Los usuarios de subtes y trenes
urbanos comenzaron ayer a gozar del beneficio que les reportó la
medida precautelar dispuesta el jueves por el juez Martín Silva
Garretón, quien ordenó suspender el aumento de 10 centavos.
Pero esa ventaja provisoria podría tener más posibilidades
de sostenerse el martes próximo, cuando tanto este magistrado como
su colega, Osvaldo Guglielmino, prevén dar el siguiente paso en
las causas que tienen entre manos: el primero decidirá si da cabida
a la cautelar o no solicitada por la defensora del Pueblo de la Ciudad,
Alicia Oliveira, mientras que el segundo hará lo propio, pero en
base a la presentación que realizó el ombudsman nacional,
Eduardo Mondino.
Economía transmitió a las empresas la orden de Silva Garretón
a última hora del jueves y desde el primer momento de ayer las
empresas retrotrajeron los precios de los boletos 10 o 5 centavos, según
los casos. La suerte es más incierta para quienes compraron abonos,
ya que mientras en algunas empresas se comprometían a otorgar un
vale por la diferencia entre el precio pagado con aumento y la tarifa
sin ajuste, otras aseguraban que no era posible otorgar tal prerrogativa,
ya que la medida judicial es provisoria.
La decisión del juez fue adoptada en el marco de un recurso sumarísimo
planteado por la defensora que, por su carácter urgente, forzó
a dictar una precautelar, medida que no admite apelación. Ahora,
el magistrado debe resolver si concede o no el amparo solicitado por Oliveira
y sólo semanas después se pronunciará acerca de la
cuestión de fondo: si el controvertido aumento de tarifas corresponde
o no.
No es serio que yo diga me voy a sentar a estudiar esto quince años
y, mientras tanto, paguen lo que sea, explicó ayer el juez
en declaraciones radiales, justificando la premura de su decisión.
Guglielmino, quien debe resolver sobre la cautelar interpuesta por Mondino,
optó por el camino menos expeditivo de citar a las partes interesadas
para informarse con el mayor nivel de detalle posible sobre el tema antes
de resolver nada.
Pero a semejanza de su colega, Guglielmino también prevé
expedirse el martes sobre la cautelar, con lo cual ese día dos
magistrados podrían dejar en firme la suspensión del aumento
tarifario, al menos hasta resolver definitivamente sobre si corresponde
o no aplicarlo. Este juez se refugió en Lobos el fin de semana
para leer la profusa documentación reunida durante los últimos
días. Silva planea hacer lo mismo, pero para completar su análisis
intimó a Economía a que le gire información adicional,
que el Palacio de Hacienda no estaría en condiciones de proveerle.
En rigor, el tema no es absolutamente nuevo ni para uno ni para el otro.
Ambos tuvieron oportunidad de analizar los acuerdos que había celebrado
con las empresas el gobierno anterior, pero antes de pronunciarse definitivamente,
el cambio de gestión dejó trunca su labor. La administración
de la Alianza suspendió esos convenios y comenzó a renegociar
de nuevo sobre las mismas bases utilizadas por sus antecesores: más
tarifas y prórroga en la concesión a cambio de más
inversiones.
Las adjudicatarias de ferrocarriles urbanos ayer intentaron explicar públicamente
el objetivo del ajuste que les autorizó el Gobierno, para cubrir
parte del plan de inversiones original y parte del programa de obras que
surgió de la renegociación contractual que encaró
el Gobierno.
A través de su vocero, Trenes Metropolitanos aclaró que
desde el año 1990 hasta ahora sólo hubo un incremento
del 14 por ciento autorizado en 1997 y que el frenado de 10 centavos
tiene como objetivo excluyente financiar no ya nuevas obras sino las contenidas
en el plan básico, que debían ser cubiertas con la subvención
del Estado. TBA, en tanto, dejó en claro cuál es el rol
y el límite de responsabilidad de los concesionarios: Somos
gerentes de los ferrocarriles, no los dueños, precisó
su portavoz.
La situación de Metrovías es diferente, ya que los 10 centavos
de aumentos no son a cuenta de un contrato que se pretende firmar sino
uno que ya renegociaron en forma conjunta la administración de
Carlos Menem yla de De la Rúa, cuando éste era jefe de Gobierno
de la Ciudad. En función de ese nuevo contrato en ejecución,
la operadora de los subtes estaría habilitada a llevar el cospel
a 70 centavos.
Peligrosa ignorancia
Las declaraciones de (Jorge) Kogan no sólo fueron
desafortunadas y despectivas, sino que muestran una peligrosa ignorancia
de cuál es la situación social del país,
sentenció ayer Carlos Chacho Alvarez, al sumarse
a quienes cuestionan al secretario de Transporte por haber dicho
-en un reportaje en Página/12 que el aumento de tarifas
de colectivos no afecta a los más pobres porque éstos
directamente no viajan. El líder del Frepaso fue categórico
en su rechazo a las expresiones de Kogan, pero optó por la
cautela al señalar que una eventual renuncia del funcionario
es una decisión que deben tomar las autoridades.
Más directa fue la diputada frepasista Graciela Ocaña,
quien recordó que un grupo de legisladores presentó
un proyecto de resolución para solicitar la renuncia
de un funcionario que le hace mucho mal a la Alianza y al presidente
Fernando de la Rúa. Lo citamos para que venga
el próximo martes a la Comisión de Defensa del Consumidor.
Le diremos qué es lo que pensamos de lo que ha hecho y qué
resolución se debe tomar, agregó.
Como si las críticas que ha recibido hasta ahora no alcanzaran,
la jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Susana Córdoba,
le presentó a Kogan un pedido de informes por su actuación
en la fijación de los aumentos. Le ordenó que informe
en 48 horas cómo se instrumentó la comunicación
a las empresas de colectivos la suspensión de las subas de
tarifas. Asimismo, le requirió que explique cómo está
reglamentada la obligación de convocar a audiencia pública
antes de resolver un aumento.
Finalmente, otro que volvió a la carga contra el cuestionado
secretario de Transporte fue el diputado socialista Héctor
Polino. Sostuvo que Kogan tomó una decisión política
apresurada y sin fundamentos al dictar la
suba de tarifas.
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CURSO
DE FORMACION PARA DIRIGENTES DE EMPRESAS
Herramientas para la organización
Por primera vez, la Fundación
OSDE (dependiente de la obra social homónima) y la Universidad
Nacional de San Martín (Unsam) pondrán en marcha una diplomatura
en liderazgo y gestión de empresas. Los cursos, que se iniciarán
a mediados de abril, estarán dirigidos a aquellos empresarios que
no están graduados en universidades y jóvenes que intentan
ingresar al mercado laboral.
José María Fanelli será el coordinador general de
la diplomatura. Además participarán como profesores Roberto
Bouzas, Ricardo Sidicaro, Carlos Altschul y Santiago Kovadloff, entre
otros, especialistas en diversas materias (Economía, Sociología,
Filosofía, Administración de empresas). Los cursos estarán
orientados al análisis teórico y práctico de los
problemas que afrontan las empresas (de organización, económicos,
sociales, políticos y culturales). Según los organizadores,
la intención es plantear enfoques distintos de los tradicionales,
dándole espacio gravitante a la cuestión humana y ética
en el manejo de las compañías.
La diplomatura está dividida en tres módulos trimestrales,
y a cada uno de ellos se le dedicará diez clases. El módulo
uno será La anatomía de la globalización;
el dos: Sociedad nacional: cambio y complejidad; y el número
tres: La empresa ante los nuevos desafíos. A diferencia
del estilo tradicional, donde el abordaje de los temas empresarios viene
dado por el planteo de casos prácticos, que luego pueden quedar
desfasados de la realidad, en estos cursos se dará cabida a la
teoría política y a la económica. Se trabajará
en forma multidisciplinaria sobre temas específicos, enfocados
para entenderlos cabalmente, explicaron los organizadores.
Los cursos se iniciarán el próximo 17 de abril, y la expectativa
de los organizadores es que la diplomatura aporte las herramientas y la
formación analítica necesarias para afianzar en el
cursante la capacidad de contextualizar y analizar los problemas específicos
que precise resolver, al planear estrategias organizacionales y tomar
decisiones.
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