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Por Laura Vales
 Cuando Raúl Castells
–citando a un obispo salvadoreño– describió a
la ley como a la víbora que sólo pica a los descalzos, algunas
de las mujeres del público comenzaron a llorar. Otros se pararon
y permanecieron así, estirando el cuello y en puntas de pie para
ver mejor lo que pasaba sobre el estrado. Ayer la sala de audiencias donde
se realiza el juicio oral y público contra el dirigente del Movimiento
de Jubilados y Pensionados quedó chica. Fue el día de los
alegatos y la fiscalía pidió para el dirigente una condena
de siete años de prisión. Consideró así que
cometió el delito de extorsión al encabezar en la navidad
del ’98 un pedido de comida al hipermercado Wal Mart. Los abogados
de la empresa reclamaron un castigo apenas menor, de seis años.
La defensoría oficial demandó que el acusado sea absuelto.
Castells insistió en calificar a todo el proceso de político
y reclamó al híper que como indemnización done 5
millones de kilos de alimentos.
Los hechos que se juzgan y por los que Castells está preso desde
hace casi dos años son dos: el primero ocurrió el 7 de marzo
de 1997, en la sucursal Banfield de los supermercados Disco, empresa a
la cual un centenar de abuelos liderados por Castells pidieron alimentos.
El supermercado no accedió, pero el dirigente terminó acusado
de tentativa de extorsión.
El segundo episodio fue en Wal Mart, en Avellaneda: el 23 de diciembre
de 1998, 300 personas le pidieron comida para la navidad. Tampoco esta
vez hubo amenazas ni violencia, aunque sí la advertencia de que
nadie se retiraría del lugar si no les daban los alimentos pedidos.
En medio del conflicto, el fiscal Oscar Acevedo fue convocado para encontrar
una solución; sugirió a Wal Mart que entregara lo pedido
y después acusó a Castells de haber extorsionado a la firma.
Ayer, al reclamar una condena de siete años de cárcel, el
fiscal del tribunal oral Homero Alonso consideró que existió
extorsión porque Castells “intimidó mediante el uso
de un megáfono y el apoyo de 300 personas” a los gerentes
de Wal Mart, que se vieron así “obligados a entregar cinco
mil kilos de mercadería valuados en 2.600 pesos”.
Alonso reconoció que la gente “no fue agresiva”, pero
evaluó que su número resultó atemorizante. Y calificó
a la exigencia de los jubilados como “injusta”. “No por
su situación económica –sostuvo–, sino porque
la empresa no les debía nada.”
Los abogados de Wal Mart desplegaron además otros dos argumentos.
El primero fue que “el estado de miseria (de los manifestantes) no
es por sí mismo un justificativo”. El segundo, que “Wal
Mart no es responsable de la marcha de la economía en la Argentina”.
La defensa sostuvo que no se cometió delito alguno. Básicamente,
según desarrolló en su alegato María Fernanda Mestrin,
porque se trató de un pedido pacífico, en el que no hubo
intimidación ni amenaza. Pero que además estuvo plenamente
justificado por un acuerdo previo que Castells había hecho con
Wal Mart un mes antes del conflicto. En ese acuerdo, sostuvo la defensa,
el hipermercado se comprometió a entregar tres mil kilos de comida
antes de la navidad. La firma no lo cumplió y por eso los jubilados
fueron a reclamar.
Mestrin consideró además que todo se trató de un
“delito experimental”, es decir que el hipermercado, tal vez
con la complicidad de un sector de la justicia, tendió a Castells
una trampa para llevarlo a prisión. La defensora recordó
que hubo un fiscal a cargo de resolver el conflicto, y que fue ese funcionario
quien recomendó a Wal Mart entregar los alimentos. En las audiencias
orales los gerentes de la firma revelaron que el fiscal les había
sugerido hacerlo “para así tener pruebas para la detención”.
Castells sostuvo esta sospecha desde el primer momento. Y ayer, al hablar
por última vez antes de que los jueces den su veredicto, recordó
que el fiscal en ningún momento les hizo saber que al reclamar
comida podía estar cometiendo un delito. Agregó que durante
años su Movimientotuvo un diálogo fluido con el hipermercado
y había recibido de él donaciones periódicas, e insistió
en que el incumplimiento de una última promesa fue sólo
el paso inicial de una cama montada para frenar los pedidos de comida
a los supermercados. Convencido de que el proceso en su contra es puramente
político, el dirigente sostuvo que los jueces ya tienen su condena
firmada. El tribunal oral Número 3 dará a conocer su decisión
en un día atípico: convocó a las partes el domingo,
a las diez y media de la mañana.
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Denuncia por discriminación
El Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo
(Inadi) deberá analizar varios de los testimonios brindados
en el juicio oral y público contra Raúl Castells.
Algunos de los ex gerentes de Wal Mart utilizaron términos
considerados agraviantes para describir a los abuelos y los desocupados
que pidieron comida. María Julieta Pía, por ejemplo,
dijo que se dio cuenta que las pensionadas no eran clientas porque
tenían “las piernas sucias”. Otros ex directivo
consideró a los manifestantes como “sucios” y “rotosos”
y un tercero agregó, en un intento de desacreditarlos, que
le habían pedido bebidas alcohólicas. La defensora
oficial María Mestrin solicitó al tribunal que se
envíe al Inadi una copia de estos testimonios, para que determine
la posible existencia de un acto de discriminación. Estas
expresiones surgieron luego de que los testigos revelaran que sabían
con anticipación que los jubilados harían un reclamo
en el hipermercado.
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