|
 Una fuerte polémica se
desató en la Legislatura porteña, incluso dentro del mismo
bloque oficialista, a pocas horas del tratamiento del proyecto de ley
de juego para la ciudad. La propuesta intenta regularizar, bajo competencia
del gobierno porteño, las diferentes variantes de los juegos de
azar dentro de los límites de la jurisdicción. Pero es el
artículo 9º el que marcó la divisoria de aguas al establecer
la habilitación de un casino en la Capital. El Frepaso y Encuentro
por la Ciudad apoyan el voto favorable, con el argumento de la fuerte
incidencia de un casino en las arcas de la ciudad. Parte del radicalismo,
el bloque socialista y el de la izquierda sostienen que, si el cierre
del casino flotante fue una promesa de campaña, difícilmente
ahora, siendo gobierno, se pueda sostener éticamente una postura
opuesta. Como no podía ser de otra forma, mañana, en el
recinto, serán los números los que determinen la suerte
de la ruleta y el black jack.
El proyecto consta de 34 artículos que buscan ordenar el funcionamiento
de las agencias de loterías, bingos, sistemas de apuestas hípicas
y la instalación de un casino dentro de la ciudad. En sus considerandos
cita al artículo 50º de la Constitución porteña,
que establece la potestad de la ciudad para “regular, administrar
y explotar los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas”. El mismo
artículo subraya taxativamente que no será admitida “la
privatización o concesión”. La ley será votada
en el marco de un tema polémico y aún no resuelto: la habilitación
del casino flotante en las postrimerías del menemismo y que provocó
el rechazo unánime de la Legislatura en aquel momento.
Pero los momentos cambian: la votación dentro de la Comisión
de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo,
que despachó el proyecto para su tratamiento, trasluce el panorama
de la polémica. El socialista Roy Cortina, el radical Fernando
Caeiro y Patricio Echegaray por la izquierda votaron en disidencia. Los
tres directamente se opusieron a la instalación de casinos, bingos
y tragamonedas. Enrique Rodríguez y Alberto Fernández, de
Encuentro por la Ciudad, el radical José Palmiotti y el cartañista
Jorge Giorno no pusieron objeciones.
“Hace un año y medio –recordó a Página/12
Roy Cortina–, por unanimidad se aprobó el repudio al establecimiento
del casino flotante, por parte del menemismo, en un marco de pobreza y
falta de empleo. No se puede sostener el criterio contrario ahora que
somos gobierno.”
Cristian Caram, presidente de los legistadores de la UCR, aseguró
que “el bloque radical quiere prohibir el casino en la ciudad. Cerrar
el casino flotante fue una promesa electoral”. Pero el tema es tan
álgido que en abierta contradicción con Caram, uno de los
radicales de la comisión votó a favor sin objeciones.
“No estamos en contra del casino de plano, pero tiene que estar en
un centro turístico. No forma parte de la cultura de la ciudad”,
sostuvo Cortina. Enrique Rodríguez, presidente de la comisión,
tuvo una postura diferente. “Por qué tendríamos que
sacar una ley prohibitiva, cuando la Constitución porteña
no prohíbe los casinos. El artículo 50º exige que los
juegos de azar tienen que estar en manos de la ciudad y no privadas. En
todo caso, nadie obliga a que se instalen. Habrá que determinarlo
después mediante audiencia pública.”
El artículo 32 del proyecto de ley establece que hipódromos,
salas de apuestas hípicas y bingos habilitados legalmente podrán
continuar funcionando hasta finalizar las concesiones, “que no pueden
ser renovadas bajo ninguna circunstancia”. Rodríguez aclaró
que el espíritu del proyecto “no es cerrar la actividad sino
que pase a manos del Estado. En el caso de los bingos, se establecieron
contratos antes de que estuviera en vigencia la norma legal. Con el casino
flotante es distinto y nosotros nos opusimos a su instalación,
porque fue habilitado por el menemismo después de que se aprobara
la Constitución porteña. Es una habilitación ilegal.
Pero no estamos en contra de los casinos.” La ley, como proyecto,
tiene un límite temporal: el jueves los legisladores deberán
expedir su voto. La polémica posiblemente continúe.
EL
CASO DE LOS ARGENTINOS DETENIDOS EN ESPAÑA
“A mi esposa le hicieron una cama”
“A mi esposa la engañaron,
le hicieron una cama”, dice E.J., y no oculta su desesperación
aunque, antes de hablar, pide ser mantenido en el más estricto
anonimato. Su mujer, M.H.J., forma parte del grupo de siete argentinos
detenidos en el aeropuerto madrileño de Barajas, el viernes pasado,
después de que la policía descubriera en sus equipajes 17
kilos de cocaína ocultos en la suela de 32 pares de zapatos, por
un valor local de 85 mil dólares. El mismo viernes, y por medio
de una escueta conversación que duró tan sólo 2 minutos,
M.H.J. se comunicó telefónicamente con su marido para explicarle
lo que estaba ocurriendo. “Me detuvieron en el aeropuerto... estoy
desesperada... me pusieron en la valija... no sabía nada”,
le dijo su mujer llorando.
Alberto Blanco, de 75 años, reconoció haber colocado los
zapatos en las valijas de sus familiares y sostuvo que el resto del grupo
desconocía la maniobra. Sólo incriminó a Héctor
Martiné, a quien las autoridades españolas sospechan como
el ideólogo del operativo Zapatos Blancos. Los abogados representantes
de los siete detenidos apelarán hoy la prisión preventiva,
salvo en el caso del único autoincriminado: el abuelo Blanco.
M.H.J. es empleada de comercio y vive con su familia en La Plata. “Es
prima segunda de la hija del que reconoció todo”, dijo a Página/12
su marido, sin dar nombres. “Es totalmente inocente. Le metieron
la droga sin que supiera nada. La invitaron a un viaje por España,
una semana, con todos los gastos pagos. ¿Qué iba a sospechar
si eran familiares? El jueves que viene tenía que estar de vuelta.”
La prima de M.H.J. es Patricia Nelly, hija de Alberto Blanco y Nelly Caminos,
de 73 años. Viajaron los cuatro, Patricia acompañada por
su hija, de 14, y su novio, Juan Carlos Romero, de 44. También
fue de la partida Ernesto Urano, de 75, y amigo de Alberto. De los seis,
sólo quedó libre la menor, considerada inimputable. El resto
quedó alojado en la prisión de Soto del Real.
Según Luis Vicario Treviño, abogado del grupo familiar,
Blanco “declaró al juez que consiguió que todas las
valijas llegaran a su departamento. Ahí sacó los zapatos
originales de cada una de las personas que iban a viajar y los cambió
por los que, según declaró, le fueron entregados por Héctor
Martiné, que le había prometido un pago por el transporte”.
Martiné es el séptimo detenido. Amigo personal de Blanco
desde hace dos décadas, según las declaraciones de todo
el grupo fue quien organizó el viaje, compró los pasajes
y trasladó las valijas en su camioneta. Llamativamente, Martiné
viajó en primera, en el mismo vuelo y al mismo destino –Jerez
de la Frontera–, pero sin ponerse en contacto con el grupo. José
Legazpi, defensor de Martiné, negó toda vinculación
de su cliente con el hecho.
La Policía Federal fue consultada por sus colegas españoles.
“El uso de camellos jubilados es cada vez más común
–aseguró una fuente de la Federal–. Es un problema en
todo el mundo, porque son jubilados, y como argentinos tienen fácil
acceso a los diferentes países. El método que usaron es
el más común. El jubilado, por lo general, está enterado
de lo que lleva. No sabemos, en este caso si el resto lo sabía.”
|
