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 El ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa, reconoció ayer al terminar la reunión
de gabinete el “costo político” que representa para el
Gobierno la falta de una salida para los presos por el ataque al cuartel
de La Tablada, que llevan 101 días de huelga de hambre. Mientras
el Ejecutivo se muestra empeñado en esperar a que la Corte Suprema
resuelva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
le dio un ultimátum de diez días para que adopte “las
medidas necesarias” para habilitar la revisión de las condenas
a los detenidos.
El Gobierno recibió el lunes una comunicación de la CIDH
en la que le recuerda que en su informe de 1997 recomendó a la
Argentina que concediera una segunda instancia judicial a los presos,
tal como dispone la Convención Americana de Derechos Humanos. El
organismo internacional también sugirió, en aquel entonces,
que se garantizara “una investigación independiente, completa
e imparcial” del ataque de La Tablada, en enero de 1989, y que se
adoptaran las medidas “más apropiadas para reparar a las víctimas
o sus familiares”. “A más de tres años del informe
de la Comisión, sus recomendaciones continúan incumplidas”,
concluyó la entidad de derechos humanos al terminar su período
de sesiones el viernes último.
El ministro De la Rúa aseguró ayer que el Estado tiene “un
compromiso internacional” para promover la revisión de las
penas de los atacantes de La Tablada. Pero, en contra del pedido de los
presos del MTP, no ha accedido a conceder ni el indulto ni la conmutación
de penas. Por lo pronto, ha optado por agotar la vía judicial.
Con ese fin, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, presentó
por orden de un decreto presidencial un recurso extraordinario para que
la Corte Suprema le indique a la Cámara de Casación Penal
que revea la condena de los 13 acusados. El 23 de noviembre la Sala II
de Casación rechazó el planteo de los detenidos fundamentando
que no hay norma que lo faculte a conceder la revisión.
“Si hay un compromiso internacional de doble instancia que no se
ha cumplido, el Estado debe cumplir con el mismo”, admitió
el titular de Justicia. Y volvió a lamentar que el tema no se haya
podido resolver en el Congreso donde, señaló, “desgraciadamente
fracasaron todas las tentativas” de reformar la Ley de Defensa de
la Democracia introduciendo la de apelación. “Muchas veces
cumplir con la ley implica pagar costos políticos, pero no hay
mayor costo político que dejar de cumplir con la ley”, planteó.
A pesar de que, días atrás, el presidente de la Corte, Julio
Nazareno, opinó que el máximo tribunal “tiene que decir
que no” al recurso presentado por Marcer, el ministro De la Rúa
dijo que “el Gobierno confía en plenitud en los órganos
judiciales y en este caso la Corte”. Aclaró, además,
que el Ejecutivo no recusará a ningún miembro del tribunal.
El vocero de los presos, Adrián Witemberg, se mostró conforme
con la advertencia de la CIDH al Estado argentino. “Es que el Gobierno
tiene que saber que la situación de los detenidos es cada vez peor
–dijo–, no sabemos qué puede pasar con ellos en los próximos
días, de modo que tiene que dar una salida si no quiere más
costos.”
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Plazo breve
El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura, José
Saramago, visitó ayer en el Hospital Fernández a seis
de los presos por el copamiento del cuartel de La Tablada, que llevan
101 días de huelga de hambre en reclamo de que se les conceda
la libertad. Saramago aseguró que los detenidos “son
víctimas de una ley anticonstitucional”, y agregó
que percibe que en el país hay una “falta de conciencia
popular que presione hoy mismo al Gobierno para enfrentar el problema”.
En cuanto a la resolución del conflicto, el escritor dijo
que “el indulto probablemente es lo que hay que esperar”,
y rogó que esa medida sea anunciada “en un plazo breve”.
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Cadenas cerca del
pesebre
Familiares de los presos de La Tablada e integrantes de la agrupación
HIJOS estuvieron ayer encadenados durante tres horas en la puerta
de la Casa de Gobierno, en reclamo de que el Poder Ejecutivo les
otorgue a los detenidos la posibilidad de apelar sus condenas. También
participaron integrantes de organismos de derechos humanos y personalidades
de la cultura.
La protesta comenzó a las 16.40, cuando los manifestantes
y un grupo de intelectuales pasaron el vallado de acceso a la Casa
Rosada. Las medidas de seguridad se habían relajado por la
instalación de un pesebre, por lo que unas quince personas
se encadenaron junto a la entrada principal, con carteles que pedían
la libertad de los presos, que llevan cien días de huelga
de hambre. En ese momento, algunos policías reprimieron violentamente
a los manifestantes, pero por mediación de los intelectuales
allí presentes después se limitaron a formar un cordón.
En primer lugar, se acercaron para apoyar la medida el escritor
Osvaldo Bayer, el cantante Piero y el periodista Miguel Bonasso,
y luego llegaron los dirigentes de derechos humanos Herman Schiller
y Arturo Blatezky, y el legislador porteño Abel Latendorf.
Pasadas las 19, los manifestantes se desencadenaron y se dirigieron
a la Biblioteca Nacional, en donde el escritor portugués
José Saramago brindaba una conferencia.
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PIDIERON
QUE SE GARANTICE EL DERECHO A LA VIDA
La Corte falló contra los presos
Por
Irina Hauser
La Corte Suprema
dio ayer su primer pronunciamiento sobre los detenidos por el ataque al
cuartel de La Tablada, que ayunan hace 101 días. El tribunal rechazó
el hábeas corpus presentado por un abogado para que cese “el
agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”
de los presos y “se tutele su derecho a la vida”. Sólo
Enrique Petracchi discrepó. Dijo que ante la falta de acción
del Congreso, la Corte debe “otorgar eficacia a un derecho internacionalmente
exigible” y abrir la revisión de las condenas.
El abogado Roberto Boico hizo la semana pasada una presentación
destinada a que el alto tribunal intervenga para evitar la muerte de los
12 presos que están en huelga de hambre. El letrado pidió
informes a los médicos a cargo de los ayunantes y, al Estado Nacional,
sobre las medidas que ha adoptado para “dar cumplimiento a las recomendaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”,
que en 1997 señaló que se debía abrir la segunda
instancia de apelación.
Votaron la desestimación del recurso presentado por Boico el titular
de la Corte, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O`Connor, Carlos Fayt,
Augusto Belluscio, Guillermo López y Gustavo Bossert. Fayt argumentó
que el abogado es ajeno al proceso en cuestión y que “las
diversas peticiones” por él invocadas exceden el marco del
hábeas corpus.
El único ministro que votó en disidencia fue Petracchi,
quien, incluso, fue más lejos. Sostuvo que el hecho de que el Congreso
no haya facilitado modificación de la ley para incluir la revisión
de condenas, “no constituye un fundamento suficiente para convalidar
por omisión la subsistencia de condenas dictadas en contravención
con lo dispuesto por el Pacto de San José de Costar Rica”.
Concluye que “los instrumentos procesales disponibles, interpretados
a la luz de las exigencias de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, permiten reparar la lesión constitucional al
derecho a la doble instancia”.
En tribunales algunos juristas estiman que el voto de la mayoría
de los ministros en el caso del hábeas corpus anuncia lo que harán
con el recurso extraordinario presentado por el Estado para que la Corte
indique a la Cámara de Casación que revea las condenas.
Algo que se correspondería con lo que ya dijo Nazareno públicamente:
“La Corte tiene que decir que no”.
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OPINION
Por Miguel Bonasso
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Alguien quiere que
se mueran
A esta altura del partido es evidente que un sector del gobierno
quiere que se mueran los presos de La Tablada. Sería una
suerte de prueba de sangre en la pira sacrificial del Ejército.
Una manera de asegurarse la lealtad de ciertos halcones para una
circunstancia deseada por el actual ministro de Defensa, Ricardo
López Murphy: su eventual ascenso a la poltrona que ocupa
José Luis Machinea. Desde la cual extremaría el proyecto
de exclusión vigente y necesitaría tener a los pretores
como reaseguro frente a un posible desborde del conflicto social.
(Lo que explicaría su irrefrenable tendencia a recomendar
ascensos de oficiales señalados por su participación
en la represión clandestina y las concesiones al jefe del
Ejército, Ricardo Brinzoni, quien gusta fotografiarse con
genocidas como Luciano Benjamín Menéndez).
Pero el trabajo de zapa en favor de un desenlace trágico
para los prisioneros de La Tablada tiene además otras motivaciones
que se le escapan a quien podría resultar víctima
de la maniobra: el ministro del Interior Federico Storani. Es indudable
que una muerte (o doce muertes) caerían en primer lugar sobre
la cabeza del ministro político: el único ex “progre”
que resta en la Rosada tras las cesantías y renuncias del
5 de octubre pasado, cuando el presidente Fernando de la Rúa
acabó con el gobierno de coalición.
El escándalo internacional y las imprevisibles reacciones
internas de una sociedad que hasta ahora se mostró indiferente,
pero que podría conmoverse con una muerte, caerían
como una pesada losa sobre el ministro que tuvo la obligación
de diseñar una alternativa a la catástrofe.
Esto no es un delirio, ni una simple especulación, aunque
nada desearía más el autor de estas líneas
que ser desmentido por los hechos. Pero ¿cómo explicar,
si no es así, que el Gobierno le diga al ex presidente nicaragüense
Daniel Ortega que existe un decreto que permitiría la liberación
de casi todos los presos y sigan pasando los días sin ningún
anuncio?
El doble discurso y el doble comportamiento del Poder Ejecutivo
autorizan los presagios más negros. Por un lado vemos a Machinea
apretando a los senadores justicialistas para que aprueben el presupuesto,
mientras se comunica por celular con Washington, y por otro vemos
que nadie responde a otro teléfono de la capital norteamericana
(el de la CIDH de la OEA), que ha dado un plazo de diez días
para que el Estado argentino “repare”la situación
de los presos de La Tablada. Las indecorosas urgencias de Machinea
resultan ser el correlato de la morosidad del Presidente y su ministro
político en materia de derechos humanos.
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