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Por Cecilia Sosa
 “En cinco años
de carrera sólo ves teoría. Te podés saber todos
los códigos de memoria, pero acá tenés que aprender
a los golpes”, dice Sebastián Villasante, a punto de graduarse
en Abogacía en la UBA. El es uno de los tres mil alumnos que, cada
año, brindan asesoría jurídica gratuita a más
de 16 mil personas, como parte de la materia obligatoria Práctica
profesional. La asesoría de la Facultad de Derecho funciona en
el último piso de Tribunales, donde la gran mayoría de los
estudiantes toma, por primera vez, contacto con clientes de verdad. “Este
sistema es único y cumple una doble función: la docente
y la social. A la vez que los estudiantes aprenden su oficio y se preparan
para el mercado de trabajo, devuelven a la sociedad su formación
en la universidad pública prestando servicios a quienes no pueden
afrontarlos”, asegura María Cristina Klein, subdirectora del
Centro de Formación Profesional.
Aunque el centro abre sus puertas a las 8, ya desde las 5 hay gente haciendo
cola. La pequeña sala de espera está desbordada. En las
diez aulas, los estudiantes trabajan bajo la supervisión de un
abogado y docente regular de la facultad y de dos ayudantes elegidos por
concurso. Ahora, sobre una mesa repleta de papeles se apoya una mujer
desolada. “Fue estafada –explica la jefa de la comisión–.
Le hicieron firmar una hipoteca por 18 mil pesos y sólo le dieron
diez mil. Hasta el escribano estaba implicado”, dice. “Cada
vez que voy, salgo llorando”, sólo atina a decir la mujer.
“Vamos a iniciar juicio”, dicen los alumnos.
Cuando un caso llega y es aceptado, es derivado a las comisiones de derecho
civil-comercial, laboral, penal, familiar y administrativo, o del niño,
según corresponda. “Cada una funciona como si fueran pequeños
estudios jurídicos: los consultantes son los clientes; el jefe
de comisión, el abogado principal y los estudiantes, los abogados
junior”, cuenta Mauricio Obarrio, subdirector del Departamento de
Práctica profesional de la facultad. “Los estudiantes trabajan
el caso hasta el final. Llevan los juicios, inician las demandas, van
a las audiencias, apelan sentencias, van a la cámara y hasta la
Corte. Todo, claro, supervisado por los profesores, que indican las tácticas
a seguir en cada caso y ponen la firma.”
Durante todo un año –de febrero a diciembre o de julio hasta
la feria del año siguiente–, los estudiantes deben concurrir
a Tribunales tres veces por semana, dos horas cada vez. “Habría
que hacer algo así desde 2º año”, dice Sebastián
Villasante. “Acá te das cuenta de que ser abogado no es sólo
saber leyes, sino que también incluye todo un rol social que en
la facultad no lo ves”, cuenta Natalia Pozze, de 23 años,
que desde marzo trabaja en la asesoría. “La mayoría
de la gente llega en situaciones límite, gravísimas. Y una
tiene que enfrentarse a eso. Tenés que aprender de tus propios
errores y aprender a tratar con el cliente. Eso no se estudia en la facultad”,
alcanza a decir Victoria Santangelo, de 24 años, antes de recibir
un abrazo por un fallo favorable a su caso.
Aunque el centro recibe consultas por desalojos, reclamos administrativos,
lesiones y hasta homicidios, prevalecen los casos de familia. “Muchos
padres se ‘olvidan’ de pasar la cuota alimentaria”, dice
Klein. “El caso que más me impresionó fue el de un
padre que abusaba sexualmente de su hijo. La madre hizo la denuncia”,
cuenta una estudiante alta y rubia que, para “proteger a su cliente”,
prefiere no decir su nombre. Para los casos extremos, el centro cuenta
con un equipo de servicio social que funciona en la misma dependencia.
Allí, trabajan psicólogos, asistentes y trabajadores sociales,
entre ellos, estudiantes de la UBA que también realizan su práctica
profesional.
Todos los miércoles las puertas de la consultoría se cierran
y los alumnos vuelven a la facultad para recibir una clase teórica.
“Es un día de reflexión, para que los estudiantes revisen
los casos, consulten dudas y verifiquen doctrinas y jurisprudencia –dice
Valeria Quiroga, a cargo dela administración–. Es que, a veces,
la vorágine del día a día nos obliga a hacer las
cosas a las apuradas. Y eso desvirtúa la formación. Es tanta
la cantidad de gente que recibimos que no damos abasto.”
Para recibir asistencia gratuita, los clientes deben acreditar domicilio
en Buenos Aires y demostrar que no cuentan con recursos para pagar una
consulta privada. “En los últimos años, el perfil del
público cambió totalmente. Antes sólo recibíamos
gente sin nivel de instrucción ni recursos. Hoy cada vez son más
los profesionales desempleados”, cuenta Klein. “A veces –sigue–,
los alumnos y profesores juntan moneditas para que la persona pueda venir
la vez siguiente. Pero también tuvimos que rechazar a uno que quería
tramitar la sucesión de una mansión.”
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