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 El fiscal de la Cámara
de Casación Penal, Raúl Plee, sostuvo en un dictamen que
no corresponde hacer lugar al recurso presentado por el Estado argentino
para que la Corte Suprema habilite la segunda instancia para los presos
por el ataque al cuartel de La Tablada, que llevan 102 días de
ayuno. Sostuvo que no existe “gravedad institucional” en el
caso y que “no hay peligro de sanción internacional”.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, dijo que la opinión
de Plee era “previsible”. “Este fiscal es el mismo que
durante el juicio ha desconocido torturas y ejecuciones extrajudiciales
por parte del Ejército”, cuestionó Rodolfo Yanzón,
abogado de los detenidos. Casación resolvería el tema entre
hoy y mañana.
Las conclusiones del escrito elaborado por Plee irritaron a más
de un funcionario gubernamental, a pesar de que el resultado –dijeron–
era esperable. El ministro De la Rúa recordó que el dictamen
fiscal no es vinculante y que la resolución válida será
la de la Sala II de la Cámara de Casación. Los camaristas
deben decidir si admiten o no el recurso extraordinario presentado el
lunes pasado por el procurador general de la Nación, Ernesto Marcer,
destinado a que sea la Corte el tribunal que le indique a la Cámara
que abra la revisión de las condenas de los presos.
La iniciativa del Poder Ejecutivo de instruir a Marcer fue producto de
la falta de acuerdo en Diputados para discutir la reforma de la Ley de
Defensa de la Democracia, que no admite la doble instancia, y de la incesante
huelga de hambre que siguen los atacantes de La Tablada, que están
muy mal de salud. El Procurador planteó que el caso reviste “gravedad
institucional” y que Argentina debe cumplir con las recomendaciones
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo
en 1997 recordando que la Convención Americana de Derechos Humanos
-con rango constitucional– se refiere al derecho a “recurrir
el fallo ante el juez o tribunal superior”.
Para mayores dolores de cabeza, el Gobierno recibió el viernes
pasado una comunicación de la CIDH donde le da un plazo de diez
días para que diga qué medidas implementará para
solucionar el conflicto. La Cancillería le contestará entre
hoy y mañana lo mismo que ya dijo: que seguirá reafirmando
la importancia de cumplir con los pactos internacionales.
El dictamen del fiscal Plee, al que accedió Página/12, es
totalmente contrario a lo que pide el Gobierno. Argumenta, por un lado,
que el Ejecutivo no está legitimado para presentarse ante la Justicia:
lo acusa de entrometerse en “la actividad del Ministerio Público”
que, entiende, no le correspondería, y de presentarse en nombre
de los presos que tienen “defensas legítimamente constituidas”.
Sostiene también que, en realidad, Argentina no tiene “responsabilidad
internacional de naturaleza institucional” concreta, que las recomendaciones
de la CIDH son “a futuro”, que no hay sanción internacional
posible porque no ha intervenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y que la gravedad institucional invocada por Marcer “es conjetural”.
Los jueces de casación podrían resolver el tema antes de
la semana que viene y girarlo –o no– a la Corte. Aunque los
camaristas rechacen el recurso, Marcer piensa seguir insistiendo directamente
ante los supremos con un recurso de queja. El problema es que el tiempo
corre y el máximo tribunal tiene su última reunión
de acuerdos del año el martes que viene. En principio, cinco de
los nueve ministros podrían fallar a favor de los presos. Pero,
por si este camino judicial se llegara a retrasar, el Gobierno sigue estudiando
la posibilidad de sacar un decreto de necesidad y urgencia que permita
sin más vueltas la revisión de las condenas.
El abogado de los detenidos se mostró molesto porque el fiscal
Plee insista con que “Argentina no tiene que cumplir las obligaciones
internacionales”. “Este fiscal es el mismo que ha desconocido
torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército,
está todo dicho”, concluyó.
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Humanidad sí
política no
El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José
Saramago pidió una segunda instancia judicial para los presos
por el copamiento al cuartel de La Tablada, luego de reunirse ayer
con el ministro de Interior, Federico Storani. Saramago asistió
al encuentro en la Casa de Gobierno acompañado por familiares
de los detenidos.
El escritor expresó su “esperanza y deseo de que la
situación de los presos se resuelva para que no se pierdan
vidas”. Los detenidos de La Tablada llevan 101 días
de huelga de hambre, en reclamo de que se les otorgue la posibilidad
de apelar sus condenas. Según sus familiares, el estado de
salud de los presos es muy grave, y empeora día a día.
Saramago reconoció que el Gobierno tiene “voluntad humanitaria”
para resolver el problema, aunque dijo no tener autoridad para afirmar
si existe “voluntad política o judicial” para cumplir
con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que urgió al Estado argentino a
que permita la doble instancia para los presos. “En la Argentina
ya se perdieron unas cuantas vidas absurdamente”, agregó
el Premio Nobel. Anteayer, Saramago había visitado a seis
de los ayunantes en el Hospital Fernández para expresarles
su solidaridad con el reclamo.
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MAESTRO
BONAERENSE DESPEDIDO
94 días de otro ayuno
Se llama Raúl Nicolás
Gómez de Olivera. Hace 94 días que está ayunando.
Los primeros 93 se instaló en la plaza de San Justo, pero ayer
lo quisieron echar y junto a la ayuda de un grupo de militantes de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se trasladó al Congreso,
donde pasó la noche. El hombre es docente y lo que reclama es que
lo reincorporen a su cargo de maestro titular de la escuela 157 de González
Catán. “Me echaron por denunciar una red de malversación
de fondos en los comedores y construcciones escolares”, dice. El
director general de Escuelas bonaerense, José Octavio Bordón,
lo dejó cesante en mayo alegando que no había aprobado un
examen piscofísico. El gobernador Carlos Ruckauf firmó,
cuando se enteró de la medida, un decreto ofreciéndole un
cargo en el gobierno y otros dos reponiéndolo en su puesto en forma
provisoria. El maestro rechazó los tres decretos.
Gómez de Olivera tiene 52 años y desde hace 33 trabaja como
docente. Le falta un ojo y una pierna, pero hasta este año eso
no había sido inconveniente. Paralelamente a su tarea de docente,
el maestro comenzó a denunciar los desvíos de dinero para
comedores y obras escolares desde 1990. En todo este tiempo sufrió
amenazas y atentados y el 19 de mayo de este año fue declarado
cesante por no cumplir con las condiciones de ingreso, pese a que era
titular en esa escuela desde 1987. El 11 de setiembre, hace ya 94 días,
Gómez de Olivera inició una huelga de hambre y se instaló
en su silla de ruedas en la plaza de San Justo para pedir su reincorporación.
Ayer, la policía lo quiso echar de la plaza de San Justo. Y junto
a un grupo de integrantes de la APDH de La Matanza fue trasladado al Congreso,
donde pasó la noche. Además, el maestro decidió ayer
dejar de ingerir infusiones saladas y glucosa, y sólo toma mate
amargo y agua. La gente de la APDH tuvo entrevistas ayer con asesores
de la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, para pedirle que
le den algún tipo de asistencia al maestro. Ella se comprometió
a escribirle una carta a Ruckauf para pedirle que en virtud de la situación
que está viviendo el docente sea reincorporado lo más pronto
posible al mismo cargo que tenía antes de que lo echaran. Gómez
de Olivera se niega a que lo nombren como maestro interino porque “las
denuncias no van a seguir su curso”.
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