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Por Horacio Cecchi
 Montado sobre las repercusiones
del dramático caso de Olavarría, Jorge Casanovas, ministro
de Justicia bonaerense, decidió subir el tono de la apuesta: si
hasta anteayer, desde su punto de vista, el problema de la adolescencia
se zanjaba bajando la edad de imputabilidad de los menores -actualmente
los 16 años–, ayer se declaró favorable a que no existieran
ningún límite de edad para la condena. “Habría
que contemplar la posibilidad de no poner límite de edad porque
hay casos de chicos de 13 años que tienen la madurez superior a
uno de 18”, sostuvo, nada menos que frente a una formación
policial de la Bonaerense. La arremetida del ministro de Carlos Ruckauf
desató rechazos en todos los sectores, incluyendo jueces, organizaciones
de derechos humanos y especialistas en minoridad.
La titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo,
consideró que “hoy es hipócrita plantear el tema de
los límites de edad porque hay chicos de diez años privados
de la libertad”. “No pasa por meter presa a la gente –consideró
Eduardo Matías de la Cruz, procurador general de la Suprema Corte
bonaerense–. El problema es saber que el alcoholismo en la juventud,
las drogas, son producto del abandono de una sociedad, del incumplimiento
de los deberes de los padres, de todos los responsables sobre la vida
de los adolescentes”.
Ya el martes, Casanovas utilizó el sepelio de la maestra Maritza
Prezzolli en Olavarría como escenario para difundir su solución
al problema de la adolescencia. En ese momento, sostuvo la necesidad de
abrir una discusión donde se plantee bajar los límites de
imputabilidad de los menores. Ayer, no conforme con esto, arremetió
con la postura ilimitada. Lo hizo frente a una formación de uniformados,
en la escuela Vucetich de la Bonaerense, junto a su colega de Seguridad
Ramón Verón, celebrando el Día de la Policía.
“No podemos seguir mirando con tranquilidad ejemplos como los de
Olavarría –dijo Casanovas– y tampoco permitir que mayores,
en conocimiento de esta norma, utilicen a los menores para cometer los
más graves delitos, sabiendo que después todos terminan
en libertad”.
“Lo que está diciendo Casanovas es que no importa si la persona
es responsable de sus actos, sino lo que importa es la condena como venganza”,
consideró Gustavo Palmieri, abogado del Centro de Estudios Legales
y Sociales. “No tiene sentido que el Estado no reconozca como responsables
a los menores de 18 para concederles el derecho de elegir presidente,
pero sí los considera responsables penalmente. La lógica
es la misma que plantea con el 2 por 1. En lugar de resolver el problema
de las cárceles, lo que plantea es una política represiva:
se puede matar al ladrón y al homicida. Lo que está planteando
es una locura, un Estado con poderes de represión ilimitados”.
Para el psiquiatra Rubén Efron, “bajar el límite de
imputabilidad encubre la incapacidad para reflexionar sobre la problemática
de los jóvenes. Lo que hace es abordar el problema a través
de la demonización del adolescente. La propuesta se inscribe en
las concepciones punitivas, que no sólo no solucionan sino que
en general agravan y potencian el problema. Potencialmente, Casanovas
hace extensiva esa peligrosidad a todos los adolescentes y abre la puerta
para que la policía siga matando adolescentes”.
“Es poco serio y oportunista –aseguró la socióloga
Alejandra Vallespir, directora de la Consultoría Para el Abordaje
de la Problemática Penal, de la Universidad de Buenos Aires–.
Siempre se espera una situación tan desgraciada para volver a la
carga con este tema. Se está retrocediendo dos siglos. Si no hay
edad mínima, de qué estamos hablando: ¿mientras puedan
decir ‘mamá’ y puedan controlar esfínteres son
responsables? Todo se maneja como si nadie fuera responsable de las actitudes
de los adolescentes. Es como si los chicos hubieran bajado de un plato
volador. En este tema hay dos problemas de fondo: uno es el social. Los
jóvenes viven en una sociedad conflictiva, que los expulsa y los
construye comopotencialmente peligrosos. El otro problema es el institucional,
van a seguir amontonando chicos como hacen con los adultos en las cárceles”.
“Tiene un manifiesto entusiasmo por un sistema punitivo –sostuvo
Ivonne Copetti, docente de Criminología en la Facultad de Psicología
de la UBA y coordinadora de la Clínica de la Vulnerabilidad–.
Bajar o anular el límite de la imputabilidad es muy peligroso porque
van a tener más chicos encerrados en un caldo de cultivo. Es lo
mismo que la pena de muerte en Estados Unidos, que no bajó los
índices de criminalidad”.
“Durante la dictadura de Onganía un ministro propuso declarar
la ilegalidad de la inflación por decreto –recordó
el juez Luis Niño, del Tribunal Oral 20 en lo Criminal–. Del
mismo modo, 35 años después un ministro propone desconocer
por decreto la inmadurez psíquica y emocional de un adolescente
de 15 años. Esta confianza ingenua en la panacea del derecho penal
sería hilarante en los labios de un ciudadano poco avezado, pero
se torna trágica cuando forma parte de un discurso oficial del
que correspondería esperar racionalidad y mesura en lugar de reacciones
espasmódicas que nada positivo permiten augurar”.
La titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo,
sostuvo que “es hipócrita plantear bajar los límites
de la imputabilidad, porque hay chicos de diez años privados de
libertad. Todos los chicos penados en institutos, están encerrados,
son centros de privación de la libertad. Por eso, la discusión
no es real. Sólo promueve que la gente siga creyendo que cuando
un chico delinque entra por una puerta y sale por la otra”.
El Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Matías
de la Cruz, consideró con dureza las declaraciones de Casanovas.
“En la Procuración tenemos un plan de prevención del
delito que es permanente, no depende de los avatares políticos.
En la política criminológica lo que se plantea no es reprimir
sino prevenir el delito. La sanción es lo último. Lo que
se trata de ver es el origen del problema y no el final. Si tenemos un
incendio, llamamos a los bomberos. Pero si hay incendio todos los días,
lo mejor es analizar por qué se prende tanto el fuego”.
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Cómo es en
otros países
En Francia, la ley afirma la prioridad de la educación
sobre la sanción penal. Son inimputables los menores de 16
años; entre los 13 y los 16, el juez puede definir en un
caso de homicidio una detención provisoria por un máximo
de cuatro meses. Los menores de 13 años no pueden recibir
en ningún caso una sanción penal y está prohibido
que sean detenidos. Aún en caso de homicidio, los menores
de entre 16 y 18 años no pueden permanecer en la cárcel
más de dos años. La ley francesa establece además
la corresponsabilidad paterna en casos de menores reincidentes:
los padres pueden recibir distinto tipo de sanciones, que van hasta
la prisión.
En Gran Bretaña, sacudida en 1993 por el crimen de un niño
de dos años a manos de dos chicos de 10, la inimputabilidad
está fijada en esa edad: tanto en Inglaterra como en Gales,
a partir de esa edad los chicos pueden ser juzgados por una corte
normal. En Irlanda del Norte, baja incluso a 8. Pero el cuestionado
juicio a los dos niños asesinos mereció una condena
por parte de la Corte Europea de Justicia, que consideró
que se habían violado sus derechos humanos, ya que se los
trató como adultos. En Europa los casos con menores son tratados
en cortes de justicia familiar.
Varios de los países que tienen una bajísima edad
mínima para considerar la imputabilidad de un niño
están revirtiendo la situación. Israel la subió
de 9 a 13 y Canadá, de 7 a 12.
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“Otra muestra
de mano dura”
“Los dichos del ministro Casanovas se inscriben en una política
de represión antes que de prevención, que es general
en todos los ámbitos del gobierno provincial.” Así
reflexionó Eduardo Sigal, senador aliancista de la provincia
de Buenos Aires, sobre las consideraciones del titular de la cartera
de Seguridad bonaerense. Sigal es miembro de la Comisión
de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara alta
provincial, y con otros senadores trabaja en la elaboración
de una ley para la protección integral del menor: “La
intención del proyecto es equiparar la legislación
vigente en la provincia con lo que pauta la Convención Internacional
de los Derechos del Niño”. Un proyecto similar analizan
los miembros de la Comisión de Niñez, Adolescencia,
Familia y Mujer de la Cámara de Diputados bonaerense. Mario
Espada, integrante del organismo, señaló a este diario:
“Lo que dijo el ministro es una muestra más del discurso
de mano dura que propone Ruckauf; es evidente que Casanovas descree
del delito en tanto fenómeno social”. El radical coincidió
con Sigal en que “resulta riesgoso querer modificar las leyes,
montándose en casos tan dolorosos y recientes”, y se
plegó a la línea planteada por José Octavio
Bordón, director general de Cultura y Educación: “En
la sociedad nos tenemos que hacer cargo del grado de violencia que
existe, no sólo dentro de las escuelas”.
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