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 ”Deberán soportar
también campañas adversas, calumnias y descalificaciones.
Las soportarán estoicamente, sabiendo la nobleza de nuestros propósitos
y la comunión de nuestro accionar. Soportadlo aunque conozcais
la mendacidad, para eso está vuestro espíritu de soldados.
La réplica debe ser responsabilidad de las autoridades.” El
ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, dirigió estas
palabras a los egresados de la promoción 131 del Ejército,
en un acto en el Colegio Militar. El discurso del funcionario indignó
a políticos y miembros de organismos de derechos humanos, que vieron
en estas declaraciones un intento de involucrar corporativamente a las
nuevas generaciones de militares en la defensa de los crímenes
cometidos durante la última dictadura.
“Lo que debería hacer el ministro es tratar de separar a las
nuevas promociones del viejo Ejército que tiene el uniforme manchado
con sangre. Pero para eso las nuevas promociones deben conocer la verdad
histórica. Lo que hay que decirles a las nuevas generaciones es
nunca más a los golpes de Estado, no colocarlas en la defensa de
la guerra sucia”, expresó la ex Subsecretaria de derechos
humanos, Alicia Pierini. Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos
por Razones Políticas, aseguró que “es una barbaridad
que López Murphy cuestione la validez de la Conadep. Es la primera
vez que un ministro critica el informe, que es oficial y fue producido
por una comisión nombrada por el Estado”.
López Murphy realizó la arenga a los flamantes oficiales
en medio de la polémica que se originó cuando la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, cuestionó a seis tenientes coroneles
y un coronel que aparecían en la lista de 67 oficiales que las
Fuerzas Armadas habían mandado al Senado para ser promovidos. “Este
ministerio se hace cargo de los pliegos de ascenso elevados al Senado
por los brillantes oficiales propuestos y se lamenta la calumnia y la
liviandad con que se procede dañando el honor y la reputación
de los mismos”, dijo el ministro aprovechando la confusión
que hubo sobre algunos militares, que resultaron no ser los represores
a los que la Subsecretaría hizo alusión en el informe girado
al Senado.
Sobre este punto, Pierini recordó que en 1997 –cuando impugnó
el ascenso de un grupo de marinos de la ESMA– manifestó que
no era la Subsecretaría la que tenía que probar quienes
habían participado en la represión ya que el Ejército
poseía la foja de servicios de todos los militares y sabía
cómo habían actuado sus miembros durante la dictadura.
Para la diputada frepasista Marcela Bordenave, “el ministro habla
de calumnias pero exigir Justicia no es calumniar”. “En la lista
de ascensos hay al menos dos militares involucrados en el genocidio y
si se quiere profundizar la democracia no tiene que haber ni media persona
comprometida en esos hechos”, puntualizó Bordenave.
“El hecho que haya impunidad hace que todos los miembros de las Fuerzas
Armadas estén involucrados en las violaciones a los derechos humanos,
aún los que no”, remarcó Gutiérrez. Siguiendo
el mismo razonamiento, Graciela Rosemblum, de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre recordó que “nosotros seguimos exigiendo
la anulación de las leyes de impunidad y los indultos: es la única
garantía de que se castigue a los responsable”. Desde Madres
de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida criticó al
ministro porque “parece un militar con amnesia”. Y remarcó
que “sería importantísimo que le contara la Verdad
a los jóvenes soldados para que no incuben el huevo de la serpiente”.
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OPINION
Por Nora Veiras
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La liviandad
El Estado no puede darse el lujo de no ser riguroso. Debe ser obsesivo
hasta la exasperación en el momento de hurgar en la historia
de los militares que aspiran a ser ascendidos. La contundencia de
la información es lo único que queda para evitar la
consagración de la impunidad de quienes pudieron estar involucrados
en violaciones a los derechos humanos. Los archivos de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) son
la piedra basal de esa memoria. Pero a lo largo de 25 años
se construyeron registros más precisos del derrotero de los
responsables del horror. Basta con apelar a los archivos editados
en CD-Rom del nuevamente capitán del Ejército José
Luis D’Andrea Mohr para confrontar datos y evitar traspiés
que puedan ser utilizados para ocultar otras “liviandades”.
Los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado tuvieron
que armar los rostros, los nombres y los lugares donde fueron sometidos
por los artífices de la represión ilegal. Reconstruyeron
el infierno para poder pedir aquello que se les negó: justicia.
La minuciosidad de esa prueba permitió ir derribando reparos
y mezquindades de muchos que se habían adueñado de
aquel slogan abrazado al Obelisco: “El silencio es salud”.
Fueron esos primeros testimonios recolectados por la Conadep los
que permitieron el juzgamiento de las tres primeras juntas militares
y el procesamiento de más de 1500 uniformados.
Ahora, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se paró
frente a los egresados del Colegio Militar para denostar por “calumniosas”
las objeciones que pesan sobre algunos de los oficiales del Ejército
propuestos para ser ascendidos. La Subsecretaría de Derechos
Humanos explica que usó aquellos testimonios para confrontarlos
con los nombres de los oficiales propuestos por la fuerza y que
sólo elevó al Senado un informe con “posibles
coincidencias” para que ese cuerpo investigara.
“Los militares también cumplen años” ironizó
un viejo oficial ante la evidencia de la confusión entre
padres e hijos entre algunos de los objetados. El Estado no puede
darse el lujo de no ser riguroso.
Es cierto también que las Fuerzas Armadas tienen sí
pormenorizados legajos con los años y destinos de cada uno
de sus hombres. Antecedentes que en más de una oportunidad
no las inhibieron de elevar al Senado los nombres de oficiales que
sin duda habían participado en violaciones a los derechos
humanos. Más aún, en el caso del general Rodolfo Cabanillas,
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comprobó
que en su momento la foja que llegó al Senado había
“omitido” su paso como subjefe del campo de concentración
de Automotores Orletti.
Amparadas en la mutilación de justicia del Punto Final, la
Obediencia Debida y los indultos, las Fuerzas Armadas eludieron
su autodepuración. Después de veinticinco años,
por una razón meramente temporal, son pocos los verdugos
que siguen en actividad. Pero, la cúpula del Ejército
elige la defensa corporativa de sus hombres. La paradoja de la impunidad
hace que todos se conviertan en sospechosos.
López Murphy, quien el año pasado avaló el
ascenso de seis militares cuyos antecedentes no permitían
confusión alguna, salió ahora presuroso a advertirles
a los nuevos oficiales que “deberán soportar campañas
adversas, calumnias y descalificaciones”. Parece que para el
ministro el horror de los secuestros, torturas y desapariciones
que igualaron a las Fuerzas Armadas con la delincuencia no fueron
más que producto de “una campaña” de desprestigio.
No quedó claro cuál es el destino que prevé
para los graduados.
“La liviandad” con la que se trató la reputación
de los oficiales indignó al ministro. Por contraste, resulta
entonces llamativa la “liviandad” con la que hace caso
omiso de la presencia de los represores en los actos oficiales.
Al menos que también tenga dudas sobre la foja de servicios
de Luciano Benjamín Menéndez.
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