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 El “operativo blindaje”
ingresó en su etapa final. José Luis Machinea hará
el anuncio pasado mañana a las 15.00 en el Palacio de Hacienda.
No obstante, en el último tramo antes de que se conozcan los detalles
del socorro aparecieron algunas piedras en el camino. Ayer, el Fondo Monetario
debió salir a aclarar que la Argentina puede utilizar “de
inmediato” los 2000 millones de dólares que le corresponden
por haber cumplido con los objetivos pactados con el organismo. La aseveración
se debió a que un artículo publicado en el influyente diario
inglés Financial Times mencionaba que la Argentina tendría
dificultades para acceder a los fondos porque se había desviado
de las metas pautadas con el FMI.
“Argentina ha cumplido las metas”, aseguró el vocero
del Fondo, Francisco Baker. De esta manera, el funcionario despejó
cualquier duda sobre la implementación del blindaje, cuyos detalles
se darán a conocer pasado mañana desde Economía y
en Washington. “Hubo un malentendido respecto de la contabilidad
que ya quedó resuelto”, tranquilizó Daniel Marx, secretario
de Finanzas, acerca de la publicación del diario londinense. Los
2000 millones de dólares que el FMI ya puso a disposición
de Machinea forman parte del auxilio financiero, que en total superaría
los 30.000 millones. El hecho de que el ministro pueda pasar por ventanilla
a cobrarlo se debe a que esos 2000 millones están establecidos
en el acuerdo stand by firmado a principios de año con el FMI por
un monto global de 7400 millones.
Según ese acuerdo, vigente por tres años, la Argentina puede
reclamar en efectivo la parte proporcional según vaya cumpliendo
con las metas fiscales. Hasta ahora, Machinea prefirió no tocar
ese dinero para que esa acción no se convierta en una señal
de debilidad para los financistas. Sin embargo, el ministro ya adelantó
que antes de fin de año, una vez cerrado el trato por el blindaje,
tomará ese crédito para evitar endeudarse en el mercado
voluntario a tasas elevadas.
Tal como se lo había propuesto Economía, el blindaje se
anunciará antes de la llegada de Papá Noel. No obstante,
la aprobación formal por parte del directorio del FMI tardará
unos días más, probablemente hasta el 5 de enero, en la
primera reunión del año. Igualmente, la intención
del Palacio de Hacienda es que en el anuncio del lunes participe la plana
mayor del organismo internacional.
La negociación del blindaje se abrió cuando hace un mes
se disparó el costo que los inversores le reclamaban a Economía
para refinanciar la deuda y se expandieron los rumores sobre una inminente
cesación de pagos de la deuda. Con la apertura de las negociaciones,
Machinea logró anclar la suba que hasta entonces mostraba el riesgo-país.
Había acertado en el efecto buscado. El blindaje no es otra cosa
que un verdadero salvataje a los acreedores de la Argentina. Con los compromisos
tomados por los organismos internacionales, los bancos y las AFJP de poner
a disposición del país casi 30.000 millones de dólares,
los tenedores de títulos de deuda argentinos no tendrían
motivo para alarmarse. La apuesta del Gobierno es que esa certeza habilite
una fuerte baja de las tasas de interés y, a partir de allí,
se recupere la economía. De alguna manera, la vocación del
oficialismo pasa por recrear el círculo virtuoso que Machinea buscó,
sin éxito, durante el primer año del gobierno de la Alianza.
Ayer, durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Florianópolis,
Fernando de la Rúa aprovechó para tranquilizar a los socios
comerciales. “El blindaje no sólo favorecerá a la Argentina
sino que además fortalecerá al Mercosur”, dijo. Justamente,
el principal temor de los brasileños es que una caída de
la economía argentina haga añicos la sensible recuperación
que muestra su economía, dos años después de la devaluación
del real.
Pese al empeño puesto de manifiesto por el equipo económico
en dar por hecho el blindaje, en la city parecieron estar mirando otro
canal. Si bien se despejaron las turbulencias, el riesgo-país se
mantiene en torno de los 750 a 800 puntos básicos, lo que implica
una sobretasa de 7,5 a 8 puntosporcentuales. Y el mercado accionario continúa
débil. Afectado por el derrape en Wall Street (el Dow Jones cayó
2,3 por ciento y el Nasdaq, el 2,8), el índice de acciones líderes
MerVal cedió 1,1 por ciento. A su vez, la tasa del call siguió
en niveles elevados, 15 por ciento anual en pesos.
EL
ARTICULO POR LOS SALARIOS DE LOS ESTATALES
Vetar o no vetar divide al Gobierno
Por Cledis Candelaresi
“Es una mala señal
para los inversores”, argumentó días atrás el
secretario de Hacienda, Mario Vicens, en relación al controvertido
artículo 18 del Presupuesto, que Economía sugiere vetar.
Pero las filas oficiales no están cerradas en torno a este párrafo
de la ley, que deja cierto resquicio para que algunos empleados públicos
puedan recuperar siquiera algo del recorte que sufrieron sus salarios
a mediados de año. Jefatura de Gabinete, cuya opinión en
el tema tiene gran peso relativo, respalda con ese añadido del
Senado.
Podría decirse que, en su empeño por demostrar que no piensa
abrir el grifo ni un milímetro, el equipo de José Luis Machinea
resulta más papista que el Papa. El propio Vicens admitió
que aplicar el artículo 18 no significa ningún aumento en
el gasto público. Simplemente, teme que la sola promesa de ajustar
–aunque en ciertas y precisas condiciones– los sueldos públicos
sea mal interpretada por quienes resuelven si compran o no bonos argentinos
atentos a su situación fiscal.
Jefatura, por su parte, no hace más que defender una atribución
de las tantas que le confiere el Presupuesto. Según el artículo
en cuestión, cada jurisdicción pública que consiga
ahorrar fondos gracias a su mayor eficiencia podrá emplear estos
recursos para recomponer salarios de su personal, empezando por los más
bajos. Pero esta asignación queda supeditada al arbitrio de Chrystian
Colombo, y en ningún caso significa que todos los agentes estatales
recuperarán entre el 12 y el 15 por ciento que les fue rebanado,
para que el Tesoro ahorre 600 millones anuales.
El artículo 18 no es otra cosa que una versión remozada
y mucho más escueta del 58, que el Poder Ejecutivo había
incluido en el texto original del proyecto de Presupuesto. Este último
facultaba al Gobierno a realizar la reforma del Estado, amparado en la
flexibilidad funcional de los empleados públicos. Pero como esta
atribución fue interpretada como un cheque en blanco para reducir
el plantel, la resistencia de opositores y oficialistas lo borró
del texto.
La frustrada diputada aliancista Beatriz Nofal no consiguió explicar
en el recinto que, producto de arduas negociaciones, el oficialismo propondría
dos añadidos tranquilizadores. Uno, que daba expresa garantía
de estabilidad a los agentes estatales. Otro, que instrumentaba un régimen
de estímulos idéntico al que postula el discutido artículo
18, agregado en el Senado, con el respaldo del justicialismo y de la Alianza.
Finalmente, Fernando de la Rúa parece comulgar con la posición
de Colombo. Ayer, Nofal advirtió desde Florianópolis, donde
se realiza la Cumbre del Mercosur, que el Presidente podría no
vetarlo.
DICTAMEN
FAVORABLE EN EL SENADO
El plan de obras se acerca
El Plan Federal de Infraestructura
tuvo ayer dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Senado. Cumplido ese trámite, el proyecto quedó a un
paso de ser convertido en ley la próxima semana, en la última
de las sesiones extraordinarias. Los legisladores del justicialismo introdujeron
algunos cambios de orden técnico a la iniciativa, aunque uno de
ellos tiene fuerte implicancia política, pues refuerza la participación
de las provincias en la administración de los fondos y de las obras
a ejecutarse, en detrimento del Poder Ejecutivo Nacional.
El dictamen estableció que serán tres representantes de
las provincias y tres delegados del Gobierno quienes controlarán
la marcha del programa. Además, los candidatos presentados por
cada parte deberán tener acuerdo del Senado. En la versión
oficial, este último punto no figuraba, y el órgano de conducción
estaba integrado por entre tres y seis miembros, todos designados por
el Poder Ejecutivo, y un solo representante de los distritos del interior.
Otra modificación dispuso que el Fondo Fiduciario creado para solventar
el plan “deberá (antes decía “podrá”)
invertir sus recursos en títulos públicos y/o en depósitos
a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales”.
De ese modo, las entidades oficiales serán beneficiarias de los
depósitos que genere el Fondo Fiduciario, negocio del cual ya no
podrán participar los bancos privados.
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