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 El juez federal Martín
Silva Garretón dispuso ayer un “no innovar” en las tarifas
de los trenes y los subtes, ordenando dejar sin efecto el último
aumento de 10 centavos en el precio de los pasajes. Hasta última
hora de la tarde, el Ministerio de Economía no había recibido
la notificación correspondiente y, por consiguiente, tampoco había
transmitido la orden a las empresas concesionarias para que corrijan los
valores. Paralelamente, funcionarios, empresarios y el defensor del Pueblo
de la Nación, Eduardo Mondino, discutieron en el despacho de otro
juez, Osvaldo Guglielmino, la justicia de aquel ajuste, dispuesto a cuenta
de los contratos que renegoció el gobierno de la Alianza. Esta
segunda definición sobre el mismo tema resultaría decisiva
para la suerte de esos acuerdos.
Si bien la medida de Silva Garretón involucra a todas las empresas
ferroviarias, efectivamente, la disposición afecta a Trenes de
Buenos Aires y Trenes Metropolitanos. Ferrovías –operadora
del Belgrano Norte– ya tuvo que dejar sin efecto el aumento la semana
pasada a causa de otra medida cautelar, que se tramitó en el juzgado
de María José Sarmiento.
La disposición de Silva se funda en un “amparo sumarísimo”
solicitado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira,
quien reclamó la nulidad de las resoluciones en las que se fundan
los aumentos. La urgencia del reclamo está fundada en el hecho
de que sería imposible identificar luego a los usuarios perjudicados
por el pago de un aumento para resarcirlos, si finalmente la Justicia
resolviera que éste no corresponde. El juez, a su vez, se basó
en el mismo criterio para resolver expeditivamente, con una “precautelar”:
es decir, que ni siquiera se expidió acerca de si corresponde o
no el amparo.
Silva fue un poco más allá y exigió al Ministerio
de Economía que en 48 horas le presente copia de los estudios que
esa repartición se había comprometido a realizar con las
empresas concesionarias en febrero pasado. Entonces, adjudicatarios y
funcionarios convinieron dejar en suspenso los contratos que había
renegociado el gobierno de Carlos Menem y rediscutirlos en base a un trabajo
que no pudo finalizar. El Gobierno tuvo que rescindirle el contrato al
grupo consultor contratado debido a que éste incurrió en
incumplimientos.
Por el carácter sumarísimo, la suspensión no quedará
sin efecto aunque Economía apele, tal como el secretario de Programación
Económica, Miguel Bein, sugirió a este diario que hará
el Gobierno. “Somos respetuosos de la Justicia, y seguramente acataremos.
La apelación correrá por cuenta de la Procuración.
Por ahora, la definición está en manos de Jorge Kogan (secretario
de Transporte) y Ricardo Eilbaum (secretario Legal y Técnico del
Palacio de Hacienda)”, aseguró el colaborador de José
Luis Machinea.
El de ayer es el segundo pronunciamiento de Silva adverso al último
ajuste tarifario, ya que éste juez la semana pasada se expidió
a favor de un amparo contra el aumento en los colectivos. Economía
notificó a las empresas y éstas tuvieron que retrotraer
las tarifas, a raíz de una presentación realizada por el
defensor Eduardo Mondino.
Esta defensoría promovió otro recurso, pero contra los aumentos
en trenes y subtes, que recayó en manos de Guglielmino, quien resolvió
enfrentar el problema con una estrategia totalmente diferente. Ayer reunió
en su juzgado a todas las partes interesadas para conocer los detalles
del tema antes de dictaminar sobre la cautelar. Antes, los protagonistas
desfilaron de a uno por las oficinas de Carlos Pellegrini, empezando por
el propio Machinea.
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El futuro de Kogan
“No hubo renuncia. Lo desmiento.” El vocero presidencial,
Ricardo Ostuni, volvió ayer a negar el alejamiento de Jorge
Kogan de la Secretaría de Transporte. “Está cumpliendo
normalmente con sus tareas”, precisó a su vez Miguel
Bein, secretario de Programación Económica. El polémico
funcionario de Transporte quedó atrapado en un cruce de versiones
sobre su inminente renuncia al cargo. Aunque lo cierto es que Kogan
ya está renunciado y en el Gobierno le están buscando
reemplazante. Mientras tanto, un funcionario del propio oficialismo
criticó con dureza a Kogan por sus dichos de que “los
pobres no viajan”. Fabricio Brunelli, de la Dirección
Nacional de la Juventud, calificó al secretario de “irresponsable”.
“No se puede esperar otra cosa de alguien que formó
parte del proceso de desmantelamiento del Estado”, añadió.
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