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Por Victoria Ginzberg
 Con los datos reunidos hasta
ahora a través de los informes de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), los miembros de la Comisión
de Acuerdos del Senado habrían decidido postergar los ascensos
de los tenientes coroneles Virgilio Alberto Moschino, Oscar Alfonso Vaquero
y Hugo Carlos Casela. Si no se conocen nuevos cuestionamientos a los militares
incluidos en la lista enviada por el Ministerio de Defensa, el miércoles
los senadores darán el visto bueno al resto de los pliegos, incluidos
los de cinco carapintadas y un coronel vinculado con la manipulación
de la investigación del asesinato del conscripto Omar Carrasco.
El ministro Ricardo López Murphy volvió a defender a sus
soldados y calificó de “serio, metódico, profundo,
meticuloso y responsable” el trabajo de selección de los oficiales
merecedores de ascender en las Fuerzas Armadas.
Los senadores de la Comisión de Acuerdos recibieron ayer a los
representantes de la APDH Alfredo Bravo, Adolfo Gass y Sergio Di Gioia,
que les plantearon cuestionamientos similares a los que realizó
el miércoles el CELS. Así, reclamaron que no sean promovidos
Vaquero, Moschino y Casela por su participación en la represión
ilegal y Jorge Ramón Cáceres, Luis Alejandro Candia, Daniel
Atilio Oneto, Jorge Raúl Daura y Emilio Daniel Terán por
haber intervenido en el alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987,
encabezada por Aldo Rico. También impugnaron el ascenso del coronel
Daniel Manuel Reimundes, quien monitoreó para el Ejército
la investigación del asesinato del soldado Carrasco.
Los miembros de la APDH expresaron que tenían reparos en presentarse
ante la Comisión, ya que el año pasado sus reclamos fueron
desoídos y en marzo de este año fueron ascendidos seis oficiales
del Ejército y uno de la Marina que estaban seriamente comprometidos
en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Durante la reunión, el senador Augusto Alasino trató de
separar la situación de las personas cuestionadas por su actuación
durante el terrorismo de Estado de los carapintadas. Pero la APDH le recordó
que el alzamiento de Semana Santa fue realizado para garantizar la impunidad
de los crímenes cometidos durante la dictadura.
De todas formas, los miembros de la Comisión legislativa habrían
llegado a un principio de acuerdo para elevar al pleno de la Cámara
los pliegos de todos los militares menos los de Moschino, Vaquero y Casela.
Sin embargo, la situación podría cambiar si hay nuevas revelaciones
en el informe complementario del CELS que los senadores recibirán
la semana que viene.
Sobre las impugnaciones a los carapintadas, los legisladores adoptarían
una posición similar a la que se oyó ayer desde el Edificio
Libertador. “Quienes tuvieron participación activa en el alzamiento
fueron expulsados de la fuerza. Hubo personas a las que se les aplicaron
sólo sanciones disciplinarias porque se consideró que no
habían cometido delitos que pusieran en riesgo el orden constitucional;
y esas sanciones no pueden ser un obstáculo para sus carreras”,
consideraron los uniformados. Los hombres de Ricardo Brinzoni argumentaron
que ninguno de los militares cuestionados por los organismos de derechos
humanos fueron penalizados por intervenir en el alzamiento carapintada.
Sin embargo, deslizaron que Oneto y Daura “pudieron haber participado,
pero tenían un grado menor y estaban bajo la orden de Aldo Rico”.
El ministro de Defensa defendió ayer el discurso que realizó
el martes en el colegio militar, donde arengó a los jóvenes
oficiales para que se defiendan de las “calumnias” que supuestamente
representarían las acusaciones a los militares que cometieron crímenes
aberrantes.
El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas promueven “a los
mejores oficiales” y que la tarea de selección “tiene
la característica de ser extremadamente meticulosa, profunda y
responsable”. Sin embargo, la “extrema responsabilidad”
de la Marina no alcanzó para impedir que sereclame el ascenso de
los torturadores de la ESMA Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón.
Ese trabajo meticuloso tampoco dejó afuera, el año pasado,
a otros seis represores. Entre ellos estaba Eduardo Daniel Cardozo, integrante
del grupo de tareas que operó en San Juan. Una de las víctimas
de Cardozo –y de Jorge Olivera, el mayor que fue detenido en Italia
y luego liberado– fue la joven francesa Marie Anne Erize.
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