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 El juez federal Gustavo Literas
tiene en sus manos la investigación de una denuncia por irregularidades
en una licitación del Ministerio de Salud en la que fue beneficiada
la empresa constructora que preside Basilio Benito Pertiné Urien,
uno de los hermanos de la primera dama, Inés Pertiné Urien.
La presentación fue hecha la semana pasada por la Oficina Anticorrupción
(OA) y es la primera vez que esta repartición involucra a la familia
del presidente Fernando de la Rúa. “Todo es parte de una maniobra”,
dijo ayer el mandatario. “No hay nada que le pueda ser atribuido
al señor Pertiné. Eso es todo lo que les puedo decir”,
remató.
Como parte del Programa de Reformas del Sector Salud (PRESSAL) –que
se encarga de la reconstrucción o refacción de hospitales
públicos–, se llamó a licitación a comienzos
de 1999 para la renovación del hospital Diego Paroissien, de la
localidad de Maipú, en Mendoza. El Programa, que está subsidiado
en parte por el Banco Mundial, informó a esa entidad que disponía
de 4.200.000 pesos para la licitación. La obra fue adjudicada a
la empresa Riva-Econem, que había pedido 4.222.222 pesos. A un
mes de la asunción de Fernando de la Rúa, el director de
la Unidad Ejecutora Central del PRESSAL, Francisco Ibáñez,
anuló esa licitación. A la empresa Madeddu, que seguía
en el orden de prioridades por haber ofrecido el segundo precio más
barato, le puso como condición contestar en un día si podía
acortar los tiempos de construcción de 15 a 12 meses. A fin de
enero se terminó adjudicando la obra a la firma del cuñado
del Presidente, San José Sociedad Anónima, que había
pedido 5.889.464,46 pesos.
El hermano mayor de la esposa del presidente –ex almirante en la
Armada y ex secretario de Isaac Anaya, miembro de la segunda junta militar
de la dictadura– comenzó la obra en abril de este año.
Inmediatamente solicitó algunos curiosos privilegios: extender
el plazo de construcción de 15 a 18 meses y hacerse cargo del remiendo
de un desnivel hallado tardíamente en el terreno, un favor que
costaría 397.764,33 pesos.
Todas las maniobras tuvieron testigos. Uno de ellos fue Juan Pablo Quaglia,
cuya consultora Quaglia y Asociados había ganado la licitación
de la dirección de obra. Este arquitecto puso en conocimiento del
Ministerio de Salud varias anormalidades, empezando porque Juan Carlos
Giménez, de la Gerencia de Adquisiciones del PRESSAL, le habría
pedido al momento de la licitación una coima para un supuesto funcionario
del Banco Mundial. El programa televisivo “Día D” transmitió
la grabación del supuesto diálogo sobre el soborno. El arquitecto
también cuestionó el pedido de mayor plazo por parte de
la constructora San José y, en relación con los desniveles
del terreno, recordó que los pliegos lo obligaban a revisarlo con
anticipación. Conclusión: el contrato de Quaglia fue rescindido.
Sin sospechar las consecuencias, el propio ministro de Salud, Héctor
Lombardo, denunció el tema ante la OA, que inició una pesquisa.
El director de Investigaciones, Manuel Garrido, denunció ante la
Justicia Federal que “los hechos se enmarcan” en el delito de
fraude al Estado, que tiene una pena máxima de 6 años de
cárcel. El escrito de la OA señala: “que el coordinador
Ibáñez gestionó de manera irregular un cambio de
las condiciones contractuales (...), posibilitando con ello que la Constructora
San José, que había quedado relegada a una tercera colocación,
se beneficiara con la adjudicación”. También alude
a las “incidencias” señaladas por Quaglia una vez iniciada
la obra. Dice que el contrato de Quaglia fue anulado “de manera cuestionable”.
Por lo pronto, el fiscal Eduardo Taiano ya requirió que se dé
curso a la investigación penal.
De la Rúa no dudó en defender a su pariente. “No me
voy a prestar a ser parte de maniobras que se producen en mi ausencia”,
dijo al llegar de la cumbre del Mercosur celebrada en Florianópolis.
Aseguró que no hay nada que atribuir a su cuñado y les echó
la culpa a las gestiones pasadas: son “licitaciones del gobierno
anterior, resueltas por organismos autónomos”, se desentendió.
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