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 Por mayoría simple y
en votación dividida, la Legislatura porteña aprobó
ayer la Ley de Juegos, que habilita la instalación de casinos,
aunque prohíbe expresamente que sean privados. En término
generales, la ley tuvo el consenso de todos los partidos, pero alcanzó
tintes de esquizofrenia cuando se avanzó sobre el polémico,
debatido y camaleónico artículo 9, que con el correr del
día se fue modificando, pero en lo sustancial nunca se modificó:
la apertura de casinos porteños queda en manos estatales. En menos
de tres horas el mentado artículo cambió dos veces de texto,
obligó a agregar un artículo más a la ley en plena
sesión, provocó la ruptura del bloque de la Alianza, el
desencuentro y re-reunión del bloque de Encuentro por la Ciudad,
dejó dudas sobre la unicidad de la UCR y dividió al Frepaso
en Frente Grande y socialistas. Por la mañana, el mismo Raúl
Alfonsín había arremetido contra los casinos, comparándolos
con prostíbulos. Aníbal Ibarra respondió que tampoco
los quería.
Además del polémico tema de los casinos, la ley impide la
apertura de nuevos bingos en la ciudad y permite que los actuales pasen
a manos estatales al cesar su concesión. Además, el gobierno
no admitirá concesiones sobre ningún otro tipo de juego
y pasará a explotar todos los juegos de azar y destreza, incluyendo
los hipódromos.
Pero el ojo de la tormenta pasó por el artículo 9: “La
habilitación de cada sala de juego conocida como ‘Casino’
debe ser autorizada por la Legislatura, con el voto de dos tercios del
total de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura”.
Tal era el texto del artículo recién salido del horno de
la Comisión de Economía presidida por Enrique Rodríguez,
de Nueva Dirigencia. “Esta ley no es sobre la creación de
un casino. Simplemente habilita a que se abran en manos del Estado. Lo
que tiene de importante es que es la primera herramienta contra el juego
ilegal, y que permitirá a la ciudad recaudar por una actividad
que se realiza en su jurisdicción pero que está en manos
de Lotería Nacional”, dijo Rodríguez a Página/12.
Esa postura era compartida, hasta media hora antes de iniciarse la sesión,
por el Frente Grande, la mitad cavallista de Encuentro por la Ciudad,
el bloque País, el radical Daniel Bravo y partidos menores. Nueva
Dirigencia, salvo Rodríguez; la UCR, salvo Daniel Bravo; los socialistas
y la izquierda, votaban en contra. “Si hace un año y medio
repudiamos por unanimidad la habilitación ilegal del casino flotante
menemista, ahora no podemos bajar la bandera. La sociedad no soporta más
el descrédito de los políticos”, aseguró el
presidente del bloque radical, Cristian Caram.
“Es un error aprobar la habilitación de casinos. Si fuera
porque aportan plata también habría que legalizar los prostíbulos”,
había dicho temprano Alfonsín. “Ya que está
el casino flotante y mientras la justicia decide sobre esa causa, yo quiero
cobrarle un canon”, sostuvo Ariel Schifrin, presidente del bloque
aliancista que a esa altura ya estaba partido en dos semibloques: radicales
y socialistas por un lado. Frentegrandistas por el otro. “Los juegos
se incrementaron en proporciones geométricas durante el menemismo,
en medio de un modelo de concentración de riqueza y exclusión,
donde pareciera que el juego es la alternativa válida para enriquecerse”,
terció el socialista Roy Cortina.
Pasadas las 19, cuando estaba por comenzar el debate, se propuso un cuarto
intermedio. A esa hora, la crisis de los bloques era tan evidente que
nadie se animaba a dar por hecho un resultado. El cuarto intermedio fue
aprovechado por el dividido bloque de la Alianza para intentar inútilmente
restañar heridas, mientras Rodríguez y Vilma Ibarra (FG)
elaboraban un nuevo artículo 9. La modificación fue formal:
si el original habilitaba la instalación de casinos en manos estatales,
la nueva letra sólo prohibía los casinos privados. Fue suficiente
para volcar a favor del artículo a los belicistas que hasta ese
momento habían puesto el grito en el cielo contra los casinos.
A última hora de anoche, una mayoría simple de legisladores
de bloques partidos, aprobaba en general la primera ley de juegos de la
Ciudad de Buenos Aires. Y aún faltaba la discusión artículo
por artículo.
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Fuego en el Alto Palermo
Un incendio destruyó ayer el tercer piso del shopping Alto
Palermo, donde estaba el centro de juegos Playcenter, y parte del
patio de comidas. El fuego se inició cerca de las 18, al parecer
debido a un cortocircuito en uno de los juegos. La empresa informó
que la evacuación del edificio se produjo en forma “inmediata
y ordenada” por el acceso de la avenida Santa Fe. Diez dotaciones
de bomberos trabajaron para controlar el incendio, junto con miembros
de Defensa Civil. Aunque no se registraron heridos, dos bomberos sufrieron
principio de asfixia y otro fue trasladado al hospital Rivadavia por
un traumatismo en una pierna. |
TRASPASO
A LA CIUDAD DE LAS GANANCIAS POR JUEGO
Blanqueo para el barco ruleta
Por
Alejandra Dandan
El asunto parece
conducido por algún darwinista: en el combate por la ley de juego
sobrevivirá el más fuerte. Por el momento, el casino flotante.
El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se pronunció ayer –en
medio de la polémica por la discusión de la ley de juego–
en contra de la instalación de nuevos casinos. Pero dijo que mientras
exista la ruleta flotante “la ciudad no puede estar ausente de su
producto”. Es decir, reclamó para la ciudad una parte de las
ganancias del barco. Por lo pronto, Ibarra acordó con Lotería
Nacional que hubiera una progresiva entrega de las ganancias del Estado
Nacional al porteño. El convenio deberá ser votado en la
Legislatura. El punto conflictivo es, otra vez, el casino: ese acuerdo
implica una virtual aceptación de su existencia.
Con la nueva ley, todos los nuevos negocios de juego que se abran en la
urbe serán controlados, concesionados o monitoreados por la ciudad.
Pero existe un problema: los viejos. Hasta ahora tanto el casino como
el resto de los juegos que funcionan en la ciudad están controlados
por Lotería Nacional y el traspaso no es inmediato, requiere una
etapa de transición. Para darle forma a ese traspaso, Ibarra hizo
un convenio con Lotería que ahora deberá ser refrendado
en la Legislatura.
El convenio prevé un traslado progresivo de las utilidades que
recibe Lotería por todos los juegos con base en Capital. Con una
vigencia de tres años, plantea que en el primer año Lotería
entregue a la ciudad el 30 por ciento de lo destinado hasta ahora al Ministerio
de Desarrollo Social por la explotación del juego. En el segundo
año, la participación porteña crecería al
40 por ciento y en el tercero, al 50.
Así la Ciudad ganaría sobre las loterías, el Prode,
la quiniela, la Poceada, el Loto, el Cash, la Solidaria y, también,
el casino: todos los que hayan sido instalados o concesionados entre el
‘94 y el 2000. Para los más viejos existe otra regulación.
De acuerdo con una cláusula transitoria de la Constitución
porteña, la Legislatura tiene facultades para revisar y hasta anular
todos los contratos de Lotería que involucren a la ciudad anteriores
al ‘94, o sea, previo a la autonomía.
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