaje
financiero nos va a permitir un respiro transitorio. Pero todo tiene condiciones.
Si el Congreso insiste, nos exponemos a una derrota política”,
se confesaba ayer un funcionario ante este diario.
GRAVAN
PLAZOS FIJOS EMPRESARIOS
Por fin una progresista
En adelante las
empresas verán gravados con el impuesto a las Ganancias los intereses
que ganen por la colocación de plazos fijos, según establece
un proyecto que ayer recibió media sanción en la Cámara
de Diputados, y deberá por tanto pasar todavía por el filtro
del Senado. La iniciativa partió del Ministerio de Economía,
con la intención de compensar al fisco por la pérdida de
recursos que sufrirá por la supresión del tributo al endeudamiento
empresario, es decir, el que en los dos últimos años rigió
para los intereses pagados por las compañías sobre los créditos
recibidos.
Este último gravamen, que el equipo económico decidió
eliminar gradualmente hasta su desaparición total en julio de 2002,
había concitado la oposición de todo el empresariado, y
también de la mayoría de los economistas. Se lo considera
distorsivo porque castiga la inversión, sea en stock o en equipamiento,
suponiendo que las empresas se endeuden con ese fin. En realidad, se sabe
que muchas compañías, con fondos situados en el exterior,
traían parte de ellos bajo la simulada forma de préstamos
para deducir los intereses pagados de su declaración de Ganancias.
Ahora habrá que ver si se reabre esa vía de evasión.
La imposición de los plazos fijos es una excepción, dentro
de la generalizada exención tributaria de la que gozan las rentas
financieras en la Argentina, y que constituye una auténtica rareza
–notoriamente regresiva– del régimen impositivo en este
país. De cualquier forma, y según señaló el
diputado conservador mendocino Carlos Balter, las empresas podrán
eludir fácilmente el gravamen mediante el arbitrio de colocar la
plata en plazas que son paraísos fiscales, o que al menos eximen
a los capitales extranjeros. Decisivo será saber cuánta
mayor tasa paga la banca local gracias al riesgo país.
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OPINION
Por Alfredo Zaiat
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Unos vivos bárbaros
El (no) debate del Presupuesto ha igualado, para abajo, en claridad
las ya desorientadas posiciones dominantes de los bloques del Frepaso,
UCR y PJ. La mimetización a la ambigüedad de los radicales
de lo que fuera una agrupación estimulante liderada por Carlos
“Chacho” Alvarez ha dejado un vacío en el escenario
político. El justicialismo avanzó en la discusión
del Presupuesto como si no hubiese tenido nada que ver con el desmoronamiento
de la economía. Criticó y propuso modificaciones con
el mezquino interés de hacer pagar un costo político
a la Alianza, que el Ejecutivo asumió adelantando el veto
al polémico artículo de la devolución salarial
a los estatales. Del bloque de senadores y diputados del PJ no surgió
ni una sola propuesta creativa para agregar o, en todo caso, debatir
en apresuradas y maratónicas sesiones. La restitución
de la quita a los sueldos de los empleados públicos con la
restricción de que solamente se efectivizaría en caso
de ahorros en las reparticiones reconoce la habilidad de la chicana
política.
Resulta claro que con esa iniciativa no se pensó en los trabajadores,
puesto que encierra una lógica perversa. Luego del castigo
de la poda del sueldo, los legisladores acordaron ilusionar a los
empleados del sector público con una recuperación
atada a una meta que saben de antemano de difícil cumplimiento.
Con el ropaje de la “responsabilidad” se aprobó
ese híbrido que no agradaría a los estatales, que
merecen la devolución de la quita sin ninguna condición
, tal como ordenaron distintas instancias judiciales en sucesivos
fallos hasta llegar a la barrera de la Corte Suprema, ya no menemista
sino oficialista. Tampoco dejaría satisfecha a la misión
del FMI que tiene en sus manos la llave para abrir la puerta del
rescate financiero a los acreedores del país. El veto anunciado
por Machinea dejó las cosas como estaban.
Pero ese mamarracho hubiera abierto ridículas situaciones,
a saber:
Las reparticiones públicas
no consiguen ningún ahorro, tal como se ha verificado en
cada uno de los presupuestos de los últimos años,
y los estatales no hubieran recuperado nada de la quita salarial.
Algunas dependencias
reasignan partidas generando excedentes para, a partir de mayo,
plazo estipulado en el Presupuesto, recomponer los sueldos podados.
En ese caso, ¿quiénes
hubieran sido los beneficiarios de ese ahorro? ¿Sólo
los de esa repartición? ¿Los empleados de una dependencia
que no hubiera sido austera se beneficiarían igualmente del
ajuste de otra agencia estatal? ¿Habría estatales
con misma categoría pero con sueldos diferentes según
la mayor o menor austeridad del responsable del organismo? ¿A
partir de qué nivel salarial se hubiera establecido el mecanismo
de devolución?
En ese absurdo juego, resultó previsible que el radicalismo
hubiera quedado a mitad de camino, puesto que arrastra desde los
´'80 la intensión de conformar a tirios y troyanos,
defraudando a unos y a otros. Promete a derecha y a izquierda, culminando
a su diestra sin conformar a nadie.
Los legisladores, en realidad, encontraron una forma original de
resolver situaciones comprometidas, que podría aplicarse,
por ejemplo, a otros compromisos del Estado:
Los insólitos
subsidios estatales a los trenes privatizados solamente serían
girados si se consiguen ahorros en reparticiones públicas.
Esa eventualidad también
podría ser aplicada a los acreedores externos que reclaman
el pago puntual del capital e intereses de la deuda.
También las dietas
de senadores y diputados estarían condicionadas a la capacidad
de generar ahorros en el Estado.
¿El Congreso aprobaría para esos actores económicos
ese mismo mecanismo de pago aprobado para los estatales?
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Las
claves para entender quién gana y quién pierde
Los intereses de la deuda se llevan el 22 por ciento
del Presupuesto. Magros recursos a Salud, Cultura y Educación. Se prevé
un crecimiento de apenas el 2,5 por ciento.
Por
Claudio Zlotnik
1 ¿Cuál es la importancia del Presupuesto
nacional?
Como ocurre en una familia o en una empresa, el Estado se fija objetivos
económicos a cumplir durante el año. Además, se establecen
los recursos que destinará a cada área y las erogaciones
que podrán hacerse. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15
de setiembre de cada año para presentarlo ante el Congreso, aunque
esta vez envió un proyecto correctivo en reemplazo del original
después de negociar el “operativo salvataje” de los acreedores
de Argentina con el Fondo Monetario, en el cual se modificaron las pautas
de crecimiento, recursos y gastos.
2¿Cuáles son las previsiones de las principales variables
económicas para el 2001?
El Producto Bruto crecerá
apenas el 2,5 por ciento real.
Recursos: totalizarán
44.900 millones de pesos.
Las principales fuentes de
los ingresos son: el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes a
la seguridad social. Les siguen los aranceles a las importaciones, el
impuesto a los combustibles y los ingresos por privatizaciones.
Las erogaciones llegarán
a 51.859 millones. El gasto más importante corresponderá
a los pagos de los intereses de la deuda: 11.143 millones, el 22 por ciento
del total.
Déficit fiscal: 6995
millones.
3 ¿Cuáles fueron los cambios más controvertidos
aprobados por el Congreso?
Se reestablecerá
la quita del 12 por ciento de los salarios de los empleados de la administración
pública con los recursos que surjan de un plan para generar ahorro
en las dependencias del Estado. José Luis Machinea adelantó
que el Ejecutivo vetará ese artículo.
La distribución del
subsidio a las tarifas de gas en la Patagonia estará a cargo de
los gobiernos provinciales, y no del Enargás.
En vez de la suma fija de 186
millones de pesos propuesta por Economía, el Fondo Nacional del
Tabaco no tendrá tope, sino que aumentará en caso de que
la recaudación supere aquel monto.
Diferimientos impositivos:
El Congreso impuso que el 10 por ciento de lo que la Nación recaude
por cobrar anticipadamente a las empresas que se adhirieron a este mecanismo
irá para las provincias. Economía quería que los
primeros 350 millones de recaudación fueran limpios para la Nación.
Y repartir con los distritos del interior recién cuando se supere
ese monto.
4 ¿Por qué el Gobierno cambió el proyecto original
del Presupuesto 2001?
La flexibilización de las metas fue un mea culpa por parte
de Machinea del fracaso de revitalizar la economía con la estrategia
del ajuste fiscal. De esta manera, en vez de insistir con un recorte en
el gasto público para así precipitar un círculo virtuoso
salvador, amplió la pauta del rojo fiscal de 4820 a 6995 millones
de pesos. A su vez, se estimó un crecimiento económico del
2,5 por ciento, en vez del 3,7 por ciento original. Por otra parte, se
aumentaron en 486 millones los fondos destinados a gasto social y obras
de infraestructura.
5 ¿Cómo se repartirán esos 486 millones adicionales?
Las provincias se llevarán 225 millones (175 millones por
planes Trabajar y 50 millones por asistencia alimentaria). Otros 221 millones
se destinarán a la obra pública y 40 millones para los planes
Solidaridad que administra la Nación.
6 ¿Hay un crecimiento en el gasto primario (excluye los pagos
de los intereses de la deuda externa) en el 2001?
No. Con respecto a este año, la caída en el gasto primario
será de 32 millones de pesos. El gasto previsto para el 2001 será
de 40.753 millones, contra 40.785 millones de este año. En comparación
con 1999, la restricción alcanza a los 2031 millones.
7 Si el gasto primario disminuye y la economía crecerá
más, ¿por qué el déficit fiscal de 2001 será
parecido al de este año?
Básicamente por el fuerte incremento en el pago de los intereses
de la deuda: 11.246 millones, 1600 millones más que este año.
Los acreedores de la Argentina son los grandes ganadores: tanto el Presupuesto
2001 como el “operativo salvataje” fueron diseñados para
garantizar el pago de los compromisos externos.
8 ¿Quién perdió con el Presupuesto?
Para cumplir con los pagos de los servicios de la deuda, la variable
de ajuste fueron los restantes destinos de los recursos. Educación
y Cultura se lleva tan sólo el 6,5 por ciento del dinero total,
al destinarse 3333,5 millones de pesos. La administración Central
absorberá 3809,7 millones, el 7,4 por ciento del total. Seguridad
Social recibirá 20.285,3 millones de pesos, el 39,6 por ciento.
Defensa, 3295,4 millones, el 6,4 por ciento. Y Salud tendrá un
presupuesto de 2942,5 millones, apenas el 5,7 por ciento del total de
recursos.
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