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Por Alejandra Dandan
y Andrés Osojnik
 La remanida ley de juegos porteña
ha despabilado a las fieras. La sanción que dividió en la
Legislatura a los bloques políticos más importantes provocó
a lo largo del día acaloradas discusiones hasta en el Ejecutivo
porteño. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aclaró
a Página/12 que, aunque la ley lo permita, en la ciudad no hay
proyectos para abrir casinos, pero reconoció que tampoco podrá
cerrar la ruleta flotante, como se lo exige un artículo de la nueva
ley. “Eso está en manos de la Justicia. Lo que sí queremos
es que, mientras esté aquí instalado, tribute a la ciudad
lo que corresponde”, aseguró. Precisamente, el traspaso del
juego de Nación al ámbito porteño implica un paquete
que se encuentra en plena negociación y que será el que
defina cuándo y cómo la ciudad va a empezar a recibir el
dinero que le corresponde por el juego porteño.
Ibarra se esforzó en aclarar que la ley de juego no fue sólo
pensada sobre los eventuales casinos. “Acá se pierde de vista
que la ley se refiere al manejo de todo el juego en la ciudad, que es
el Estado el que explota a partir de ahora el juego –indicó–.
En Buenos Aires hay juego, no se inventa a partir de esta ley. Pero la
ciudad, que pone el mercado, no recibe nada por eso.”
El jefe de Gobierno se encargó de aclarar que pese a que la ley
lo habilita no hay “ningún proyecto, ni lo hubo”, en
torno a un casino nuevo en la ciudad. El tema dividió a la Alianza
en la Legislatura, pero Ibarra minimizó la discusión: “Una
ley que lo prohibiera podría ser reemplazada en el futuro por otra
ley que lo habilitara. Lo importante es que se establecieron cláusulas
de doble lectura y los dos tercios para aprobarlo”.
En la Legislatura, mientras los radicales pedían la prohibición
completa de las ruletas, sus socios frepasistas bregaban por aceptarlas
pero explotadas por el Estado. Finalmente, ésa fue la postura ganadora
y ahora el artículo nueve de la ley dispone que la ciudad podrá
tener casinos, aunque nunca privados. En ese contexto y para ganar consenso
y manos en alto de los belizistas a la hora de votar, el Frepaso aceptó
el agregado de la cláusula que le ordena al Ejecutivo porteño
“realizar todas las acciones para lograr el cierre del casino que
funciona en el puerto”.
“Eso fue una definición política. Pero el futuro del
casino –dijo Ibarra ayer a este diario– está en manos
de la Justicia y del Gobierno nacional.”
–Pero la ley lo obliga a tomar medidas. ¿Qué va a hacer
en concreto?
–Vamos a pasarle el tema a la Procuración. Dependemos del
juicio, pero sí vamos a establecer un mecanismo para que la ciudad,
que pone el mercado, reciba los tributos correspondientes.
–¿Se propone el gobierno porteño tomar en sus manos
al casino flotante?
–No.
El único tema judicial pendiente sobre el barco es el jurisdiccional,
que está paralizado en la Corte Suprema. Lotería Nacional
mantiene en su poder un durísimo informe sobre el proceso de licitación
y concesión a los españoles de Cirsa, donde recomienda no
sólo el cierre como posibilidad, sino la intervención de
la ruleta flotante. Ese informe hecho por la nueva conducción de
Lotería deja claro que el Estado ni siquiera debería asumir
los costos de un juicio porque las medidas estarían plenamente
justificadas.
Más allá del barco ruleta, el gobierno porteño aspira
a recaudar a través de todo el juego, tal como dispone la flamante
ley. Pero existirá un tiempo de transición para que la ciudad
controle su juego. Ese traspaso tomará forma a través de
un convenio que cuenta ya con un borrador proyectado por el Ejecutivo.
Allí y después de un acuerdo con Lotería, Ibarra
reclama estructurar el traspaso en un plazo de tres años prorrogables
por otros tres. Durante el primer año, Lotería debería
entregar a las arcas porteñas el 30 por ciento de lo destinado
al Ministerio de Desarrollo Social. En el segundo año, 40 por ciento,
y el 50 en el tercero. En números, las cifras podrían rondar
entre los 25 y 35 millones de pesos al año. Ese acuerdo debe ser
consensuado tanto por la Legislatura porteña como por el gobierno
nacional. Entre los juegos de los que Ibarra espera recibir una parte
está, por supuesto, el casino de Cirsa. “Sería sospechoso
que renunciáramos a cobrarlo mientras el barco esta en actividad”,
insiste Ariel Schifrin, del Frepaso. Sin embargo, otra vez habrá
problemas con sus socios radicales: “No se debe recibir recursos
-dijo Cristian Caram a Página/12–. Sobre todo después
de la cláusula aprobada con la ley no se puede aceptar el dinero
de una actividad que consideramos ilegal”. Aunque se trate del 40
por ciento del total del ingreso por juego que puede tener la ciudad.
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