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 Quien presidió el desaparecido
Banco de Crédito Provincial (BCP), Francisco Javier Trusso, y fue
asesor financiero del Vaticano, fugado a Brasil en octubre de 1997 y detenido
allí por Interpol en agosto de 1999, se escapó anteanoche
con llamativa facilidad de su encierro. Alojado en la Casa de Custodia
de la Policía Federal brasileña en San Pablo, logró
el viernes que el guardia penitenciario José Jonevil Paraizo lo
trasladara sin ninguna medida de seguridad al hospital de la Santa Casa
de Misericordia para ser atendido de una presunta dolencia gástrica.
Como ocurre frecuentemente también en la Argentina, el preso se
escabulló del hospital, mientras Paraizo quedaba detenido por haber
facilitado su fuga, como mínimo por negligencia. El mismo día
había trascendido que Trusso aceptaba ser extraditado a la Argentina
para someterse a la Justicia, que le imputa los delitos de “asociación
ilícita y estafa” por la escandalosa caída del BCP,
que finalmente damnificó en unos 70 millones de pesos a 30 mil
ahorristas. La agencia DyN señaló que “fuentes cercanas”
a Trusso habían proporcionado la información. La causa,
que lleva la jueza platense María Inés Garmendia, incluye
a dos hermanos del prófugo, Juan Miguel y Pablo, que permanecen
en libertad, y otros implicados en el hundimiento de esa entidad financiera
de estrechos lazos eclesiásticos y militares. Los tres hermanos
son hijos de Francisco Trusso, quien fue embajador argentino ante el Vaticano
durante el gobierno de Carlos Menem. La extradición de Francisco
Javier había sido aprobada el 19 de octubre pasado por el Supremo
Tribunal Federal de Brasil. Pero ahora lo están buscando.
Entre los imputados en la causa por la caída del BCP estuvo el
vicario general del Obispado de Avellaneda, monseñor Jorge Toledo,
quien fue secretario del fallecido arzobispo de Buenos Aires Antonio Quarracino.
Las investigaciones de la jueza detectaron que los Trusso habrían
malversado fondos por casi 200 millones de pesos. Desde que se produjo
su detención en 1999 en un lujoso piso de San Pablo, Trusso se
mantuvo en rebeldía a la Justicia platense, a diferencia del ex
vicepresidente del BCP, Renato Dalle Nogare, detenido en marzo de este
año en España, quien fue extraditado a la Argentina. A la
causa por el BCP radicada en La Plata se había sumado otra en la
Capital Federal, por lo que Trusso había contratado a un importante
bufete de abogados brasileños para evitar la extradición.
Luego de la venta de los activos y pasivos privilegiados, el BCP fue adquirido
por el Mercobank, que quedó constituido por fuertes ahorristas
del ex BCP, personas físicas y grandes empresas. Como presidente
del directorio fue designado Horacio Liendo (h), ex secretario Legal del
Ministerio de Economía durante la gestión de Domingo Cavallo.
Tanto Francisco Trusso como su hijo Francisco Javier mantenían
una estrecha relación con el arzobispo Antonio Quarracino. A éste
y a su pareja de secretarios –el religioso y el laico–, Roberto
Toledo y Norberto Silva, respectivamente, el BCP les pagaba, por ejemplo,
los abultados saldos de sus tarjetas de crédito. Entre otras devoluciones
de favores, Quarracino y Toledo llevaron al Vaticano, para una audiencia
con el Papa, con los gastos pagos por los Trusso, a los principales dirigentes
de la Sociedad Militar Seguro de Vida, recia institución financiera
formada por retirados. Luego de ese viaje, la Sociedad realizó
un depósito en el BCP y le otorgó un préstamo por
un total de casi $ 25 millones. Aquel fue el comienzo de una terrible
querella entre los Trusso y Quarracino, cuya relación de amistad
e intereses había fluido armoniosamente hasta ese episodio.
A mediados de junio de 1997, los Trusso necesitaban fondos frescos para
mejorar la ya deteriorada situación patrimonial del banco. Y recurrieron
a los buenos oficios del arzobispado para conseguir dinero de manos de
aquellos viejos hombres de armas. La operación tuvo los siguientes
pasos. La Sociedad Militar le prestó 10 millones al Arzobispado
de Buenos Aires, a seis meses. El BCP ofició de avalista de ese
mutuo, que llevabala firma, como deudor, del mismísimo Quarracino
–rúbrica certificada por la entidad financiera, que el prelado
sostuvo sin embargo que era falsa–. Por otro contrato paralelo y
secreto, el Arzobispado le prestaba esos mismos fondos a los Trusso. De
esta manera, cuando éstos cayeron en insolvencia, Quarracino les
quedó debiendo todo el dinero a los financistas castrenses, sintiéndose
usado y estafado por los Trusso. El clérigo sólo atinó
a seguir desconociendo su firma. Finalmente, cuando el vaciamiento del
BCP llegó a los tribunales, el caso tuvo el toque adicional de
menemismo que le faltaba: al arzobispo lo defendía Roberto Dromi,
mientras que los Trusso se hicieron patrocinar por Jorge Anzorreguy, hermano
de Hugo, jefe entonces de la SIDE.
No sólo el Arzobispado operaba profusamente con el BCP. También
otras entidades vinculadas a la Iglesia lo hacían, como Cáritas
y la Universidad Austral. Pero cuando los inspectores del Banco Central
comenzaron a revisar las registraciones del banco platense, descubrieron
21 mil créditos fraguados por $ 64 millones. Ello condujo a la
intervención de la entidad y al hallazgo de otras operaciones de
vaciamiento, como otros préstamos ficticios por unos 20 millones,
realizados a través de Carta Credencial, una tarjeta que controlaban
los Trusso. También unos $ 80 millones de depósitos de ahorristas
habían sido girados a una compañía off-shore.
Francisco Trusso, el jefe del clan, ostentaba muchos laureles: era amigo
del general Guillermo Suárez Mason desde que fueran condiscípulos
en el colegio La Salle, miembro como él de la logia fascista Propaganda
Due (P2) y director de la filial argentina del Banco Ambrosiano (de Roberto
Calvi, vinculado al Vaticano), cuya quiebra dejó al descubierto
un desfalco de más de mil millones de dólares.
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