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 “No sé hasta cuándo
será posible resistir”, dijo Favaloro. No se trata en este
caso del doctor René Favaloro, que se suicidó el 29 de julio
pasado, sino de su sobrino Roberto, actual presidente de la Fundación
Favaloro, que ayer pro testó amargamente: la Fundación está
“en una situación más difícil que cuando René
vivía”. La mayoría de sus empleados no cobró
todavía los sueldos de noviembre o de octubre, contó y aseguró
que “dependemos de la buena voluntad de los proveedores”. Como
lo había hecho su tío, se quejó de la falta de respuesta
del presidente Fernando de la Rúa a una carta en la que solicitaba
un subsidio. Y dijo que no sabe “hasta cuándo” la entidad
podrá seguir en funciones. La institución espera el pago
de una deuda del PAMI, retenida por cuestiones legales, y sus autoridades
polemizan con las del IOMA, la obra social bonaerense.
“Si desea hacer una donación, marque 1”, ruega en cada
llamada el contestador automático de la Fundación Favaloro.
Ayer su presidente, el cardiocirujano Roberto Favaloro, encabezaba una
conferencia de prensa para anunciar los últimos logros clínicos
de la entidad: el domingo se efectuaron tres trasplantes simultáneos,
dos de corazón y uno de hígado. Pero cuando los periodistas
preguntaron cómo está la Fundación, Favaloro estalló:
“Por ahora seguimos, pero no sabemos hasta cuándo: la situación
es más difícil que cuando René estaba vivo”.
Como lo había hecho el creador del by-pass cardíaco, su
sobrino se quejó del Presidente de la Nación: “Le mandé
cartas al doctor De la Rúa, pero no hubo ninguna respuesta”,
dijo Favaloro, y contó a este diario que en la carta “pedíamos
un subsidio”. Roberto Favaloro agregó que “pienso en
René y en cómo se debía sentir, y por ahí
fue una salida”, en alusión a su suicidio.
El principal deudor de la Fundación es el PAMI, con dos millones
de pesos cuyo pago quedó bloqueado por disposición judicial,
a raíz de investigaciones por irregularidades durante la intervención
de Víctor Alderete. Precisamente en estos días terminó
la auditoría de aquellas prestaciones, cuyo resultado sería
favorable al pago de la deuda.
Sin embargo, para cobrar habría que atravesar una maraña
burocrática: “No se puede cobrar mientras el expediente esté
en el juzgado: ¿por qué el PAMI no le pide al juez una copia
certificada para seguir la tramitación?”, dijo a este diario
Jorge Barrientos, director administrativo de la Fundación, y confió:
“Funcionarios de alto nivel en el Ministerio de Economía nos
dijeron: ‘No dejen estar el tema porque les pueden invocar la Ley
de Emergencia Económica y pagarles con bonos a 16 años’:
terminaríamos cobrando en 2016 por prestaciones de 1996”.
Otro gran deudor sería el IOMA, obra social de los empleados públicos
bonaerenses: “Es nuestro principal cliente y pagan facturaciones
de hasta un millón de pesos por mes. Pero durante todo noviembre
no pagaron un centavo –según Barrientos–. En diciembre
reiniciaron los pagos, pero no hay buenas perspectivas de recuperar ese
millón, que constituye el 22 por ciento de nuestra facturación
total. Además, IOMA nos debe 805.000 pesos por prestaciones anteriores.
Ellos dicen que están esperando calificar para los préstamos
del Banco Mundial”.
El presidente del IOMA, Julio Municoy, respondió para este diario
que “en estos días de diciembre se pagaron 700.000 pesos a
la Fundación Favaloro. Restan 1.700.000, que se pagarán
la semana que viene y corresponden a prestaciones de noviembre. Quiero
destacar que a todas las clínicas de la provincia de Buenos Aires
se les paga a 30 días, o sea que la Fundación Favaloro cobra
un mes adelantado respecto de ellas: el gobernador (Carlos) Ruckauf nos
ordenó tener al día a la fundación”.
El hecho es que “no pudimos pagar los sueldos de noviembre a los
empleados que ganan más de 850 pesos. Hay médicos que no
terminaron de cobrar octubre y otros, setiembre. Los cirujanos y anestesiólogos
que cobran por cada intervención apenas cobraron marzo”, detalló
Barrientos.
Roberto Favaloro reveló que “conseguimos una consultora para
hacer una reestructuración en busca de mayor eficiencia económica.
Las otras opciones son vender la Fundación o dejarla morir, como
murió su fundador”.Y comentó: “Cuando vivía
René, él se encargaba de todo, era como el padre. Somos
más jóvenes y podemos resistir un poco más, pero
uno se pregunta hasta cuándo”.
RECLAMO
DOCENTE EN OLAVARRIA
Marcha por la profesora
Gastón, el alumno de
15 años que apuñaló a su profesora de física,
fue trasladado ayer por la mañana hasta los tribunales de menores
de Azul, donde le realizaron una serie de pericias psiquiátricas
y psicológicas ordenadas por el juez Eduardo Allende, quien en
los próximos días resolverá sobre su situación.
Los docentes de Olavarría, en tanto, cumplirán hoy a partir
de las 20 una marcha de silencio por el centro de la ciudad en reclamo
de justicia. Lejos del escenario de la tragedia, en La Plata, la polémica
por la edad de imputabilidad de los menores siguió recalentándose:
mientras el gobernador Carlos Ruckauf se pronunció a favor de abrir
el debate para estudiar la posibilidad de bajarla, su vice, Felipe Solá,
opinó lo contrario.
Gastón no regresó ayer a Olavarría. El juez Allende
dispuso que continuara detenido en la comisaría de Rauch, una localidad
bonaerense cercana a Azul y ubicada a unos 120 kilómetros de Olavarría,
hasta que decida sobre su futuro: si vuelve con sus padres o queda alojado
en algún instituto de menores de la provincia. Se estima que la
decisión se conocerá la semana próxima. Para resolver,
el magistrado espera tener en su poder las pericias psiquiátricas
y psicológicas, cuyos resultados ayer no trascendieron.
Mientras tanto, en Olavarría, el homicidio de Maritza Prezzolli
movilizó a unos trescientos docentes que, el miércoles,
se reunieron en la Escuela Media Nº 6 para debatir qué pasos
seguir para repudiar el hecho. La votación fue reñida. Finalmente
ganó la moción de reanudar la toma de exámenes compensatorios,
que habían quedado paralizados desde la muerte de la profesora,
pero realizar hoy a las 20 una marcha del silencio desde el Colegio San
Antonio de Padua hasta la plaza central, donde se oficiará una
misa.
El debate en torno de la edad de imputabilidad de los menores enfrentó
una vez más a Ruckauf con Solá. Mientras el gobernador se
mostró partidario de estudiar la posibilidad de bajarla como expresó
su ministro de Justicia, Jorge Casanovas, el vicegobernador bonaerense
dijo no estar de acuerdo. “Una sociedad que pone presos a los adolescentes
es una sociedad que declara no poder resolver ya prácticamente
ni lo más elemental”, cuestionó Solá.
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