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 Augusto Pinochet zafó
esta semana de ser arrestado y procesado por los crímenes de la
Caravana de la Muerte debido a que el juez Juan Guzmán Tapia no
cumplió con el interrogatorio previo. Los abogados querellantes
apelaron esa decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago ante
la Corte Suprema, que comenzará a analizarla el lunes. Pero más
allá de los “tecnicismos” que impidieron encerrar al
anciano ex dictador en su casa, su responsabilidad en el caso (por el
que fue desaforado en agosto) no fue analizada, lo que deja el camino
abierto para un interrogatorio y eventuales nuevas órdenes de detención
y procesamiento. Entretanto, las pruebas siguen apareciendo. Ayer se encontraron
los restos óseos de tres presuntas víctimas de la Caravana,
que ejecutó a más de 70 opositores políticos en 1973.
Todas presentaban impactos de bala en la cara y el tórax. Paralelamente,
la Justicia procesó a un militar en servicio activo. Los jueces
del máximo tribunal chileno comenzarán el lunes a tratar
la apelación para decidir si ratifican o rechazan la sentencia
del tribunal inferior que anuló el arresto de Pinochet. Esa decisión
fue tomada por la Corte de Apelaciones sobre la base de un recurso de
amparo (hábeas corpus) presentado por los abogados de Pinochet
inmediatamente después de que se conocieran las órdenes
en su contra lanzadas por el juez Guzmán. Según los analistas,
es posible que la Corte Suprema ratifique ese fallo, en tanto la declaración
indagatoria es un paso fijado por ley previo a cualquier procesamiento.
Pero el juez Guzmán replicó que había cumplido con
ese trámite cuando envió un cuestionario a Londres que el
ex dictador devolvió sin responder. Sin embargo, en ese momento
Pinochet aún tenía sus fueros parlamentarios como senador
vitalicio de Chile, por lo que esas preguntas no podrían ser consideradas
como un interrogatorio que habilite un arresto.
La estrategia del equipo legal que defiende al ex dictador apuntaría
a dilatar el proceso judicial con una larga serie de “tecnicismos”
que eviten la cuestión de fondo: si Pinochet es o no responsable
de los crímenes, ya que sobre eso sí existe suficiente evidencia
como para procesarlo. De hecho, los restos de otras tres víctimas
de la dictadura pinochetista hallados ayer son parte del caso por el que
Guzmán intentó arrestarlo. Los restos fueron encontrados
en una fosa común del cementerio de Copiapó, 700 kilómetros
al norte de Santiago. El juez Guzmán viajó inmediatamente
al lugar para examinar las nuevas pruebas que pasarán a engrosar
la principal causa de las 187 que existen contra Pinochet.
Paralelamente, la Justicia dio otro de los pasos tan temidos por la cúpula
militar (que sigue presionando para lograr un acuerdo político
que ponga fin al “desfile” de los militares en los tribunales)
al inculpar a un militar en servicio activo. El juez Milton Juica –uno
de los cinco miembros de la Corte de Apelaciones que desaforó al
ex dictador– procesó ayer al ex fiscal de Carabineros, mayor
Luis Acevedo, como “cómplice” de los asesinatos de 12
miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en
1987 en el marco de la llamada “Operación Albania”. El
operativo corrió por cuenta de la Central de Inteligencia (CNI,
sucesora de la DINA) y tuvo lugar nueve meses después de que el
FPMR lanzara un atentado contra Pinochet en el que murieron cinco de sus
guardaespaldas.
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