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 ¿Existe algún
decreto por el cual se mantiene en secreto información sobre el
atentado contra la AMIA? Con esta pregunta tan nítida llegó
ayer un secretario judicial a la Casa Rosada esperando que la Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia le diera una respuesta igualmente
nítida. El trámite fue largo y tortuoso hasta que, al final,
los funcionarios del Gobierno aceptaron mostrarle al juez el libro de
registro de los decretos secretos. Figuraba allí únicamente
uno referido a la AMIA, por el cual se asignaron fondos para la lucha
antiterrorista. Toda la diligencia está relacionada con una asombrosa
declaración que en su momento realizó Carlos Ruckauf. El
entonces vicepresidente dijo: “Yo sé cómo se hizo el
atentado y quién estuvo detrás. Se lo revelé a los
dirigentes de la comunidad judía, pero no lo puedo hacer público
porque es un secreto de Estado”.
A raíz de esta declaración, los familiares de las víctimas
agrupados en Memoria Activa denunciaron a Ruckauf por encubrimiento. “No
puede haber ninguna razón de Estado para ocultar información
de la AMIA”, razonaron en aquel momento los integrantes de Memoria
Activa. La causa por encubrimiento quedó a cargo del juez federal
Gabriel Cavallo.
Inicialmente fueron llamados a declarar los dirigentes de la comunidad
judía, empezando por el ex presidente de la DAIA, Rubén
Beraja. Lo cierto es que la gran mayoría sostuvo que nunca dialogó
con Ruckauf sobre el tema y los pocos que sí lo hicieron negaron
categóricamente que el ex vicepresidente les hubiera hecho revelación
alguna.
Otro de los puntos de la investigación consistió en averiguar
si existe un decreto por el cual se le da status de secreto de Estado
a alguna información sobre el atentado. Esto es lo que provocó
ayer la presencia en la Casa Rosada del secretario del juzgado, Eduardo
Nogales, quien concurrió acompañado por un hombre de la
fiscalía, la integrante de Memoria Activa Laura Ginsberg, y el
letrado de la agrupación de familiares, Pablo Jacoby.
En el hall de la Casa Rosada se produjo el primer encontronazo: la secretaria
legal y técnica, Marcela Gutiérrez, impidió el ingreso
del secretario judicial.
–Hay una orden superior– explicó la funcionaria.
–¿De quién?
–No estoy autorizada a identificar a mi superior –se limitó
a contestar la mujer.
Ante la insistencia del secretario, hubo una propuesta de que entrara
únicamente el funcionario judicial y no los representantes de Memoria
Activa. Ante el rechazo a ese veto, la funcionaria del Gobierno hizo una
segunda oferta: “Ustedes dejen la orden judicial y nosotros ya la
vamos a contestar”.
Ginsberg, indignada, acotó: “El Poder Ejecutivo dice que pone
todo a disposición para que se investigue, que hace los mayores
esfuerzos, que tiene vocación de esclarecer el caso, pero cuando
pedimos algo tan sencillo como que contesten si hay decretos secretos
sobre la AMIA, no hacen otra cosa que poner trabas”.
Finalmente, tras dos horas de negociaciones, el subsecretario de Asuntos
Legales, Isidoro Di Battista, aceptó dirigirse inmediatamente a
los tribunales de Comodoro Py con el libro de actas de los decretos secretos,
que le fue exhibido al juez. En él constan la identificación
y los títulos de los decretos secretos, por lo cual se comprobó
que existe sólo uno referido a la AMIA. No tiene que ver con información,
sino con dinero: es la asignación de una partida de fondos para
la lucha antiterrorista.
A esta altura del partido, está claro que Ruckauf no puede alegar
que sobre el caso AMIA pese un secreto de Estado. Además, está
probado en el expediente que no es cierto que les haya hecho a los dirigentes
de la comunidad judía las revelaciones que dice tener sobre el
atentado. En suma, aquella afirmación de que él sabía
mucho sobre el atentado se parecebastante a una bravata. En rigor, algo
debería saber o tener esclarecido porque, al fin de cuentas, Ruckauf
era ministro del Interior en el momento del atentado.
LIPORACI
HIZO SU DESCARGO ANTE LA MAGISTRATURA
Clamando inocencia por escrito
El juez federal Carlos Liporaci
no se presentó a declarar ante la Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura, que lo había citado para que diera
explicaciones sobre su supuesto enriquecimiento ilícito. En vez
de someterse en vivo y en directo a las preguntas de los consejeros que
lo cuestionan y que lo pusieron cerca de su posible destitución,
el magistrado que investiga los supuestos sobornos en el Senado, optó
por presentar un escrito, donde refuta, claro, todas las acusaciones en
su contra. A través de su abogado dijo que los miembros de la Magistratura
quieren “pasarle el cepillo”. El caso será discutido
el martes 19.
Liporaci fue citado para que justificara, entre otras cosas, cómo
hizo para comprar con sus ingresos como juez, una casa que los peritos
de la Corte Suprema valuaron entre 950 mil y 1.120.000 pesos, aunque él
declaró haber pagado 610 mil. El crecimiento de su fortuna, coincidieron
la mayoría de los consejeros, “no tiene explicación”.
Y señalaron presuntas “inexactitudes, omisiones y contradicciones”
en relación al patrimonio declarado por él, los ingresos
familiares y su nivel de gastos.
En el escrito que presentó ayer, Liporaci cuestionó los
señalamientos del Consejo y los calificó como “método
de análisis absolutamente equívoco y anticientífico”.
“La resolución –dice el texto– trata aisladamente
las operaciones y eso, en términos económicos, es la base
principal de gruesos errores de concepto, así como de conclusiones
ajenas al contexto global de la economía familiar.” Planteó,
además, que la investigación de la Magistratura constituye
una “flagrante violación de garantías constitucionales”
y criticó a los medios por dar a conocer el caso.
Uno de los argumentos del descargo es que la pesquisa por supuesto aumento
patrimonial no está dentro de la jurisdicción del Consejo
sino que es materia penal. Por eso, señaló el defensor del
juez, “es cuestión está radicada en el juzgado del
magistrado Gabriel Cavallo”. Por otro lado, Liporaci sostiene que
no hay nada que justifique la aplicación de la figura del “mal
desempeño” como causal de remoción en su caso.
El dictamen que elaboraron los consejeros Fermín Garrote y Pablo
Fernández, decía que los números Su Señoría
“no cierran”: con un ingreso del grupo familiar cercano a los
11.000 pesos, tenía que devolver 230 mil en un año a un
prestamista particular. Al respecto, el juez dijo que el plazo para saldar
la deuda “es prorrogable tantas veces como las partes lo decidan
en tanto el deudor cumpla con el pago del servicio de intereses”.
Acerca de la pensión graciable de 500 pesos que percibe su hija
María Florencia dijo que no es “motivo alguno para introducir
sospechas” y que respondió a la voluntad de los legisladores
concedérsela para el pago de sus estudios en la Universidad Católica
Argentina. En cuanto al costoso alquiler de una casa en el country Golfer’s,
revelado por este diario, aseguró que era pagado por su amigo Emilio
Ogando.
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