Por Irina Hauser

La solución a la situación de los presos por el ataque al cuartel de La Tablada, que llevan 103 días de ayuno, sigue encontrando obstáculos. La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso presentado por el Estado argentino para que se habilite la revisión de las condenas de los detenidos. El Gobierno no quiere renunciar a agotar el camino judicial y presentará hoy un recurso de queja ante la Corte Suprema, que tomaría una resolución el martes próximo. De todas formas, por si el máximo tribunal firma un fallo adverso a los detenidos o si se sigue demorando el trámite en los tribunales, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, sigue estudiando la posibilidad de sacar un decreto de necesidad y urgencia.
La Sala II de Casación argumentó que el Estado no tiene legitimación para actuar y declaró como “inadmisible” el recurso presentado por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, en el que pidió una nueva instancia judicial para los detenidos. Los camaristas Juan Fégoli, Pedro David y Raúl Madueño sostuvieron –a tono con el dictamen del fiscal Raúl Plée– “la persecución penal ha quedado en manos del Ministerio Público Fiscal” y que a través suyo el Estado ya “ha intervenido en este proceso”.
Aunque analizó el fondo, el tribunal de casación fue consecuente con su fallo del 23 de noviembre, en el que desestimó el pedido de los presos para que revisara sus condenas. Esa resolución obligó al Gobierno a asumir un rol más activo en el conflicto. El fracaso de las gestiones para que el Congreso debatiera la reforma de la Ley de Defensa de la Democracia, necesaria para habilitar la nueva instancia, sumado a la prolongación del ayuno, llevaron al Ejecutivo a insistir por la vía judicial.
La postura de Casación perturbó a los funcionarios gubernamentales. “Los camaristas no captaron la operatividad del Pacto de San José de Costa Rica; ignoraron lo esencial”, protestó el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga. “Al no lograrse por el Congreso respuesta a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar la revisión de las condenas hay inconstitucionalidad. Ese silencio debe cubrirlo la Justicia. Insistiremos ante la Corte.”
El recurso de queja que hoy Marcer llevará a la Corte, según anunció el presidente Fernando de la Rúa, sería tratado por los supremos en su último acuerdo del año. Aunque el titular del alto tribunal, Julio Nazareno, ya advirtió que “la Corte tiene que decir que no”, todo indica que una mayoría de ministros votaría a favor de ordenar a Casación que revise la sentencia contra los atacantes de La Tablada, tal como lo hizo en el caso del líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo y su mujer, Ana Sívori.
Ante la posibilidad de que el resultado judicial sea negativo, el titular de Justicia sigue analizando alguna fórmula lo menos controvertida posible para sacar un decreto de necesidad y urgencia que imponga la revisión de las condenas. En el área de Derechos Humanos de la Cancillería, también reina la preocupación sobre todo desde que el lunes llegó una notificación de la CIDH con un ultimátum de diez días para que la Argentina diga qué salida piensa ofrecer al problema, agudizado en tanto empeora la salud de los 13 presos, que siguen internados. La respuesta será dada entre hoy y el lunes. Seguramente el escrito incluya, además de la ratificación de la intención de cumplir con los pactos internacionales, cuestionamientos a la postura de la Justicia local.

CARTA DE LAS JUVENTUDES DE LA ALIANZA POR LOS PRESOS
Los jóvenes reclaman a De la Rúa

Las juventudes políticas de la Alianza y la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) le pedirán al presidente Fernando de la Rúa que “haga pública de inmediato su voluntad de ejercer su facultad de conmutar penas en el caso de los detenidos ayunantes que no han gozado de las garantías del debido proceso si los otros Poderes del Estado no subsanaran este incumplimiento antes de Navidad”. Los jóvenes frepasistas y radicales se reunirán hoy con los organismos defensores de los derechos humanos para comentarles el contenido de la carta que apunta a que el Poder Ejecutivo resuelva de una vez la situación de los presos de La Tablada ante las dilaciones del Parlamento y la Justicia.
Reclaman que “el gobierno argentino respete la Ley, respete los Tratados Internacionales y dé cumplimiento inmediato a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para garantizar la doble instancia judicial. La carta de la juventud le recuerda y le pide al Presidente que “dé inmediato inicio a las acciones que dependen tan sólo de la voluntad y la acción del Poder Ejecutivo, a fin de esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la recuperación de las instalaciones del Regimiento de Infantería Mecanizada Número 3 ‘General Belgrano’, durante el 23 de enero de 1989, que incluyeron, según pudo documentar acabadamente la CIDH, 9 ejecuciones extrajudiciales de prisioneros, 3 desapariciones forzadas y torturas a los atacantes del cuartel sobrevivientes, posteriormente detenidos y procesados”.
Después de marcar la deuda del Congreso y la Justicia y las dudas sobre la celeridad de una decisión en esos ámbitos, el texto remarca que “creemos que el PEN debe declarar públicamente cuál es el plazo (necesariamente brevísimo) que está dispuesto a esperar antes de hacer uso de facultades presidenciales que resuelvan con criterio humanitario la situación de los detenidos”.

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