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Por Georgina Higueras*
Desde Moscú
 La detención de Vladimir
Gusinski en España ayer ha caído como una bomba en Media-Most.
Para su vicepresidente, Igor Malashenko, se “trata de un abuso claro
y flagrante” de Rusia como miembro de las organizaciones legales
internacionales y obedece tan sólo a una “persecución
política” de la Fiscalía General y “personal”
del presidente Vladimir Putin contra Gusinski. El magnate detenido en
una urbanización de la provincia andaluza de Cádiz fue trasladado
a Madrid, donde pasó a disposición judicial del magistrado
Baltasar Garzón, quien ordenó su encarcelamiento.
Cuando el pasado 18 de noviembre se alcanzó un acuerdo entre Gazprom
y Media-Most, según el cual el monopolio del gas ruso se cobraba
su deuda de unos 214 millones de dólares en acciones del grupo
de comunicación, la fiscalía declaró que seguiría
adelante con la demanda ya retirada por Gazprom contra Gusinski por desviar
al extranjero activos de Media-Most que servían de garantía
a la deuda. Pavel Astajov, abogado del magnate, se ha mostrado confiado
en que podrá demostrar a las autoridades judiciales españolas
que la orden de búsqueda de su cliente “tiene motivaciones
políticas”. Según Astajov, Gusinski, de 48 años,
no podrá ser extraditado a Rusia porque “las convenciones
internacionales protegen ante la sospecha de persecución política”.
Un portavoz de la fiscalía, sin embargo, ha señalado que
no existe ningún obstáculo para la extradición de
Gusinski. “Rusia está dispuesta a facilitar a las autoridades
españolas toda la información que necesiten, aunque hasta
el momento no se ha solicitado ninguna –declaró el portavoz-.
Podemos ofrecer pruebas de que no se trata de ninguna persecución
de carácter político”, añadió.
La detención ha causado conmoción no sólo en Media-Most
sino en todos los medios periodísticos rusos. Desde que el 20 de
noviembre la fiscalía remitió a Interpol la orden internacional
de búsqueda y captura existía el temor a que este momento
llegase. El mismo Gusinski declaró en una entrevista con este diario
el pasado día 25 que esperaba que la Interpol no se convirtiera
en un “instrumento del poder ruso”. Estados Unidos, en una primera
reacción, criticó la orden impartida por la fiscalía
como una restricción a la libertad de prensa.
Malashenko ha señalado que no es de extrañar que el gobierno
ruso haya utilizado sus contactos con el gobierno español para
dar una imagen totalmente negativa de un hombre que no ha querido someter
a su grupo de comunicación a los designios del Kremlin. “Está
claro que el Kremlin va a hacer todo lo que esté en su mano para
detener a Gusinski, porque este caso es pura y simplemente una venganza
política”.
Las relaciones de Putin con los “oligarcas”, el grupo de empresarios
mafiosos y corruptos que se enriquecieron enormemente debido a las privatizaciones
de la era de Boris Yeltsin, han variado desde que asumió el poder
tras la renuncia de este último el 31 de diciembre de 1999. Inicialmente,
el ex jefe de la KGB empleó parte de la influencia de los oligarcas
como rampa de lanzamiento de su propia candidatura al poder máximo
en la Rusia post-soviética. Después empezó a poner
algunos de sus miembros bajo la mira. Y el primero fue Gusinski.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
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