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 A tres semanas de su último
atentado y dos días después de que el gobierno y la oposición
firmaran en Madrid un pacto antiterrorista, ETA volvió a disparar
contra el poder nacional español. El concejal Francisco Cano Consuegra,
del gobernante Partido Popular, murió ayer en la localidad de Tarrasa
(Cataluña) por las heridas que le causó la explosión
de una bomba-lapa que había sido colocada debajo de su camioneta.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que el atentado
fue obra del comando estable que ETA tiene en Barcelona, uno de los pocos
que permanecerían totalmente activos después de los “descabezamientos”
que sufrió la organización separatista vasca a manos del
gobierno nacional. El nuevo mensaje etarra fue reforzado por su frente
electoral, Euskal Herritarrok (EH), que denunció al “llamado
pacto contra el terrorismo como otro paso, más firme si cabe, contra
cualquier solución política al conflicto”.
Cano, de 45 años, murió en un hospital por “un shock
traumático con traumatismo cráneo-encefálico”
causado por la bomba que destruyó completamente su auto. El concejal
había circulado en la camioneta unas tres horas junto a dos de
sus empleados antes de que estallara la bomba. No llevaba escolta policial,
vivía en Viladecavalls, pero trabajaba en Tarrassa (localidad cercana
a Barcelona), era plomero y electricista de profesión y era el
único concejal del PP en la localidad. Tarrassa y Viladecavalls
estarán tres días de luto y ya apagaron las luces callejeras
de Navidad en respuesta al atentado.
El jefe del gobierno español, José María Aznar, no
dudó en tomar a cargo personalmente la condena al nuevo atentado
etarra, tal como viene haciendo desde que convirtió a la cuestión
vasca en uno de los pilares de su gobierno. “Esta nueva demostración
sanguinaria de los terroristas demuestra que no están dispuestos
a cejar en su estrategia de terror, en su estrategia salvaje de imponer
por el asesinato su voluntad a todos los españoles”, declaró
durante una conferencia de prensa junto a su par búlgaro, Ivan
Kostov, de visita en Madrid. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el
gobierno autónomo del País Vasco, agregó que “ETA
mata en nombre de un pueblo que la desprecia”. Por su parte, la Conferencia
Episcopal Española emitió un comunicado en reacción
al nuevo atentando, calificándolo de “vil y execrable”.
“El terrorismo —agrega— es la mayor de las negaciones de
la justicia y de la caridad. Es una gravísima inmoralidad y no
admite cobertura ideológica alguna.”
Cano es el quinto concejal popular asesinado por ETA este año,
llevando a 22 el total de víctimas desde que el grupo rompiera
unilateralmente la tregua armada casi un año atrás y desatara
una de las ofensivas más sangrientas de los últimos años.
El crimen de ayer, sin embargo, tuvo un doble peso a la luz de las reacciones
que generó el pacto de Estado contra el terrorismo firmado el martes
por los secretarios generales de los dos principales partidos políticos
nacionales, el gobernante PP y el opositor Partido Socialista (PSOE).
El documento supone una lucha conjunta contra ETA y establece que “toda
divergencia política existente entre los vascos puede y debe situarse
en el marco institucional vigente” (la Constitución española
de 1978 y el estatuto de autonomía del País Vasco de 1979).
Además excluye deliberadamente a los partidos nacionalistas vascos,
a quienes Madrid exige una ruptura clara con la organización armada.
Después de que los partidos “marginados” condenaran el
martes el acuerdo por “excluyente” y “electoralista”,
Euskal Herritarrok (EH) tejió ayer el hilo que une al pacto antiterrorista
con el asesinato de Cano. “Todas las muertes nos parecen lamentables.
Todas merecen la misma consideración”, reconoció. Pero
aclaró que son consecuencia de “la grave realidad de un conflicto
político irresuelto por la nula voluntad del gobierno español
para afrontarlo”. Este es “un pacto de Estado escrito y pensado
en clave de guerra, que cierra todas las puertas al respeto de los derechos
civiles y políticos que le corresponden al pueblo vasco”.
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El atentado etarra
de ayer volvió a tener como víctima a un concejal
del gobernante Partido Popular, máximo referente del poder
nacional combatido por ETA a través de las armas.