|
Por Victoria Ginzberg
 El Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) presentó ayer en la Comisión de Acuerdos
del Senado sus impugnaciones a los pliegos de ascenso de nueve militares
impulsados por el Poder Ejecutivo. El organismo de derechos humanos señaló
que en la lista propuesta por el Ministerio de Defensa hay cinco carapintadas,
dos represores mencionados en los legajos de la Conadep, un coronel vinculado
con la manipulación de la investigación judicial del asesinato
del soldado Omar Carrasco y un teniente coronel sospechado de haber participado
en el grupo de tareas que operaba en Bahía Blanca durante la dictadura.
Mientras, en el acto de egreso de los subtenientes del Ejército,
guardiamarinas de la Armada y alféreces de la Fuerza Aérea,
el presidente Fernando de la Rúa expresó su “orgullo
para destacar que la Nación cuenta con Fuerzas Armadas respetuosas
de la Constitución y de la ley, profesionales, eficientes y con
plena vocación de servicios hacia su comunidad”.
En el listado elaborado por el centro de documentación del CELS,
dirigido por Cristina Caiati, hay dos coincidencias con el informe elaborado
por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se trata de los antecedentes
de los tenientes coroneles Virgilio Alberto Moschino y Oscar Alfonso Vaquero.
El primero figura en el legajo 1344 de la ex Conadep como integrante del
plantel del personal represivo del Batallón 601. El segundo está
mencionado en el legajo 3575 vinculado a los vuelos de la muerte.
Según consta en un testimonio de Conadep “desde el centro
clandestino que funcionaba en el área de Institutos militares hubo
un ‘último viaje’ para arrojar detenidos al río,
lo comentó quien lo hizo, un militar de apellido Vaquero, hijo
de un general”. Para defender a este pliego, los hombres del ministro
Ricardo López Muphy afirmaron –como publicó el martes
Página/12– que Vaquero no es piloto militar y no es hijo del
general del mismo apellido.
El CELS ratificó que el actualmente teniente coronel no tiene parentesco
con el ex general Vaquero, pero insistió con su participación
en la represión ilegal. Según la información que
proporcionó a los senadores, Vaquero “estaba destinado en
la Escuela de Artillería de Campo de Mayo y cumplió varios
períodos en comisión en el Comando de Institutos Militares
a órdenes de los generales Santiago Omar Riveros y Domingo Bussi.
Durante esas comisiones participó en los vuelos”.
El tercer militar cuestionado por su actuación durante el terrorismo
de Estado es el teniente coronel Hugo Carlos Casela, quien fue jefe de
sección del Regimiento de Infantería 24 de Río Gallegos
entre 1975 y 1978 bajo las órdenes del mayor Emilio Ibarra. El
CELS señaló que “la fiscalía de la Cámara
Federal de Bahía Blanca tiene fuertes sospechas de que integraba
la ‘Agrupación’ (grupo de tareas) que operó en
jurisdicción de la subzona 51 secuestrando y trasladando desaparecidos.
Tales sospechas no pudieron ser aclaradas debido a la interrupción
de las audiencias”. El fiscal Hugo Omar Cañón puntualizó
a este diario que Casela fue citado para declarar en el Juicio por la
Verdad y se defendió aduciendo que no había sido destinado
a Bahía Blanca. Sin embargo, existen sospechas de que pudo haber
estado “en comisión” en esa ciudad. “Casela sugirió
que el militar denunciado podía ser su hermano, pero el juicio
se interrumpió y no lo pudimos citar”, afirmó Cañón.
Ibarra, que fue su jefe, admitió en el juicio bahiense que participó
en “operativos” de detención de personas. El CELS también
impugnó pliegos de militares que se alzaron contra la democracia.
Los tenientes coroneles Jorge Ramón Cáceres, Daniel Atilio
Oneto, Jorge Raúl Daura y Luis Alejandro Candia y el coronel Emilio
Daniel Terán fueron cuestionados por participar junto a Aldo Rico
en la ocupación de la Escuela de Infantería de Campo de
Mayo en Semana Santa de 1987. Sobre Candia, El CELS señaló
además que “en 1988 el Ejército lo puso en disponibilidad
a raíz de la investigación por el secuestro extorsivo delcomerciante
Emilio García Nanni, pero su participación no fue probada
legalmente y volvió a la actividad”.
Por último, el CELS objetó la promoción del coronel
Daniel Manuel Reimundes, que fue jefe del Departamento de Política
y Estrategia Institucional del Ejército y uno de los hombres de
confianza del ex jefe de la fuerza, Martín Balza. “Fue designado
asesor del juez Rubén Caro para el caso Carrasco. El magistrado
admitió ante la Comisión de Juicio Político de Diputados
que, de hecho, le anticipaba todos los pasos que iba a dar en la investigación
del crimen del soldado”, expresó el organismo.
La Comisión de Acuerdos del Senado recibió ayer al director
organizativo del CELS, Gustavo Palmieri, quien entregó una carta
con los datos a los senadores. También estuvo la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti. La funcionaria fue cuestionada por algunos
senadores porque el informe que presentó contenía datos
erróneos. Hoy, los senadores recibirán a miembros de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
|
Los ecos de López
Murphy
El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, fue mencionado
ayer en dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados.
Los diputados Marcela Bordenave, Ramón Torres Molina, Alicia
Castro y Jorge Giles, entre otros, señalaron su “más
enérgico repudio al discurso pronunciado en el Colegio Militar
por el ministro, intentando defender los crímenes y el terrorismo
de Estado ejercido durante la última dictadura”. Por
su parte, el diputado socialista Jorge Rivas –acompañado
por sus pares Alfredo Bravo y Héctor Polino– reclamó
que López Murphy ofrezca explicaciones a la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados “acerca
de sus reiteradas declaraciones y actitudes públicas mediante
las que ha expresado su respaldo a oficiales del Ejército
acusados de haber participado en la represión ilegal y su
desdén por la información recopilada por la Conadep”.
“A esta altura su presencia en el gabinete resulta nociva para
las instituciones democráticas”, escribió el
diputado Rivas en su proyecto.
|
|
